Vicentin: a 10 meses, la Justicia corrió el velo y contradijo al Gobierno cuando quiso estatizarla
El informe del síndico de la quiebra concluye que la caída de la agroexportadora no se debió al vaciamiento de sus accionistas, como argumentaban los funcionarios
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LA NACIONDiego Cabot
Existen en los concursos preventivos algunos momentos en los que los síndicos presentan un detallado informe de la compañía. Esos días han llegado en el enorme proceso que tiene como protagonista a Vicentin. Lo que surge de ese enorme informe es que no se confirman aquellos argumentos de vaciamiento que esgrimió el Gobierno cuando intervino la compañía con la intención de disponer su posterior estatización.
La caída de Vicentin, según los síndicos, se debió a una una serie de causas que determinaron la cesación de pagos que, finalmente, derivó en el concurso. Ninguna de ellas pasó ni cerca del diagnóstico del que se valió el presidente Alberto Fernández para iniciar el fallido intento de estatización, sino que tuvieron que ver con cuestiones exógenas a la empresa. “No está en condiciones de seguir sola -dijo entonces Fernández, en referencia a la compañía-. No quisiera que el Estado tenga que intervenir, pero en este caso estamos hablando de un sector sensible de la economía, como el cerealero. Estamos trabajando en defensa del productor que quedó colgado, que nadie le está pagando ni dando respuestas”.
“El único camino que tenemos es el de la ley de expropiación. No es quedarse con la empresa, es rescatar a la empresa, porque, así como está, va rumbo al precipicio”, dijo entonces el presidente. Sin embargo, la principal argumentación que se escuchó fue la supuesta comisión de delitos: “¿Cómo le explicamos a la gente que hacemos eso [en referencia a un posible acuerdo con YPF], con todos los planteos de supuestas irregularidades que hay sobre la gestión de Vicentin? Van de vaciamiento hasta lavado de dinero”. Poco menos de un año después, dicen los síndicos, no se encontraron elementos que permitan pensar sobre ese tipo de memoria.
Las causas
El documento, que tiene 140 páginas y centenares de anexos, enumera las causas que llevaron al estado de cesación de pagos de la empresa. Entre ellas:
1. Los cambios en la operatoria con el Banco Nación. Vicentin, por ser una gran exportadora, tiene su operación apalancada en la financiación de las ventas al exterior. Justamente, la operatoria con el Banco Nación, que generó hasta denuncias penales, se vio afectada por la crisis cambiaria de aquel 2019.
Por norma, el Banco Nación no pueda prestarle a una sociedad o grupo más del 15% de su Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC), un parámetro sobre el que se calcula la cantidad de dinero que le puede otorgar a un solo cliente. “A la fecha de la aprobación [a principios de 2018], la línea no superaba este parámetro, ya que tomando un tipo de cambio de $21 representaba aproximadamente $6,3 millones″, dice el trabajo.
Pero en 2019 la devaluación hizo lo suyo. La deuda de Vicentin aumentó en pesos y el patrimonio del Banco Nación no aumentó en la misma proporción. Así las cosas, aquel porcentaje fue superado. “Con el Nación afectado por la relación RPC, no pudo recomponerse la cadena de prefinanciaciones que [Vicentin] venía sosteniendo desde hacía tiempo”.
“Advertidos de la situación, tanto funcionarios de la Institución como directivos de la concursada se abocaron a la adopción de algunas medidas que puedan solventar y superar la circunstancia: pagos, mayores garantías, seguros especiales, etc”, dice el trabajo. El 4 de diciembre de 2019, bajo la referencia “Propuesta reducción paulatina y parcial línea de crédito”, se presentó un plan de pagos.
La idea era alcanzar el encuadramiento a más tardar durante marzo de 2020 con prácticamente el 100% del saldo de deuda garantizado con hipoteca y prenda sobre bienes productivos de la sociedad. El plan de pagos consistía en 4 cuotas semanales de US$3millones cada una en enero de 2020 y cuatro semanales del mismo importe en febrero. Finalmente, se completarían cuatro cuotas semanales de US$17 millones cada una en marzo.
