“Y si no quiero, ¿qué?”: la vuelta al trabajo presencial desató una rebelión imprevista

La cuestión sobre la vacunación y la vuelta a la “nueva normalidad” está generando álgidos debates en el mundo que se repiten en la Argentina. En Estados Unidos, la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo, la agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes contra la discriminación laboral, determinó que los empleadores pueden obligar a sus trabajadores a vacunarse. Eso disparó la polémica.

¿Se puede obligar a los trabajadores a vacunarse para volver a las oficinas? ¿Puede un empleado no inoculado volver a trabajar? ¿Qué pasa si se niega a vacunarse? Estas son algunas de las preguntas que se plantean y preocupan a los empleadores. Las soluciones que se pueden implementar generan una grieta entre el sector público y privado en la Argentina.

En abril y junio de este año se publicaron dos resoluciones oficiales, en conjunto, entre la Secretaría de Gestión y Empleo Público (Jefatura de Gabinete), el Ministerio de Trabajo y el de Salud. Abrían la posibilidad a que las oficinas del Estado intimen a los trabajadores públicos a retomar la presencialidad 14 días después de darse la primera dosis de la vacuna contra el covid. También otorgaba permiso al sector privado para hacerlo.

Las resoluciones incluyen a la población de riesgo, con algunas excepciones. Estos son los trabajadores mayores de 60 años, embarazadas y aquellos con enfermedades comórbidas. Sólo se excluyen los casos de personas con inmunodeficiencias y los pacientes oncológicos trasplantados. El personal de salud cuyo trabajo implica una alta exposición al coronavirus y además tenga una condición de riesgo solo podrá ser convocado luego de 14 días de su esquema completo de vacunación.

Desde el Estado empezaron por convocar a aquellos que no pueden realizar sus tareas de manera remota, como el personal de seguridad, salud y atención al público, entre otras áreas. Para determinar a quienes intimar, se están realizando llamados para confirmar a los que efectivamente recibieron la vacuna para registrarlos en un sistema y enviar las convocatorias. Sin embargo, desde el Gobierno confirmaron que no están haciendo un seguimiento integrado de qué porcentaje de los convocados está yendo a trabajar efectivamente.

Un punto clave es que, si un trabajador tuviera la posibilidad de vacunarse pero se negara por cualquier motivo, tiene que presentarse igual. “El trabajo no es optativo. Aunque vos no quieras vacunarte, tenés que ir a trabajar”, comentó una fuente de Jefatura de Gabinete de Ministros a LA NACION. El artículo 4 de la resolución conjunta 4/2021 dice: “Los trabajadores y las trabajadoras comprendidos en los artículos 1 y 2 de la presente medida que tengan posibilidad de acceder a la vacunación y opten por no vacunarse, deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudiera originar a los empleadores o empleadoras”. Para las empresas, es una solución inocua.

La diferencia fundamental entre el poder de fuego del Estado y de los empleadores privados es que para los primeros no rigen las mismas restricciones laborales. En el sector privado se quejan de que sus opciones de intimación a ir a trabajar están muy limitadas por la vigencia de la prohibición de despido y la doble indemnización. Muchas empresas han planteado la necesidad de actualizar la normativa para retomar una normalidad laboral. “Le decimos que tienen que volver y nos contestan: ‘Y si no quiero, ¿qué?’ Es una situación difícil porque no tenemos herramientas legales”, se queja un empresario del sector industrial. Estos problemas están disparando llamados cruzados y reuniones con reclamos entre el Ministerio de Trabajo y empleadores, según cuentan fuentes del sector privado.

“En la UIA tuvimos esta discusión y determinamos que a quien esté vacunado y no tenga comorbilidades, se lo intima a presentarse. Si se incumple la intimación, hay abandono de trabajo y la persona se pone en una posición de pérdida del empleo”, comentó Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina, a LA NACION.

“Quien se niegue a vacunarse pone en riesgo a sus compañeros de trabajo y familias por no tomar la precaución. En ese caso, desde el punto de vista técnico, cesa la dispensa y queda liberado de prestar servicios”, dijo Funes de Rioja.

Los problemas para retomar la presencialidad no se limitan a la posibilidad de obligar a volver a sus puestos a quienes estén vacunados, sino también lo contrario. “Hay gente que no quiere vacunarse y hay que plantear esos casos con una norma. Hay muchísimos casos que ni siquiera tienen enfermedades graves y no vuelven a trabajar”, explicó el abogado laboralista Julián de Diego a LA NACION. Según el especialista, se están recibiendo muchas consultas legales sobre cómo poder hacer efectiva la regulación que autoriza a volver a la presencialidad, con especial atención en que, de acuerdo con sus estimaciones, el 20% de la población empleada está cobrando sin trabajar.

“Hay una cuestión muy preocupante de responsabilidades. Es un riesgo muy grande intimarlo a que vuelva y luego que la persona se contagie y se muera. Y eso está pasando”, comentó otro laboralista. Otras empresas consultadas aseguran que, a pesar de estar permitido, de acuerdo a las normativas nacionales, no están convocando a las personas de riesgo aunque estén vacunadas.

La obligatoriedad de la vacunación está generando polémica incluso en el oficialismo. El Ministerio de Trabajo asegura que no se está evaluando cambiar la regulación sobre el tema y que la inoculación continuará siendo optativa. Semanas atrás, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, declaró: “La vacuna debería ser obligatoria, porque el que no se vacuna y se contagia no sólo se pone en riesgo a sí mismo, sino a todos los demás”. La semana pasada se oficializó que los empleados provinciales vacunados con una dosis serán convocados a trabajar luego de 21 días de la primera dosis.

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