Visión cortoplacista y costo fiscal no compensado: los efectos cuestionables del nuevo proyecto previsional del kirchnerismo
La iniciativa presentada en las últimas horas insiste en la idea de ofrecer una solución temporal a un problema que es estructural; cómo es el plan propuesto y qué medidas alternativas recomiendan economistas y especialistas
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LA NACIONSilvia Stang
El inevitable costo fiscal de corto, mediano y largo plazo sin compensación prevista y las desigualdades no justificadas en el acceso a beneficios sociales del Estado que se deriva del hecho de pretender atacar un problema estructural con medidas de carácter temporal son dos efectos negativos del proyecto que senadores afines a la vicepresidenta Cristina Kirchner presentaron el viernes último en el Congreso de la Nación.
Ante la realidad de que cae y seguirá cayendo la cantidad de personas que llegan a la edad jubilatoria habiendo hecho los 30 años de aportes exigidos por la ley, una recomendación que hacen economistas y previsionalistas es que, en lugar de insistir con medidas del tipo de las moratorias, se mejore el diseño de la prestación que, con vigencia permanente, ya existe hoy para los adultos mayores que no cumplen con los requisitos. Por otro lado, la revisión de la propia ley previsional en varios de sus aspectos, como los requisitos que impone para poder jubilarse y la falta de prestaciones proporcionales según la cantidad de aportes que se hayan hecho, es otra cuestión pendiente de larga data.
La nueva iniciativa se dio a conocer en medio de la fuerte interna en el corazón del propio Gobierno, con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta como protagonistas. No hubo, por ejemplo, diálogo previo a la presentación del proyecto con el ministro de Economía, Martín Guzmán, incluso cuando la eventual aprobación del texto sumaría complicaciones para las posibilidades de que se cumplan las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En la última década y media, las moratorias previsionales fueron ganando tal protagonismo que, actualmente, dos de cada tres jubilaciones que mes a mes se ponen al pago en el sistema gestionado por la Anses fueron obtenidas por personas que adhirieron a ese mecanismo. Concretamente, de las 5.229.503 jubilaciones liquidadas mes a mes en el primer trimestre de este año, 3.408.201 (65%) tuvieron planes de pago de deudas subsidiados por el Estado. En el caso de las pensiones, de un total de 1.623.181 prestaciones, 204.816 tuvieron moratoria.
Así, son en total más de 3,6 millones los beneficios previsionales obtenidos por este mecanismo, para el cual no hubo cálculos de costos ni previsión de fuentes de financiamiento. Los datos son luces de alerta en sí mismos y hablan claramente de la necesidad de revisar las exigencias que tiene la ley jubilatoria y, a la vez, de generar un debate sobre cómo solucionar una de las causas de fondo de la situación: los problemas del mercado laboral.
El nuevo proyecto no implica una extensión directa de las moratorias que aún siguen vigentes (las de las leyes 24.476 y 26.970) y para las cuales se reduce progresivamente la posibilidad de acceso. Este efecto ocurre porque, como el esquema permite declarar deudas por aportes no hechos correspondientes a ciertos períodos y hasta una fecha determinada, a medida que pasa el tiempo menos personas pueden entrar y las que pueden ingresar lo hacen por períodos cada vez más cortos, es decir, pueden compensar menor cantidad de aportes.
En qué consiste el plan propuesto
Si se aprueba el nuevo proyecto de ley, se pondrá en vigencia un plan de pagos al que podrán acceder, durante un plazo de dos años, quienes tengan o cumplan durante ese lapso la edad jubilatoria del sistema general (60 años las mujeres y 65 años los varones) y no hayan acumulado los 30 años de aportes que exige la ley para acceder a la jubilación. En los fundamentos de la iniciativa se reconoce que hay requisitos difíciles de cumplir, dada la problemática laboral que persiste; sin embargo, se insiste con una salida que es temporal. Quienes cumplan la edad de jubilación fuera del plazo estipulado quedarán al margen del plan, incluso cuando hayan sufrido una situación en el mundo del trabajo igual a la de quienes sí habrán accedido. Es decir, no hay una justificación para esa diferencia en la posibilidad de acceso.
“Hay un problema central: la seguridad social está armada con una lógica contributiva, en un país que tiene una informalidad que no la aguanta”, analiza Sergio Rottenschweiler, economista especializado en temas previsionales y docente e investigador en la Universidad de General Sarmiento. Y agrega: “La moratoria siempre ha tenido una lógica de medida de excepción, que se dispone para que rija mientras esperamos que el mercado laboral formal se recupere y vuelva a construir el círculo de inclusión a través del trabajo”.
Pero la realidad indica que la mayor parte de los jubilados actuales debió concurrir a las normas llamadas de excepción. Por tanto, ya son minoría quienes pueden ir a pedir su jubilación sin adherir a una moratoria.
