Alcohol cero al volante

Los jóvenes de 15 a 35 años son las principales víctimas viales y el alcohol es uno de los principales factores, presente en uno de cada cuatro siniestros de tránsito, según datos del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La Organización Panamericana de la Salud (OPS) menciona que el consumo de alcohol al volante, incluso en cantidades menores, aumenta las probabilidades de protagonizar un incidente vial, dado que altera los sentidos que impactan en las habilidades de manejo de forma significativa.

La ONG Luchemos por la Vida señala que la presencia del alcohol embota, altera la percepción y disminuye la capacidad de atención, a la vez que ralentiza los tiempos de reacción y afecta la visión.

En abril pasado, la ANSV, el Ministerio de Salud de la Nación y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) presentaron de manera conjunta un proyecto de ley para implementar el alcohol cero al volante en todo el país. La ley de tránsito hoy acepta hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para conductores de vehículos particulares; 0,2 para los de motos, y cero para principiantes y profesionales. De aprobarse la nueva iniciativa se prohibirá a todos los conductores circular con cualquier concentración de alcohol en sangre superior a cero.

Hay otras opiniones que deberían ser tenidas en cuenta al momento de tratar el proyecto. El titular del Observatorio Vial Latinoamericano, Fabián Pons, define la tolerancia cero como una “aberración técnica” inaplicable en función de la calibración de alcoholímetros cuyo margen de error puede dar falsos positivos. Mencionó que, por eso, Suecia, el país más desarrollado del mundo en seguridad vial, tiene 0,2 gramos de límite de alcohol en sangre. Con 0,2 o 0,3 gramos no se puede especular, no hay errores de medición, afirmó. Cabe también distinguir entre la exigencia de “alcohol cero” al conducir respecto de “alcoholemia cero” en los controles.

Aprobar un artículo de tolerancia cero puede ser un mero trámite sin mayores efectos. Salta y Córdoba ya lo hicieron, pero allí la siniestralidad aumentó, confirmando que es una medida inocua. En Mendoza, la tasa de accidentes bajó no porque se modificara el límite de 0,5 g/l, sino porque se aumentó el control y se endurecieron las penas.

Pons insiste en la necesidad de poner el énfasis en la educación, la concientización y la imposición de fuertes sanciones a quienes conduzcan habiendo ingerido alcohol. Cita como antecedente el ejemplo de Chile que, desde 2014, cuenta con una ley que sanciona con cárcel efectiva de entre uno y diez años a quienes, manejando en estado de ebriedad, generen lesiones graves, gravísimas o la muerte. Solo así, el país trasandino logró disminuir la cantidad de muertes en accidentes viales.

Como ciudadanos, no valoramos la seguridad como debiéramos. De hecho, los controles nos molestan mucho y preferimos seguir hablando de “fatalidades”. Tanto que ninguna plataforma política contempla políticas de seguridad vial.

Es de esperar que los legisladores, al tratar el proyecto presentado, recojan la experiencia internacional en la materia y hagan expresa mención a la necesidad de implementar, dentro de un plan integral, políticas permanentes de educación y concientización sobre los peligros que conlleva la ingesta de alcohol cuando se conduce, imponiendo fuertes sanciones para quienes violen la norma. Sobran pruebas sobre los fatales efectos del alcohol al volante como para seguir demorando las acciones que pueden evitar inútiles, dolorosas y, en muchos casos, irreparables pérdidas.