Volatilidad y poca transparencia: las críticas al proyecto de movilidad de jubilaciones

Que la recomposición de las jubilaciones quede sujeta a la evolución de la recaudación impositiva y que se deje de lado la inflación, tal como propone el Gobierno,no es una buena idea y es algo que tendrá efectos no alineados con el objetivo de la movilidad. Eso es lo que afirmaron varios expertos en temas previsionales y economistas consultados por LA NACION. Entre los riesgos de la modalidad de cálculo impulsada por el Ministerio de Economía está el de que se produzcan alteraciones en función de reformas tributarias, que podrían hacer que el cálculo arroje resultados desvinculados del poder adquisitivo de los haberes, que es, en definitiva, lo que debería preservarse. También se señala que el índice podría quedar expuesto a una alta volatilidad, provocada por los cambios de ciclos económicos.

La falta de transparencia en los datos de las variables de la fórmula es otro de los temas que genera advertencias. Y en este caso, sobre la base de la experiencia: entre 2009 y 2017, cuando rigió una modalidad de reajustes basada también en la recaudación y muy similar a la que ahora se busca que apruebe el Congreso, nunca se hicieron públicos todos los valores que se usaban para llegar a los porcentajes a los que se llegaba. Eso da lugar, claramente, a que la discrecionalidad política sea un elemento que intervenga en la determinación del nivel de recomposiciones de haberes.

Según anunció el Gobierno, con un comunicado emitido pasadas las 22 del lunes y a pocas horas de iniciarse el diálogo con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visita el país, la fórmula que se incluirá en un proyecto de ley estará compuesta por la suma del 50% de la evolución de los salarios según el índice Ripte, y el 50% de la variación de la recaudación de impuestos que, según lo establecido, se destinan a la Anses, dividida por la cantidad de beneficios del sistema. Los ajustes bajo esta modalidad permitirían reducir el déficit previsional, según se admitió desde el propio Gobierno. Se otorgarían semestralmente, en marzo y en septiembre, y en la segunda oportunidad se aplicaría un tope, porque las subas no podrían superar la variación interanual de los recursos por beneficio que recibe el sistema previsional, multiplicada por 1,03.

"No encuentro razones para incorporar la recaudación en el cálculo, salvo la validación ex-post de un esquema que estuvo vigente cuando no había Indec", sostiene el economista Oscar Cetrángolo, investigador en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet, en referencia a la etapa en la cual, por la intervención del gobierno kirchnerista en el organismo de estadística, no había índices oficiales de inflación creíbles. Y agrega que. por lo general, en otros países se utiliza la variación de precios o de salarios.

Según el último Informe Mundial sobre la Protección Social de la OIT, de 2019, de un conjunto de 120 países que dijeron tener sistemas de reajustes para sus pensiones, 92 basan esos esquemas en la inflación, en los sueldos, o en una combinación de ambas variables (del resto no hay especificaciones).

Para Cetrángolo, la comunicación oficial sobre el tema es contradictoria, porque se dice que es un intento por mejorar los ingresos reales de los pasivos y, al mismo tiempo, que se busca hacer más sustentable el sistema. "Toda una novedad: un instrumento para dos objetivos contrapuestos", afirma el economista, quien agrega que, si bien desde el Gobierno se asegura que el cambio propuesto "fue validado por los expertos convocados" a la comisión mixta que consideró el tema en los últimos meses, ese no es su caso.

"Asociar los haberes a la recaudación puede generar efectos imprevistos (en cualquier sentido) y puede impactar en el manejo de la política fiscal", concluye el economista.

Cuando rigió la fórmula que seguía a la variación de la recaudación, hubo dos años con recesión, 2014 y 2016, en los cuales el poder adquisitivo de la jubilaciones cayó. Y hubo años en los que subió varios puntos porcentuales, un efecto que, más allá de las bondades para los bolsillos en esos meses, no responde, según los expertos, al objetivo de la movilidad ni al de hacer sustentable el sistema de pagos.

Una de las expositoras en las reuniones de la comisión mixta, la abogada previsionalista Elsa Rodríguez Romero, hizo en su presentación mucho hincapié en que la sustentabilidad no es algo que se le deba exigir a la movilidad, sino al diseño del régimen jubilatorio. "Una primera lectura [de lo que busca hacer el Gobierno] remite al 'desprecio' a la comisión que se creó para analizar el tema y hacer una propuesta", señala la abogada, que siente que las advertencias no fueron tomadas en cuenta.

