Vicentin: ¿seguro que no es lo que parece?
Hay dos clases de empresas: las privadas y las públicas. Las primeras son las que controla el Estado; las segundas son las que no controla nadie. En la Argentina 2020 la acertada afirmación del economista Larry Sjaastad también se aplica a los ciudadanos de a pie, quienes seguimos restringidos por la cuarentena, y a buena cantidad de funcionarios públicos, que hacen cualquier cosa menos dar el ejemplo.
El lunes pasado, en conferencia de prensa, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, acompañado por el ministro Matías Kulfas, la senadora Anabel Fernández Sagasti y el designado interventor, Gabriel Delgado, anunció la intervención del conjunto de empresas que integran el grupo Vicentiny el envío al Congreso de un proyecto de ley para estatizar al referido grupo empresario.
Me impactó el desbordante entusiasmo con el cual los referidos funcionarios plantearon la cuestión. Hablaron de soberanía alimentaria, de empresa testigo, de la defensa de los intereses de los productores, etcétera. Tal como era de esperar, a medida que se pasaron el micrófono el entusiasmo fue creciendo.
Empresa testigo: ¿testigo de qué? Defensa de los precios. Delgado, con ayuda de YPF Agro, ¿conseguirá exportar trigo, maíz, soja, etcétera, a mayores precios que los que obtenían los hasta ahora propietarios o las otras empresas exportadoras de granos?
La Argentina tiene una larga y costosísima historia de lo que ocurre con las empresas que, enfrentando dificultades, terminan siendo estatizadas, liberadas, ocupadas, etcétera. Costosísima para el bolsillo de los contribuyentes. Porque si a los productores de granos exportables no les conviene utilizar los servicios prestados por una Vicentin estatizada, utilizarán los prestados por algún competidor; pero la empresa vegetará durante muchos años, a costa de quienes no tenemos más remedio que pagar los impuestos.
Prefiero una empresa privada en manos nacionales que extranjeras; pero prefiero una empresa privada en manos extranjeras a una empresa pública. ¿En Alemania, o en Suiza, hay empresas públicas que funcionan de manera eficiente? Sí, pero el medio siglo que va de las estatizaciones de Juan Domingo Perón a las privatizaciones de Carlos Saúl Menem sugiere que no estamos ni en Alemania ni en Suiza.
La intervención es un hecho, la estatización depende del Congreso, es decir, de la oposición. Linda oportunidad para que los diferentes partidos políticos muestren quién es quién, frente a importantes hechos concretos.
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