Otra característica del plan propuesto es que se permitiría la declaración de aportes no hechos por períodos anteriores a diciembre de 2008 (en el caso de quienes ya tienen la edad jubilatoria) o que sean previos al 31 de marzo de 2012, esta segunda fecha en el supuesto de personas que estén en la etapa activa, ya que se permitiría la adhesión al plan a quienes estén a una distancia de hasta 5 años de la edad jubilatoria (deberán tener, por tanto, al menos 55 años las mujeres y al menos 60 años los varones).
Cómo se determina la deuda
Un rasgo diferencial de la iniciativa kirchnerista en relación con lo que está vigente es que, en lugar de estructurarse como una moratoria (en la cual se determina cuánto se debió haber pagado, con intereses y sanciones, y luego se eliminan total o parcialmente los recargos para que el monto sea más liviano), ahora se propone definir directamente un valor en pesos de cada “unidad de pago de deuda previsional” que se adquiriría, y que representaría el aporte de un mes. Esa unidad valdría el 29% de la base mínima imponible, que es un número que se va actualizando trimestralmente; con los datos actuales, el valor de cada mes de aportes a comprar sería de $3187,10.
Es decir, se “compraría a crédito” una cierta cantidad de esas unidades, según cuántos meses de contribuciones le falten a alguien, y luego se armaría un plan de pagos de hasta 120 meses. Esas cuotas serían descontadas del haber mensual que se le comenzaría a pagar al solicitante (en este punto, el sistema funcionaría como hasta ahora).
“Es una compra, ya no camuflada, de ‘trabajé pero no pagué’ de meses de ‘servicios’; para mí, es una burla a la ley, que exige servicios y no el mero pago de dinero”, cuestiona la abogada previsionalista Elsa Rodríguez Romero. Y, tras advertir que las jubilaciones “no se compran”, evalúa que “una cosa es pagar aportes adeudados y otra es adquirir los requisitos pagando”.
El hecho de que para reemplazar la falta de aportes haya que declarar una deuda y pagarla, no evita que el plan tenga un costo fiscal. Según el economista Jorge Colina, el costo actual de jubilar a las mujeres por moratoria a los 60 años en lugar de pagarles la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a los 65, es de 0,4% del producto cada año. Y estima que ese costo, que iría desapareciendo con el final de las moratorias, se mantendría con el nuevo proyecto.
“El proyecto es una verdadera bomba fiscal, porque se seguirían dando jubilaciones sin financiamiento”, señala el economista, al recordar que esos pagos deberán seguir haciéndose durante décadas.
Según una estimación del abogado Adrián Tróccoli, si adhieren en el corto plazo a este beneficio unas 750.000 personas (quienes impulsan el proyecto señalaron que ese es el número de quienes estarían en condiciones de acceder en lo inmediato), y si se considera una prestación promedio de $40.000 mensuales, a la cual habría que restarle el monto de las cuotas previstas por el plan (las cuotas tanto de quienes se jubilen enseguida, como las de quienes se inscriban estando aún en edad activa), podría haber un costo inicial de $26.000 millones cada mes. Todo cálculo, claro, se basa por ahora en supuestos sobre datos que no se conocen, como el de cuántos se anotarán entre quienes no hayan llegado aún a la edad jubilatoria, o el de cuál será el monto de las cuotas que se descontarán del haber mensual.
La prestación actual
La ya mencionada PUAM, por su parte, es una prestación que se les otorga a quienes tienen 65 años, cumplen ciertas condiciones en cuanto a su situación socioeconómica, y no tienen aportes suficientes para jubilarse, sin importar si no hicieron ninguna contribución o si acumularon varias, una característica esta última que no pocos señalan que debería corregirse, previendo prestaciones proporcionales en función de cuánto se aportó en la vida activa.
El monto de la PUAM equivale al 80% del haber mínimo. Según señalan algunos analistas, antes que abrir nuevos planes para el pago de aportes de manera extemporánea, debería mejorarse el diseño de esa prestación, creada por ley en 2016, al amparo del concepto de que la puerta de ingreso a las moratorias se iría cerrando, dada la forma en que fueron diseñadas.
“Si la PUAM es insuficiente o no alcanza a un grupo de mujeres [por el requisito de la edad, diferente al que rige para la jubilación], habría que elaborar un proyecto para corregirla -señala el economista Oscar Cetrángolo-, en lugar de hacer una nueva medida de excepción; esta nueva iniciativa [del kirchnerismo] es claramente una medida efectista de un grupo de legisladores que prefieren el clientelismo a los derechos” y, de paso, aprovechan para molestar a Guzmán.
Desde su visión de que el fin de la informalidad en el que parecen creer las moratorias es algo que no llegará, Rottenschweiler sostiene que “hay que pensar en otro esquema” para dar cobertura de seguridad social a los adultos mayores, como una PUAM con modificaciones.
Por Silvia Stang
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