Partes protegidas de la selva amazónica de Brasil se están vendiendo ilegalmente a través de Facebook.
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Una investigación de la BBC revela que se ofertan a través del servicio de anuncios clasificados de Facebook parcelas tan grandes como 1.000 campos de fútbol.
A raíz de este hallazgo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil ha ordenado una investigación sobre la venta de zonas protegidas del bosque tropical del Amazonas a través de Facebook. El Supremo, tras la investigación, pide ahora al Gobierno brasileño que “tome las medidas civiles y criminales apropiadas”.
Las áreas protegidas en venta incluyen bosques nacionales y tierras reservadas para los pueblos indígenas. El líder de una de las comunidades indígenas afectadas instó a la empresa de tecnología a hacer más. Y, según afirman activistas, el gobierno del país no está dispuesto a detener las ventas.
“Los invasores de tierras se sienten muy empoderados hasta el punto de que no se avergüenzan de entrar en Facebook para hacer negocios ilegales de tierras”, señaló Ivaneide Bandeira, directora de la ONG medioambiental Kanindé.
Sin certificados
Cualquiera puede encontrar las parcelas invadidas ilegalmente escribiendo palabras como “bosque”, “selva nativa” y “madera” (en portugués) en la herramienta de búsqueda de Facebook Marketplace, y eligiendo uno de los estados amazónicos como ubicación.
Algunos de los listados incluyen imágenes satelitales y coordenadas GPS. Muchos de los vendedores admiten abiertamente que no tienen un título de propiedad, el único documento que prueba la propiedad de la tierra según la ley brasileña.
Esta actividad ilegal está siendo impulsada por la industria ganadera de Brasil.
“Libre de riesgo”
La deforestación en la Amazonía brasileña está en su punto más alto en 10 años, y el Marketplace de Facebook se ha convertido en un sitio de referencia para vendedores como Fabricio Guimarães, quien fue filmado con una cámara oculta.
“No hay riesgo de una inspección por parte de agentes estatales aquí”, dijo mientras caminaba por un trozo de selva tropical que había quemado hasta sus cimientos.
Con la tierra despejada ilegalmente y lista para la agricultura, Guimarães había triplicado su precio inicial de venta a US$35.000.
Guimarães no es agricultor. Él tiene un trabajo estable de clase media en una ciudad y ve la selva tropical como una oportunidad de inversión.
La BBC se puso más tarde en contacto con él para que respondiera a la investigación, pero se negó a hacer comentarios.
Investigación encubierta
Muchos de los anuncios eran de Rondonia, el estado más deforestado de la selva tropical brasileña.
La BBC organizó encuentros entre cuatro vendedores del estado y un agente encubierto que se hacía pasar por un abogado que representaba a inversores adinerados.
Un hombre, llamado Alvim Souza Alves, estaba tratando de vender una parcela dentro de la reserva indígena Uru Eu Wau Wau por alrededor cerca de US$23.000 en moneda local.
Esta reserva es el hogar de una comunidad de más de 200 personas llamada Uru Eu Wau Wau. Y al menos cinco grupos más que no han tenido contacto con el mundo exterior también viven allí, según el gobierno brasileño.
Pero en la reunión, Alves afirmó: “No hay indios [sic] allí. De donde está mi tierra, están a 50 km de distancia. No les voy a decir que en un momento u otro no estarán caminando por ahí”.
La BBC le mostró el anuncio de Facebook al líder comunitario Bitaté Uru Eu Wau Wau.
Él dijo que el lote estaba en un área empleada por su comunidad para cazar, pescar y recolectar frutas.
“Esto es una falta de respeto”, dijo.
“No conozco a esta gente. Creo que su objetivo es deforestar la tierra indígena, deforestar lo que está en pie. Deforestar nuestras vidas, se podría decir”.
Dijo también que las autoridades deberían intervenir y además urgió a Facebook -”la plataforma de redes sociales más visitada”- que tome medidas por su cuenta.
Cambio de estatus
Otro factor que impulsa el mercado ilegal de tierras es la expectativa de una amnistía.
Alves reveló que estaba trabajando con otros para presionar a los políticos para que los ayudasen a ser dueños legalmente de tierras robadas.
“Te diré la verdad: si esto no se resuelve con [el presidente] Bolsonaro allí, ya no se resolverá”, dijo sobre el actual gobierno.
Una estrategia común es deforestar la tierra y luego suplicar a los políticos que deroguen su estado de protección, sobre la base de que ya no cumple su propósito original.
Los acaparadores de tierras pueden entonces comprar oficialmente las parcelas al gobierno, legalizando así sus reclamos.
Alves llevó al reportero encubierto de la BBC a conocer a un hombre al que describió como el líder de la Asociación Curupira. La policía federal de Brasil describió al grupo como una operación ilegal de apropiación de tierras centrada en invadir territorio indígena.
Los dos hombres le dijeron al reportero que políticos de alto perfil los estaban ayudando a organizar reuniones con agencias gubernamentales en la capital, Brasilia.
Dijeron que su principal aliado era el congresista coronel Chrisóstomo, miembro del Partido Social Liberal, del que Bolsonaro solía ser miembro hasta que fundó su propio partido en 2019.
Cuando fue contactado por la BBC, el coronel Chrisóstomo reconoció haber ayudado a organizar reuniones, pero dijo que no sabía que el grupo estaba involucrado en invasiones de tierras.
“No me lo dijeron”, aseguró. “Si invadieron [la tierra], ya no tienen mi apoyo”.
Cuando se le preguntó si lamentaba haber organizado las reuniones, dijo: “No”.
La BBC se puso en contacto con Alves para obtener su respuesta, pero se negó a hacer comentarios.
La BBC también contactó al ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles.
“El gobierno del presidente Jair Bolsonaro siempre ha dejado en claro que el suyo es un gobierno de tolerancia cero para cualquier delito, incluidos los ambientales”, dijo.
El gobierno recortó en un 40% el presupuesto de inspecciones de la Ibama, la agencia federal que se encarga de regular la deforestación.
Pero Salles dijo que la pandemia de coronavirus había obstaculizado la aplicación de la ley en la Amazonía y que los gobiernos estatales también eran responsables de la deforestación.
“Este año el gobierno ha creado la operación Verde Brasil 2, que busca controlar la deforestación ilegal, los incendios ilegales y unir esfuerzos entre el gobierno federal y los estados”, agregó.
Sin embargo, Raphael Bevilaquia, un fiscal federal basado en Rondonia, señaló que la situación había empeorado bajo el gobierno actual.
“La situación es realmente desesperada”, dijo. “El poder ejecutivo juega contra nosotros. Es desalentador”.
Por su parte, Facebook afirma que tratar de esclarecer qué ventas son ilegales sería una tarea demasiado compleja para llevarla a cabo ellos mismos, y que debería dejarse en manos del poder judicial local y otras autoridades. Y no parece ver que el problema sea lo suficientemente grave como para justificar poner un alto a todas las ventas en Marketplace de terrenos en la Amazonía.
Ivaneide Bandeira, quien ha estado tratando de combatir la deforestación en el estado de Rondonia durante 30 años, dijo que estaba perdiendo las esperanzas.
“Creo que esta es una batalla muy dura. Es realmente doloroso ver que el bosque se destruye y se encoge cada vez más”, afirmó.
“Nunca, en ningún otro momento de la historia, ha sido tan difícil mantener el bosque en pie”.
Por Joao Fellet y Charlotte Pamment
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