YPF. Fallan en contra de la Argentina y se deberá negociar la indemnización

En un duro revés para la Argentina –pero esperado–, la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, heredera de los casos del fallecido Thomas Griesa, determinó que el juicio multimillonario por la estatización de YPF se mantendrá en los Estados Unidos, pese al pedido de los abogados del país, que aspiraban a trasladar la controversia a los tribunales locales.

La próxima reunión entre las partes será el 19 de junio. Ese día se definirá cómo sigue adelante la demanda por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en 2012. El Estado, como principal accionista, en caso de perder el juicio, deberá hacer frente a la indemnización, que podría costar al menos US$3000 millones, según cálculos de dos fuentes al tanto del caso.

La jueza se pronunció luego de que tres cortes estadounidense –incluida la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema– fallaran en contra de dirimir el juicio en jurisdicción argentina, como quería el país para alejar la amenaza de la millonaria demanda del fondo Burford Capital, que adquirió el derecho de litigar contra la Argentina a las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, luego de que se declararan en quiebra, en España. Por esta transacción, hay también una demanda en paralelo en los tribunales españoles, que podría afectar el juicio en Nueva York.

Con la sentencia firme de la jueza Preska acerca de la jurisdicción del caso, el juicio por la estatización de YPF, que comenzó con la demanda impulsada por Burford Capital en 2015, comienza formalmente. El fondo acusa al país de no haber cumplido con el estatuto de la empresa al momento de expropiar el 51% de las acciones, ya que, basado en ese reglamento, se debería haber hecho una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas por el mismo precio.

El 25% de esas acciones las tenía en su momento las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que habían adquirido la participación a través de un crédito de Repsol y de préstamo sindicado que tenía como garantía el reparto de utilidades de las acciones.

Al producirse la expropiación, las empresas entraron en quiebra en España, y acusaron que no podían pagar sus compromisos, ya que se había derrumbado el precio de las acciones y el nuevo mayorista accionario, el Estado argentino, había prohibido el reparto de utilidades. Fue entonces cuando Burford compró el derecho a demandar al país por 15 millones de euros más el 30% de la indemnización que se obtenga por el resultado del juicio. La familia Eskenazi podría cobrar una parte, si queda un remanente luego de pagarle la deuda a todos los acreedores de las sociedades Petersen.

La representación argentina está en manos de los estudios en Nueva York Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, que fue contratado durante el gobierno de Mauricio Macri, y de Sullivan & Cromwell, que sumó el nuevo Procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Este buffete, a su vez, ya había sido contratado por el gobierno de Mauricio Macri para llevar la defensa del juicio por el pago del cupón atado al PBI. En representación de YPF sigue el estudio Cravath, Swaine & Moore.

En paralelo al juicio impulsado por Burford se encuentra la demanda de Eton Park, iniciada en 2017. Se trata de un fondo que tenía acciones de YPF al momento de ser estatizada y reclama también que no se haya realizado una oferta al resto de los accionistas. La jueza Preska, sin embargo, señaló que se trata de un caso casi idéntico, por lo que se espera un trato similar.

En su defensa, en un primer momento, los abogados de la Argentina explicaron que la expropiación del 51% de las acciones fue un acto soberano, no comercial, y que estuvo avalada por una ley local, que está por encima de cualquier estatuto empresarial. Este recurso, sin embargo, fue desestimado por la jueza porque indicó que una vez expropiadas las acciones, el Estado, como accionista principal, estaba obligado a llamar a la oferta pública, y eso –dijo– es un acto comercial.

La Argentina, luego, intentó, a través del planteo de forum non conveniens, solicitar que el juicio se lleve adelante en los tribunales locales, que la jueza Preska rechazó hoy. Ahí, la representación de YPF y del país fundamentaba que era más práctico que el proceso se lleve adelante en Buenos Aires, ya que los testigos y los expertos legales que tenían que explicar el acto era argentinos, los hechos ocurrieron en la Argentina y toda la documentación estaba en español.

Luego de conocerse el fallo, hoy YPF envió una notificación a la Comisión Nacional de Valores (CNV), en la cual indicó que, ante el rechazo del planteo de forum non conveniens, "la Sociedad se encuentra analizando la mencionada resolución e interpondrá todos los recursos legales necesarios para defender sus intereses de acuerdo con el procedimiento legal aplicable". LANACION intentó comunicarse con la Procuración del Tesoro, pero no obtuvo respuesta.

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