Según la iniciativa oficial, considera Rodríguez Romero, "la movilidad va a representar no solo la capacidad recaudatoria del Estado, sino también su voluntad política y, en ese sentido, existirán conflictos entre políticas sociales, porque para mejorar el empleo y la producción podrían tomarse medidas que signifiquen un sacrificio recaudatorio" y, entonces, se perjudicaría a los jubilados.

"Tener una fórmula es mejor que los aumentos discrecionales y asimétricos -considera el economista Gabriel Caamaño, de Estudio Ledesma-. Pero el nuevo cálculo no parece enfocarse en la sustentabilidad del sistema y tampoco parece satisfacer los requisitos de movilidad de la Corte Suprema de Justicia. Tiene un tema perverso: cualquier cambio tributario repercutiría en las jubilaciones, y eso no parece justificable". Para ejemplificar, Caamaño se pregunta por qué el hecho de desgravar productos de la canasta básica tendría que afectar directamente la actualización de los jubilaciones.

Entre los tributos que hoy derivan recursos a la seguridad social están el IVA (va el 11% de lo recaudado), el gravamen que se aplica al comprar dólares y el impuesto al cheque.

"Ajustar jubilaciones por la recaudación es una mala idea. Casi todo el mundo lo hace por inflación, por salarios o por una combinación de ambos, y hay buenas razones para eso", tuiteó Rafael Rofman, investigador principal en el Cippec y experto en temas de seguridad social, quien recordó que el objetivo de la movilidad "es proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios, dándoles previsibilidad", algo que la recaudación no aporta porque es muy volátil, porque la información es poco transparente y porque las reglas cambian seguido.

El Ministerio de Economía afirmó que el proyecto tendrá una cláusula de "legislación constante", que establecería "que los cambios en la política tributaria o en las condiciones de acceso a los beneficios no tendrán efecto en la movilidad". Pero no se especificó cómo se lograría eso. Según Rofman, incluir esa cláusula "es una buena intención", pero es difícil de instrumentar. Además, advierte, puede haber situaciones que influyan en la recaudación y que no sean exactamente cambios normativos; por ejemplo, dice, una devaluación, que haría subir la recaudación del impuesto PAIS. "¿Cómo se incluye eso en una cláusula de legislación constante? Creo que es impracticable", concluye.

"Le dejaron la fórmula en la almohada del hotel" a los funcionarios del FMI, afirma en tono crítico Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad en la ciudad de Buenos Aires, en referencia a la visita de los técnicos del organismo internacional. "Yo al proyecto lo veo muy mal y, hasta simbólicamente, da la impresión de que están haciendo algo para cumplir con la manda de los organismos", lamenta. Y coincide con otros expertos que pasaron por la comisión especial, al decir que lo resuelto "da por tierra con lo que pudo haberse discutido ahí". De hecho, no hubo ningún debate.

Semino apunta que, al igual que lo ocurrido con la fórmula votada por el Congreso en 2008, "las variables son oscuras y no son ni públicas ni simples". Y recuerda que la entrada en vigor de una fórmula como la propuesta se produciría después de un año de ajustes discrecionales a los haberes. "Yo había advertido que me parecía muy vago discutir una fórmula sin plantear un camino previo de recomposición de los haberes", puntualiza.

"Con este esquema reconocen que los jubilados no van a recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años", agrega el abogado previsionalista Adrián Tróccoli. En 2018 la caída había sido de 13% y en 2019, de 2%. Por su dinámica, la fórmula que rigió en esos años iba a generar una recuperación, con índices superiores a los decretados. Concretamente, mientras que las subas de marzo, junio y septiembre acumularon entre 18,3% y 28,9% (dependiendo del nivel de ingresos del jubilado), con la movilidad suspendida se habría obtenido un 35,9%, para todos por igual.

Tróccoli agrega: "La fórmula puede ser buena o mala; va a depender de cómo le vaya a la economía, pero hay dos factores preocupantes: uno es que en los convenios colectivos salariales se acuerdan aumentos con sumas no remunerativas, algo que afecta al Ripte (que solo considera lo que es remunerativo) y a la recaudación de recursos que llegan a la Anses; otro es el uso de topes". Según el abogado, además, es "peligroso" usar la fórmula de movilidad como "variable de sustentabilidad", porque el Estado tiene que procurar tener los recursos para cumplir con la garantía constitucional de que se paguen haberes móviles. Y concluye: "Entiendo que usen eufemismos, pero esto es un ajuste".

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