Visibilizar impuestos que inflan costos y precios

La Argentina ostenta dos récords de los que nadie podría enorgullecerse: es el país con mayor inflación del mundo y también el de mayor carga tributaria; en ambos casos, seguido por Venezuela.

No es de extrañar, si se considera, que la proliferación y/o suba de impuestos es la contracara del aumento del gasto público consolidado (Nación, Provincias y Municipios), que pasó de 26,6% del PBI en 2004 a 46,2% en 2015 y –con altibajos– se mantuvo por encima del 40% en los últimos años.

Otro problema es que el conjunto de 148 impuestos nacionales y provinciales, tasas municipales, cargas y otras contribuciones (según el último relevamiento del Iaraf) inflan costos y precios, pero la mayoría de ellos son desconocidos por el grueso de los consumidores finales que los pagan con cada compra, excepto el IVA de 21% si piden factura.

Muchos impuestos no se ven, pero se sienten. Sólo excepcionalmente en unos pocos sectores, que se cuentan con los dedos de una mano (servicios públicos, financieros y transporte aéreo), las facturas o tickets incluyen el detalle de la carga tributaria que eleva el precio final. Así, uno puede enterarse de que el pago de una factura de electricidad o gas en el AMBA incluye entre 27% y 32% de impuestos y tasas varias que los municipios usan como vehículo de recaudación sin contraprestación alguna. En los resúmenes de tarjetas de crédito, la combinación de IVA, impuesto PAIS y percepciones de Ingresos Brutos (IIBB) en la CABA puede encarecer hasta 35% el costo de la comisión bancaria. Y si compran un pasaje aéreo al exterior, los argentinos deben pagar una decena de impuestos, percepciones y tasas específicas, que casi duplican (48%) la tarifa básica del vuelo.

Otro caso son los autos 0 kilómetro fabricados en el país (sólo tres modelos tienen actualmente un precio de lista inferior al equivalente de 20.000 dólares), donde la carga impositiva se eleva a casi 55% repartida entre 9 impuestos, aranceles y tasas, sin contar gastos de patentamiento e impuestos sobre los seguros, con la cual se podrían comprar dos unidades en otros países. La diferencia va al Estado nacional, provincial y municipal.

En productos de consumo masivo –aun recibiendo el ticket– pocos saben que, cuando compran una gaseosa en botella de litro y medio, también el 48% del precio al público corresponde a impuestos (IVA, Ganancias, Internos, Seguridad Social e IIBB); en vinos de gama media (750 ml) llegan a 43,3%; en tetrabrik de un litro a 43,1% y en un kilo de yerba mate, a 39,5%, según datos de CAME. En alimentos, el consumidor paga un promedio de casi 42% del precio en impuestos. Y si una cadena de producción tiene cuatro eslabones, sólo la aplicación de IIBB encarece el producto en 20% que se traslada al consumidor final, sin contar tasas municipales muchas veces absurdas.

Frente a este desconocimiento casi generalizado y de larga data, un avance es la reciente presentación en el Congreso del proyecto de ley de “Transparencia Fiscal al Consumidor”, elaborado por el diputado Sergio Capozzi (PRO- Río Negro) con la adhesión de 15 integrantes del bloque y el apoyo de la subsecretaría de Defensa del Consumidor a cargo de Fernando Blanco Muiño. De ser sancionada, dispone que 180 días después de su publicación, todos los comprobantes y/o facturas emitidos en el territorio nacional deberán detallar de manera explícita y desglosada cada carga impositiva, independientemente de su jurisdicción.

El detalle abarca a todas las obligaciones tributarias impuestas por autoridades nacionales, provinciales y municipales, incluyendo, pero no limitándose, a los impuestos al valor agregado, ingresos brutos, tasas municipales y cualquier otro gravamen que afecte la transacción comercial. También deroga un artículo de la ley del IVA incorporado en 1997 que estableció sanciones y multas a quienes discriminen el gravamen en las facturas, como complemento de la prohibición dispuesta por ley de 1973 y que con el correr del tiempo pasaron a resultar verdaderamente insólitas.

Paralelamente, incorpora a la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) un inciso sobre concientización y un artículo según el cual las facturas, tickets y comprobantes equivalentes emitidos a consumidores finales por bienes y servicios en todo el territorio nacional, deberán contener información del valor aproximado correspondiente a los tributos federales, provinciales o de la CABA y municipales que tengan incidencia en la formación de los respectivos precios de venta. Incluye IVA; Impuestos Internos; Créditos y Débitos Bancarios; PAIS; derechos y aranceles a la importación; Ingresos Brutos; tasas municipales y todo otro tributo indirecto con incidencia en precios. Esta información deberá constar en una sección de “información al consumidor”.

Además, establece que en la publicidad de las prestaciones o servicios de cualquier tipo en los tres niveles del Estado que sean de libre acceso o atención por parte de los ciudadanos, no podrá utilizarse la palabra “gratuito” y se deberá aclarar que son solventados con los tributos de los contribuyentes.

En realidad, el nuevo proyecto –de 9 artículos– es una versión ampliada y mejorada de la sección (VII) que había sido incluida en el texto original de la ley ómnibus y no prosperó debido a la negativa de legisladores de varias provincias para visibilizar las cargas tributarias provinciales y municipales. De ahí que Capozzi optó por transformarla en una ley específica en defensa de los consumidores.

Según explica, esta característica la diferencia de las leyes que establecen cambios tributarios y requieren la adhesión de las provincias para ser aplicadas. A modo de ejemplo, señala que la ley de etiquetado frontal consiguió el voto mayoritario del Congreso para incluir contenidos no saludables de azúcar, sodio, grasas y calorías en alimentos envasados; pero muy pocos legisladores se ocupan del contenido excesivo de impuestos para que los consumidores puedan comprarlos. “Cada argentino dedica 7 de los 12 meses del año a pagar impuestos”, completa.

Para su elaboración, el diputado barilochense realizó una ronda de consultas con numerosas ONGs y, principalmente, con Lógica, que preside el abogado y contador Martín Olivero Vila y está dedicada a crear conciencia fiscal. Esta organización cobró notoriedad en diciembre de 2022 cuando la selección argentina de fútbol obtuvo la tercera copa del mundo en Qatar y, frente a un cartel publicitario luminoso frente al Obelisco que celebraba el campeonato, hizo instalar otro similar con la leyenda “Argentina, campeón mundial de impuestos”.

Olivero Vila se inspira en el modelo de la ONG brasileña IBPT (Instituto Brasileño de Planeamiento Tributario) que, a través de un intenso trabajo de divulgación, promovió la sanción de una ley que desde 2012 (gobierno de Dilma Rousseff) obliga a exponer en los tickets todos los impuestos que inciden sobre el precio final. Allí se dividen 8 impuestos federales, provinciales y municipales y a partir de la nueva legislación incluyen la discriminación de cada uno, su jurisdicción y su impacto en el precio de cada transacción.

Los impulsores del proyecto descartan que los futuros tickets tengan una longitud desmesurada (tipo rollo de papel), ya que, a los efectos de crear conciencia, la información puede agruparse por jurisdicción e impacto fiscal, sin necesidad de ser excesivamente minuciosa.

Probablemente, el mayor problema esté en convencer a los legisladores que deberían aprobarlo y son quienes en definitiva votan por la creación de impuestos. Salvo escasas excepciones, no para mejorar la economía, sino sus propios ingresos con el dinero de los contribuyentes, como acaba de demostrarlo esta semana el controvertido intento de aumentar sus dietas en 30% sin previo aviso. nestorscibona@gmail.com

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