Aerolíneas, un costo más de la herencia kirchnerista

El gobierno argentino no logró que su solicitud de anulación modifique el fallo adverso del Ciadi relacionado con la reestatización de Aerolíneas Argentinas. La sentencia obliga al Estado a pagar 320,7 millones de dólares, más costas, por no haber respetado cláusulas contractuales durante la operación y la expropiación de las acciones de la empresa aérea, en 2008. El Ciadi es un órgano del Banco Mundial aceptado por las partes como tribunal arbitral en los acuerdos suscriptos en la privatización. Esta consecuencia gravosa es debida a abusos regulatorios e impericias legales durante la gestión kirchnerista. Forma parte de la pesada herencia recibida por el gobierno de Mauricio Macri, a la que deben sumarse otras denuncias ante aquel organismo, como las promovidas por las ex-AFJP Orígenes y Metropolitan Life por la estatización del sistema de jubilación privada, dispuesta durante el primer gobierno de Cristina Kirchner.

La compañía aérea había sido licitada sin pasivos financieros a fin de que resultara más atractiva. A pesar de eso solo se obtuvo una oferta. Se vendió en 500 millones de dólares el 85% del capital, mientras que el 10% quedó para el personal y el 5% fue retenido por el Estado. Previamente, el Gobierno había absorbido las deudas de la compañía por alrededor de 1000 millones de dólares. Lamentablemente, la ausencia de pasivos, que se pretendía que fuera una ventaja en la venta y el desarrollo de la empresa, fue aprovechada por el comprador para construir un financiamiento de la adquisición. Los aviones fueron vendidos para ser alquilados por la misma empresa. En la jerga de las finanzas se dice que la compra se "apalancó", lo que podría ser criticable desde el punto de vista de la solidez del adquirente, pero no estaba impedido legal ni contractualmente. Inicialmente, el control accionario fue de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Española, mientras que la operación era responsabilidad de Iberia.

Las tarifas aéreas fueron controladas por el gobierno argentino y las pérdidas operativas aumentaron, impulsando el endeudamiento. Se sucedieron múltiples conflictos gremiales, algunos con razones entendibles y muchos otros con trasfondo político o ideológico. En junio de 2001, Aerolíneas Argentinas suspendió los pagos de su deuda. La salida fue la venta de la sociedad, que fue adquirida por Air Comet-Marsans, un grupo también español con algo de experiencia en transporte aerocomercial, aliado con el empresario Antonio Mata. Luego de conseguir mejorar el nivel real de las tarifas, obtuvieron utilidades en 2002 y 2003.

En 2008, el gobierno de Cristina Kirchner decidió la expropiación de la línea aérea. Si bien debe reconocerse que el manejo de Aerolíneas no había sido satisfactorio, del lado oficial se habían incumplido obligaciones que perjudicaron la ecuación económica de la empresa. La expropiación no fue prolija. El Gobierno tomó primero la posesión de la empresa y posteriormente envió al Congreso el proyecto para declararla de interés público. Sancionada la ley por amplia mayoría, el Ministerio de Planificación fue el ejecutor.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación concluyó que el valor neto de la sociedad era negativo en unos 832 millones de dólares. Los accionistas expropiados aspiraban a un precio de 600 millones de dólares. No hubo acuerdo y se recurrió al arbitraje. Los demandantes vendieron sus derechos a un fondo con experiencia en litigar sobre derechos de cobro.

En su fallo, de más de 500 páginas, el Ciadi afirma que el gobierno argentino incumplió el artículo 4º del Tratado, al no haber otorgado a la empresa un trato justo y equitativo de sus inversiones. Además, esgrimió la violación del Tratado de Protección de Inversiones. La defensa argentina y el pedido de anulación se basaron en quitar validez al procedimiento de arbitraje, alegando que el Ciadi se extralimitó en sus atribuciones.

Como puede observarse en toda esta historia, el caso de Aerolíneas Argentinas no fue un buen ejemplo dentro del importante y necesario proceso de privatizaciones encarado durante el gobierno de Carlos Menem. Pero más lamentable es el final de esta historia. Por desmanejos regulatorios y desprolijidades evitables, todos los argentinos deberemos solventar el pago de una importante suma que podría destinarse a fines provechosos o a reducir la altísima carga impositiva. Y este no es el único caso heredado de reclamos originados en la ineptitud o en la corrupción. No es casual que el riesgo país aumente ante las amenazantes perspectivas electorales de quienes fueron los responsables de aquellos hechos.