YPF y Chevron: las razones de un acuerdo
La Argentina ofrece actualmente un marco regulatorio incierto y ambivalente en materia petrolera. En él convive la ley 17.319, de corte liberal, sancionada en 1969 y regulada por una serie de decretos de 1989, con la ley 26.741 sobre la que se edificó la expropiación del 51% de las acciones de YPF, con su decreto 1277 de 2012, por el que se dicta la caducidad de los decretos de desregulación de la industria y libre disponibilidad de divisas que dieron sustento a las reformas estructurales del gobierno de Menem.
A este marco se suma el más reciente decreto 929, que es una suerte de híbrido entre la ley menemista y la cristinista, y que le da algún plafón a la firma Chevron para decidir una inversión que resulta insólita, no sólo por este contexto ambivalente (por no decir esquizofrénico) en la regulación del sector, sino en un contexto macroeconómico que más que impulsar expulsa nueva inversión externa genuina, como lo evidenció el caso de la firma Vale do Rio Doce, enfrentada como tantas a la imposibilidad de girar dividendos o adquirir divisas en un mercado manejado cada vez con mayor discrecionalidad.
Desde una visión aperturista e integrada a los mercados, se puede interpretar que el decreto 929 avanza lentamente en la dirección correcta, y de una manera implícita reconoce errores groseros de política energética, una asignatura que el país sigue sin aprobar. No sólo por la falta de una hoja de ruta con un Norte claro, en lo que a política energética se refiere, sino porque ni siquiera existen estadísticas actualizadas y confiables del sector.
En este contexto, ¿por qué invierte Chevron en la Argentina? Podemos arriesgar tres razones. Primero, Chevron opera una de las áreas más productivas del país, Huantraico, casualmente descubierta e incorporada en los 90, con mucho mejor desempeño de lo que lo ha hecho la firma americana tras la compra de la empresa nacional Petrolera San Jorge, en 2000.
Así las cosas, Chevron cuenta con un flujo de caja anual que no puede traducir a dólar ni transferir a su casa matriz, dada la restricción impuesta por el cepo cambiario. Es decir, que no tiene otro remedio que inmovilizar su excedente de explotación en el país.
Una segunda razón podría ser el hecho que Chevron enfrenta una demanda internacional de parte del gobierno de Rafael Correa que la Argentina rechazó en la Justicia, lo que sentó jurisprudencia en contra de una acción regional que confisque activos estratégicos para la compañía. Como es sabido, el quid pro quo es una fórmula que se maneja con frecuencia en el mundo de los negocios. Más aún en el petrolero.
Finalmente, se suele afirmar que Chevron es una firma con experiencia en la explotación de recursos no convencionales, lo cual no es del todo cierto. De hecho esta firma, heredera de una de las firmas fundadas por Rockefeller, la Standard Oil, no llegó a tiempo a la revolución del shale en su país de origen. El haber perdido ese tren posiblemente le despertó el apetito por posicionarse en segundo lugar como reserva mundial de reservas no convencionales.
La crítica manifiesta en todo el arco político, incluidos propios y ajenos, es por la falta de transparencia de este acuerdo privado. Ciertamente, un llamado a licitación, si bien recomendable, implica que exista más de una voluntad de inversión. Difícilmente exista otra firma en el sector petrolero que reúna las tres razones que encontró Chevron en esta Argentina pendular.
El hermetismo informativo entonces tiene que ver con el propio clima enrarecido de negocios por cuanto YPF mantiene un litigio con Repsol que puede afectar los futuros beneficios de Chevron.
La no divulgación de la letra chica puede justificarse en la necesidad de que alguien aparezca con ánimo de desembolsar en el país. No obstante, para que los destellos de racionalidad no se pierdan en la maroma de inconsistencias, el país y Repsol necesitan volver a la mesa de negociación, reorientando la política energética y económica para hacer viable éste y otros acuerdos.
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