Aires populistas en la reforma impositiva
LA NACION
El oficialismo pretende ahora limitar el impuesto a las ganancias, pero sin ajustar el mínimo no imponible en función de la inflación pasada
La implantación del llamado impuesto a la riquezase apoyó en un criterio intencionalmente redistribucionista: quitarles a los ricos para darles a los pobres. La realidad a la que conduce tal fundamento es que se extrae capital de quienes lo han construido para aplicarlo a gasto público improductivo. Pero su presentación se apoyó en recursos claramente populistas.
Esta filosofía vuelve a emerger en la proyectada reforma del impuesto a las ganancias presentado por el diputado Sergio Massa. En este caso, no se trata de un nuevo tributo ni tampoco del aumento de un gravamen ya existente. Es una disminución, y si se la analizara solo desde ese ángulo tendría una justificación. Pero lo objetable aparece en la forma en que se diseña el cambio y en la modalidad elegida para compensar la pérdida de recaudación. La sombra de un Robin Hood de utilería surge nuevamente.
El impuesto a las ganancias no debería alcanzar a asalariados y jubilados que no estén en los niveles más elevados. Para ello, en el cálculo del monto imponible se aceptan deducciones por cargas de familia y especiales, y además se establece un mínimo no imponible. La inflación debería, asimismo, ser tenida en cuenta para ajustar periódicamente ese mínimo.Sin embargo, no se lo hizo, se retrasó su actualización y ocurrió lo que fue ahora advertido: personas de bajos ingresos comenzaron a tener que pagar el impuesto a las ganancias.
Para la ideología predominante en el gobierno nacional, gravar más a las empresas suena como una reivindicación justiciera, sin mirar el daño que se hace a la inversión y la creación de empleos
La forma correcta de subsanar esta situación es ajustar el mínimo no imponible en función de la inflación pasada. Si las alícuotas se mantienen, se aplican a montos corrientes que crecen con el aumento del nivel de precios y la recaudación no se deterioraría en términos reales. El proyecto de reforma del diputado Massa no lo hace así. Por el contrario, incorpora una deducción especial en el monto imponible de manera que el impuesto a pagar resulte cero para salarios mensuales brutos de hasta 150.000 pesos. Este monto se actualizará anualmente de acuerdo con la evolución del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Los salarios que quedan por arriba mantienen las escalas y alícuotas actuales.
Se produce así una discontinuidad, y una diferencia de un peso en el ingreso puede determinar un salto en la escala y que un trabajador esté o no alcanzado por el impuesto. De esta manera, un aumento de sueldo podría resultar en una disminución del ingreso de bolsillo. Pero el legislador podrá exponer de una forma más comprensible aunque engañosa, que se perjudica más a los que tienen más.
El otro aspecto robinhoodiano se ve en la forma elegida para compensar la merma de recaudación. Se dejará de cumplir con la reducción del 30% al 25% de la tasa de Ganancias para empresas, que ya se había sancionado durante el gobierno de Mauricio Macri. La ley 27.541 ya había prorrogado la reducción por un año. Ahora se intentará una nueva prórroga para recaudar la que se pierda con la reforma. Para la ideología predominante en el gobierno nacional, gravar más a las empresas, suena como una reivindicación justiciera, sin mirar el daño que se hace a la inversión y la creación de empleo. Se desconoce que la Argentina es el país con impuestos más elevados sobre sus empresas, solo superado por las Islas Comoros.
Una medida de reducción de impuestos en momentos en que hay un déficit primario cercano al 8% del PBI financiado con emisión requeriría reducir gasto público. No proponerlo y ni siquiera mencionar esta necesidad confirma el manejo político de la medida. También debe señalarse el olvido que hubo de los monotributistas. Aunque se prevé subsanar esta omisión, el hecho existió y refuerza el sesgo populista que atribuimos a este proyecto.
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