¿Y si probamos desactivar la “bomba” en lugar de esperar que explote?

La inflación es uno de los principales motivos de angustia de los argentinos, pero la agenda política hoy parece concentrada en la deuda pública. Oficialismo y oposición debaten sobre su volumen, sostenibilidad, responsables y quién debe asumir las consecuencias. Usando la analogía de una “bomba”, se alerta sobre el vertiginoso crecimiento de la deuda y sus posibles consecuencias traumáticas. Sin embargo, se pierde de vista que la deuda es hija del déficit fiscal y que durante más de medio siglo todos los gobiernos han registrado desequilibrios fiscales, más allá de sus diferencias ideológicas.

Aporta poco discutir, como suelen hacer los economistas, las características de la deuda generada en cada gobierno (plazo, moneda, intereses, tipo de acreedor, etc.) o quién contribuyó más a su aumento. Tampoco es conducente polemizar sobre a quién le debería “explotar” la “bomba” de la deuda, ya que se sabe que siempre los perjudicados serán los ciudadanos. La experiencia demuestra que, ya sea al licuarla vía inflación o con una reprogramación forzada, son procesos muy costosos que repercuten con mayor intensidad en los sectores más vulnerables.

Por el contrario, un tema poco analizado y de trascendental importancia es que la “explosión” no soluciona el problema. La deuda y el gasto público transitoriamente se licuan gracias al golpe inflacionario o una reprogramación forzada, pero bajo la actual mala organización del Estado rápidamente se vuelve a los desequilibrios y, consecuentemente, a acumular nueva deuda. Es decir, la “explosión” sirve para volver el contador a cero. Pero casi inmediatamente reaparece el déficit fiscal y, por lo tanto, empieza a generarse nueva deuda.

La decadencia de la Argentina es un continuo de repetidos ciclos en los que los déficits fiscales generan excesos de emisión monetaria y endeudamiento, que fatalmente derivan en crisis macroeconómicas. Estas crisis siempre se afrontaron con ajustes fiscales, ya sea con golpes inflacionarios y/o reprogramaciones forzadas, y/o improvisando medidas tendientes a aumentar ingresos o reprimir gastos. De manera sistemática, los ajustes fiscales han mostrado ser incapaces de corregir la tendencia natural del Estado a funcionar con enormes déficits financieros y de gestión.

¿Y si probamos con desactivar la “bomba”? Los crónicos déficits que llevan a excesos de deuda y emisión son la consecuencia de la mala organización del sector público. La “bomba” se origina en una deficiencia organizacional. En lugar de hacerla explotar, lo pertinente es desactivarla.

Para ello, el primer paso es asumir, como lo planteamos en el libro “Una vacuna contra la decadencia”, que el origen de los déficits que padece el Estado radica en el hecho de que los tres niveles de gobierno se superponen en el cobro de similares impuestos y en erogaciones destinadas a los mismos servicios. Los solapamientos son el principal factor que explica la agobiante presión tributaria y la tendencia a gastar en exceso y con muy baja eficiencia. El ajuste fiscal, ya sea a través de un golpe inflacionario o por medidas que tome el gobierno para recortar gastos o aumentar impuestos, no corrige esta deficiencia organizacional.

Es tan poco conducente discutir quién generó la “bomba” como a quién le debería estallar. Mucho más pertinente es delinear una estrategia para desactivar la “bomba”, es decir, impulsar un ordenamiento del Estado que corrija su innata tendencia deficitaria. Salir de la lógica de improvisar ajustes y encarar, con mucha audacia, innovación y seriedad, la reorganización integral del sector público, incluyendo entre los capítulos más importantes la unificación de impuestos, la sustitución de la coparticipación por una distribución de fuentes tributarias y erradicar la superposición de gasto público entre jurisdicciones.

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