El 6 de diciembre de 2019, la gerencia zonal del Banco Nación prestó conformidad con la propuesta. Bajo el mando de la administración kirchnerista la aprobación no avanzó. Más bien, lo contrario, un informe denunció que había delitos en la aprobación de aquellos créditos.
2. Los problemas con los bancos internacionales. En setiembre de 2019 se iniciaron las negociaciones para obtener financiamiento extra que permitiese cancelar las obligaciones con los productores, inquietos por la vorágine de aquel año. “Se iniciaron conversaciones con Rabobank para refinanciar los vencimientos de los préstamos estructurados”, reconstruye el trabajo. En principio, la recepción de bancos como Rabobank, Natixis, Cacib y la Confederación Financiera Internacional (IFC, el brazo del Banco Mundial para el sector privado) fue buena. “Sin embargo, dada la situación política y la época del año veían difícil que una renegociación pudiera estar terminada antes de marzo, lo que no brindaría solución al problema de liquidez que se estaba planteando. Con Rabobank se intentó obtener un préstamo puente mientras se tramitaba esta extensión de plazos, otorgando en garantía el 16,67 % de las acciones de Renova [una planta de Vicentin]. Esta propuesta no tuvo éxito, dado que esa institución -cómo la totalidad de las internacionales- no daría nuevas asistencias hasta que se aclarara el incierto panorama macroeconómico del país.
3. La corrida de los productores. Los resultados de las PASO, que anticipaban un triunfo de la fórmula de Albertos Fernández y Cristina Kirchner, hicieron presagiar a los productores que se venía un aumento de las retenciones, cosa que efectivamente sucedió. “Hubo una indisimulada acción de los productores de granos tendiente a fijar precios en forma anticipada y, de esa forma, anticiparse a posibles cambios en el régimen de retenciones fiscales que aparecían como medidas tendientes a reforzar las alicaídas arcas estatales. A partir de las elecciones PASO fueron incesantes las versiones en ese sentido”, dice el informe. En un período normal la empresa fijaba precios por alrededor de 700 millones de dólares; en ese tiempo fue de 1800 millones.
4. El aumento del costo del dinero. El crecimiento de los costos financieros derivados de circunstancias ajenas a las decisiones empresarias, pues la estructura del apalancamiento –mayoritariamente tomada en moneda extranjera– impedía dejar de lado ese formato de prefinanciaciones. El famosos riesgo país, disparado en las pizarras, impactó de lleno en la operatoria financiera de la empresa.
5. La suba del dólar. La devaluación del peso impactó sobre las relaciones financieras preexistentes. “La RPC del Banco Nación cambió a partir de que las cifras base de las relaciones patrimoniales se miden en pesos de curso legal”.
6. El clima. “Las condiciones climáticas adversas derivaron en mayores costos operativos o provocaron tardanzas en la obtención de cosechas” como la del girasol, por ejemplo.
7. Nubarrones internacionales. Por entonces había un clima de incertidumbre financiera generalizada a partir del resultado de las elecciones PASO, con fuertes retiros de depósitos en moneda extranjera. En esa circunstancia se creó una imposibilidad de recurrir a fuentes de financiación alternativas.
8. El peso de la deuda en los balances. Se convirtió en muy alto el porcentaje de las financiaciones sobre los resultados operativos de la empresa que correspondían a las inversiones concretadas, necesarias para mantener e incrementar los volúmenes de producción y asegurar niveles de exportación comprometidos.
9. Las peleas arancelarias. Eran épocas de controversias internacionales que finalmente derivaron en condiciones macroeconómicas inestables con fuertes conflictos arancelarios.
El documento avanza después en la administración después del concurso. Desde entonces no hay retraso en los pagos con los empleados y tampoco con la AFIP.
Los números y las cifras aparecen en decenas de anexos. Pero jamás se transita por aquella línea argumental que el Gobierno blandió y luego dejó sin efecto. Nadie encontró vaciamiento ni lavado de activos. Apenas aquellos que le hablaron al oído de Alberto Fernández en aquel junio de 2020. Le vendieron una historia que no pudo sostener.
Por Diego Cabot
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