Guerra de motos: la pelea entre Zanella y Motomel por la venta de la empresa

La fabricante de motos Zanella lanzó ayer un comunicado en el que "hace directamente responsable" a Motomel y a sus directivos de llevar a cabo acciones ilegítimas contra los activos de la empresa y poner en riesgo así la continuidad laboral de los trabajadores y de la compañía.

"En relación con las ilegítimas acciones que Motomel (La Emilia S.A) ha desplegado recientemente respecto de la disposición de ciertos activos de nuestra compañía; Zanella Hnos y Cía S. A. C. I. F. I hace saber a su personal, red de distribuidores, clientes, proveedores y al público en general que en el día de la fecha ha intimado a Motomel (La Emilia S.A.) y sus directores", consignó la empresa.

Motomel había acusado ante el juzgado Civil Nº 4 de San Luisa a Zanella el 16 de diciembre pasado por "irregularidades" en la venta de la empresa, ya que, según los directivos, habían ofrecido ante el juzgado Civil de San Luis, un monto que "duplica" el propuesto por el oferente que había sido aceptado en principio.

La decisión de vender la marca fue tomada el 27 de diciembre pasado en Asamblea General Extraordinaria de la compañía pero, según informó Zanella, las denuncias por parte de Motomel afectaron las operaciones que se vieron así interrumpidas.

"Entendemos que la intención de Motomel no es comprar la marca sino entorpecer la venta porque jamás presentó una oferta en concreto", sostuvo en diálogo con LA NACION Cecilia Fraire, directora y vicepresidente de Zanella.

En este sentido afirmó que si el propósito de Motomel era hacer una propuesta de compra, la tuvo que haber hecho por el canal que corresponde y no a través de la denuncia directa a un juez.

Con respecto al beneficio que podría obtener La Emilia S.A, propietaria de Motomel, por esta denuncia, Fraire dijo que "ellos pretenden que la empresa quiebre para tratar de comprarla y además, es la manera de entorpecer el hecho de que a Zanella la tenga otro".

Por todo esto, en Zanella señalaron que se vieron "entorpecidos" proyectos de la empresa, la relación con algunos clientes y proveedores e incluso la tranquilidad de los operarios y empleados de poder cobrar sus salarios de manera normal a raíz de la exposición pública que significó la denuncia en su contra.

"La gente empieza a tener desconfianza de la continuidad de la empresa y confunde esto con una quiebra, cosa que no existe", dijo Fraire. Y aseveró que únicamente tienen una cuota que le deben al concurso y que "pagaron todas" las anteriores.

"Creemos que la mejor manera de explicar lo que sucede es con una comunicación oficial, para que se pueda conocer la verdad, que la gente sepa lo que realmente pasó, ya que Zanella está trabajando dentro de la ley", sostuvo y agregó que tomarán medidas legales, penales y económicas contra Motomel por todo que hicieron, que según Zanella, "no es correcto".

"En algún momento se sabrá la verdad. Eso es lo que estamos buscando, nada más. Que nos dejen seguir adelante con todo lo que habíamos proyectado y que a nuestra gente la dejen trabajar", concluyó Fraire.

Ezequiel Segal, abogado de Motomel dijo a LA NACION que la empresa hizo más de una oferta de compra por las marcas de Zanella, pero la última supera en más del doble a la de otro comprador presentada en el expediente y por la que se pidió autorización judicial. Y, en contraposición a las declaraciones del acusante, afirma que las propuestas si fueron presentadas directamente a Zanella y que además "se ratificaron ante el juzgado interviniente".

"Desconocemos la situación en que se encuentra Zanella concretamente, pero si fueran ciertos los trascendidos públicos, resultaría llamativo que Zanella rechazara una oferta tan superior", dijo Segal y agregó: "Si Zanella quisiera proteger sus intereses debería comunicarse con cualquier posible comprador y vender sus activos al mejor oferente, como indican las leyes vigentes y por sobre todo el sentido común".

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