A 16 años de un escándalo sin condenas

Dentro de pocos días, más precisamente el 4 de agosto, se cumplirán 16 años del vuelo que desató uno de los mayores escándalos hemisféricos de este siglo. Hablamos del caso Antonini, conocido como el “maletagate” en Venezuela y el “suitcase scandal” en Estados Unidos. Comenzó como un incidente aduanero, pero terminó exponiendo cómo funcionó la “diplomacia paralela” durante el kirchnerismo al urdir negocios con Venezuela y cómo el régimen de Hugo Chávez montó una petrodiplomacia de escala global.

Arrancó como una infracción aduanera protagonizada por el entonces funcionario Claudio Uberti, cuyo rol formal era de contralor de las concesiones viales, pero que en los hechos era el embajador paralelo ante Caracas, como lo expuso y padeció el embajador de carrera Eduardo Sadous, un buen diplomático de carrera que sufrió represalias por cumplir con su deber.

Uberti terminó fuera del gobierno de Néstor Kirchner, quien en público se despegó, aunque a puertas cerradas buscó darle cobijo a través de una constructora. Pero tras la muerte del santacruceño, el “señor de los peajes”, como lo habían apodado los empresarios, quedó a la intemperie. Y luego del estallido de la causa cuadernos confesó que era uno de los recaudadores de las coimas durante el kirchnerismo.

Uberti confesó en la causa cuadernos, no en el caso Antonini. Por eso debió sentarse en el banquillo de los acusados en el juicio oral que se tramita desde marzo en el fuero penal económico, junto a su entonces jefe en el Ministerio de Planificación Federal, Julio De Vido, y el entonces titular de la Dirección General de Aduanas, Ricardo Echegaray, entre otros.

El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 deberá determinar si existen pruebas suficientes para condenar a Uberti, De Vido, Echegaray y los demás acusados. No debemos soslayar que han transcurrido 16 años. Demasiado tiempo, si lo comparamos con la prontitud con que la Justicia de Estados Unidos condenó a cuatro acusados de intentar acallar a Guido Alejandro Antonini Wilson en el estado de Florida. Los detuvo a fines de 2007; un año después estaban condenados.

Claro que podríamos verlo desde el prisma opuesto. El inexistente Poder Judicial de Venezuela jamás investigó lo ocurrido, ni tampoco colaboró con sus contrapartes de la Argentina y Estados Unidos, que chocaron con el silencio o el rechazo cada vez que requirieron información.

Más allá de lo que resuelvan los integrantes del tribunal oral, queda claro, ya, que el entramado de negocios entre gobiernos era mucho más amplio y oscuro que el contenido de un solo maletín con 790.500 dólares. Las sospechas rondaron alrededor de las exportaciones de maquinaria agrícola, de arroz y otros alimentos o de productos farmacéuticos y de tecnología. Así es como, por solo dar un ejemplo, el juez Marcelo Aguinsky procesó al “clan Levy” por sus negocios y presuntos negociados con el régimen bolivariano.

Al margen del juicio oral quedaron otros protagonistas de la “diplomacia paralela”, como José María “Vasco” Olazagasti, el otrora secretario privado de De Vido que terminó siendo el eslabón clave de los negocios argentinos en Venezuela y también en Ecuador. Y que, por esas vueltas de la vida, compartió aviones a Caracas con De Vido y el “clan Levy”, entre tres y seis veces, según expuso la unidad antilavado local (UIF). Sospechosas coincidencias.

Así, aunque celebramos la tramitación del juicio oral, también debemos remarcar que lo ocurrido refleja cómo se mueve y actúa el Poder Judicial muchas veces cuando lidia con un expediente sensible. Pasó por las manos de varios jueces, registró idas y venidas, apelaciones de todo tipo y demoras injustificables que hubieran terminado con el cierre del expediente de no ser por la destacable labor de la fiscal María Luz Rivas Diez y su equipo.

Reconocer el esfuerzo, la dedicación, la templanza y la dignidad de hombres y mujeres como el fallecido embajador Sadous y la fiscal Rivas Diez –ya retirada– no nos impide remarcar las graves falencias que exhibe el Poder Judicial argentino cuando debe investigar. Han pasado 16 años desde que aterrizó el vuelo de “Presidencia Argentina”. Dieciséis años de impunidad.

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