Vicentin. La salida “al estilo Macri” que está sobre la mesa de Alberto Fernández
LA NACIONPablo Fernández Blanco
Antes de anunciar su intención de expropiar Vicentin, el presidente Alberto Fernández hizo una ronda de consultas para encontrar una salida distinta al conflicto de la cerealera y obtuvo una respuesta similar. Había que buscar lo que había hecho el Estado dos años atrás con otra empresa insignia de la Argentina, en una discusión que había comenzado a mediados del segundo mandato de Cristina Kirchner y resuelto cuando promediaba la gestión de Mauricio Macri. Esa alternativa vuelve a cobrar vigencia tras la marcha atrás momentánea de avanzar por el camino de la expropiación.
En mayo de 2018 Impsa, la compañía metalúrgica creada hace más de 110 años en Mendoza bajo la propiedad de la familia Pescarmona, alcanzó un acuerdo con sus acreedores. Entre ellos estaba el Banco Nación, su principal prestamista local. Era una situación similar a la de Vicentin.
Al final de las negociaciones, el Estado se quedó con un lugar preeminente en la empresa. El Banco Nación nombró a Diego Grau como presidente del Directorio, por lo que la Casa Rosada es la máxima autoridad política de Impsa, que de todas maneras siguió comandada por una gestión técnica.
Las acciones de todos quedaron consolidadas en dos fideicomisos: uno tiene el 65% de su capital social y corresponde a quienes habían prestado dinero, mientras que el restante 35% está en manos de los Pescarmona. Ambos son gestionados por el Bank of New York.
La familia fundadora cedió el control y los acreedores redujeron la deuda total en más del 50%, hasta los U$S520 millones. Todos perdieron con la expectativa de ganar cuando la empresa se venda. Eso casi ocurre antes de la cuarentena.
La solución "Impsa" llegó a los oídos de Fernández semanas atrás. Su equipo la evaluó, pero argumentaron que para avanzar en esa alternativa había que cambiar el estatuto del Banco Nación. Sus interlocutores quedaron desorientados.
La propuesta que evaluó el equipo del Presidente consistía en capitalizar toda la deuda pública en Vicentin y convencer a los bancos privados acreedores de hacer lo mismo. Dicho de otra manera, que los prestamistas se conviertan en dueños. El Banco Nación, pero también el de la Provincia de Buenos Aires, el Hipotecario y el Macro se convertirían en líderes de un lote compuesto en total por 14 instituciones financieras locales.
Hasta diciembre del año pasado el rojo era de $23.503 millones. Son unos US$335 millones, un 22% de la cotización más alta que circuló extraoficialmente esta semana por el total de la empresa, sin considerar el pasivo.El mismo esquema podría contemplar a los productores con los que la empresa tiene deudas. La idea no solo es viable desde el punto de vista técnico, sino que endulzaría el oído del kirchnerismo duro. Es difícil imaginar, por ejemplo, a Carlos Heller en contra de convertir en propietarias a los 1900 productores santafesinos de grano, como menciona la propuesta de intervención presentada ayer a la Justicia por el gobernador Omar Perotti.
Una reunión premonitoria
Aunque nadie habla de ello, el desembarco del Banco Nación en Vicentin había comenzado en la transición política del macrismo al kirchnerismo. En el tercer trimestre del año pasado el expresidente del organismo público, Javier González Fraga, y representantes de la empresa liderados por Sergio Nardelli tuvieron un encuentro clave. Discutieron sobre la deuda, la reducción del patrimonio neto del Nación y la necesidad de recortar en US$95 millones el rojo de Vicentin con el banco. Se avanzó en dos líneas: sacar un seguro para lograr más flexibilidad del Banco Central con respecto al límite de fraccionamiento del Nación (cuánto le puede prestar a un sólo cliente) y poner en garantía plantas del grupo a favor de la entidad pública.
LA NACION habló con fuentes que participaron del encuentro. Como quien anticipa lo que va a venir, sostienen que Nardelli, la cara más reconocida de la empresa, estaba visiblemente nervioso durante la conversación.
Este año, con la nueva gestión, el Nación le pidió a la empresa el nombramiento de un veedor. Fue otra decisión anticipatoria: ayer la Justicia dio marcha atrás con la intervención y rebajó a ese lugar a los enviados de Alberto Fernández. Falta que responda sobre el nuevo pedido de intervención, sin expropiación.
El directorio de Vicentin, en paralelo, había avanzado en el año en negociaciones con interesados privados para quedarse con una parte de la empresa. LA NACION reconstruyó la existencia de cuatro Acuerdos de Confidencialidad no exclusivos entre Vicentin y sus interesados que, si no prospera la alternativa de la expropiacion, podrían terminar eventualmente como socios del Estado.
El Rabobank, uno de sus acreedores, hizo un due dilligence (paso previa a la compra de una empresa) sobre activos productivos de Vicentin. La compañía le extendió esa propuesta al Nación el 14 de febrero pasado. El banco la consideró inaceptable porque desemembraba a la cerealera, pese a que también se llevaba deuda. Fuentes que participaron de las discusiones sostienen que la oferta aún está sobre la mesa.
Otra tuvo que ver con un conjunto de bancos privados y el denominado Grupo Ceibo, a cargo de Ciro Echesortu, exCEO de Dreyfus.
La Sociedad de Bolsa Allaria Ledesma, por su parte, hizo pública su intención de entrar en la cerealera. Tiene entre sus filas a exejecutivos de Cargill.
A través de Zoom, los ejecutivos de Vicentin mantuvieron un contacto con sus enviados, que tienen entre sus filas como asesores al exfuncionario menemista José Luis Manzano y a Emnanuel Alvarez Agis, exviceministro de Economía en la gestión de Axel Kicillof al frente de la cartera, en el segundo mandato de Cristina Kirchner. Y de manera informal, el exsecretario de Finanzas, Daniel Marx, facilitó el diálogo inicial entre la conducción de la empresa y otro grupo interesado en entrar a la compañía.
Los inversores privados aún piensan en Vicentin, pero no están convencidos de competir por el negocio con el Estado.
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