Vacunas, inflación y dólar, protagonistas en 2021

El nuevo año comenzó en medio de la segunda ola de contagios del Covid-19 que agrega más incertidumbre a la economía global e incluye a la Argentina. Pero la gran diferencia con 2020 será el protagonismo de las vacunas, aprobadas de apuro y con resultados parciales, para enfrentar esta nueva fase de la emergencia sanitaria. El problema reside en su disponibilidad, ya que la demanda inmediata supera con creces la oferta excedente de los países productores y su efectividad para frenar la pandemia sólo se comprobará, en la práctica, al cabo de algunos meses.

Para el gobierno de Alberto Fernández, el promocionado y politizado operativo de vacunación con la Sputnik V tuvo el carácter simbólico de abrir una esperanza, con el arribo desde Rusia de la módica partida de 300.000 (primeras) dosis destinadas al personal de salud. Sin embargo, aunque en febrero llegue la segunda dosis y en marzo la de AstraZeneca con producción local podría sumar un volumen significativo, todo indica que, al menos hasta el fin del verano, las incógnitas sanitarias compartirán el rol protagónico con las incógnitas económicas.

Hay tantos interrogantes en torno de la suba de contagios en el AMBA y centros turísticos, la incierta reacción oficial ante las aglomeraciones juveniles y los alcances de la vacunación masiva, cuanto sobre el déficit fiscal, la magnitud de la emisión monetaria y renovación de deuda interna para financiarlo; el manejo de la inflación reprimida y lo que ocurra con el dólar y la brecha cambiaria a medida que se reduzca la mayor demanda estacional de pesos de diciembre y enero.

Si las vacunas significan una mejor expectativa, con la economía no ocurre lo mismo, más allá de la suba de los precios internacionales de los granos (que aportará mayores ingresos fiscales) y el heterogéneo y lento repunte de la actividad, que en 2021 recuperaría algo menos que la mitad de la caída récord del PBI (-11,5%) en 2020. El año que acaba de concluir cerró además con una inflación cercana a 4% mensual (equivalente a 60% anualizada) y el dólar blue a $166, con lo cual amplió a 97,3% la brecha frente al tipo de cambio mayorista oficial. Si hace un año el billete de 1000 pesos equivalía a 12,8 dólares en el mercado paralelo, ahora su valor se reduce a 6,02 dólares.

Desde el punto de vista cualitativo, el empeoramiento del clima político y económico en diciembre influyó en el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Universidad Di Tella. No sólo cayó 8,2% mensual (a 1,85 en una escala de 5), para ubicarse cerca del promedio del segundo mandato de Cristina Kirchner (1,83), sino 20% respecto de enero de 2020 (3,4).

El arranque de este año de elecciones legislativas viene precedido por señales evidentes de que el objetivo del Gobierno es llegar a octubre sin un salto abrupto del dólar oficial (en 2020 acumuló un ajuste de 40,4%) que se traslade a precios. Este escenario acentuaría el deterioro del salario real, que lleva tres años de retroceso y complicaría además el frente fiscal, donde buena parte de la deuda interna está indexada por dólar o inflación.

A falta de un plan macroeconómico coordinado y consistente, la única referencia oficial es el cálculo inflacionario de 29% anual incluido en el presupuesto de 2021, que los analistas privados elevan hasta 50%. De ahí que, desde el discurso de CFK en La Plata, estén surgiendo medidas caso por caso similares a las que fracasaron durante la gestión kirchnerista, aunque con una diferencia no menos preocupante: en vez de intervenir sobre el índice de inflación (que el Indec registra profesionalmente desde 2016), lo hacen para contener los precios y tarifas de los bienes y servicios con mayor peso en el indicador. O sea, mantener el ancla de la inflación reprimida sin ocuparse demasiado de las subas de costos en materias primas, insumos y logística.

Esta estrategia abarca varias líneas, con y sin participación del sector privado. Una son las negociaciones con empresas líderes para incluir en enero más productos de la canasta básica en "Precios Cuidados", a cambio de excluir de los precios máximos a otros de menor demanda. También el compromiso con la industria aceitera para instrumentar "un mecanismo legal de financiamiento del consumo de aceite de girasol y soja en el mercado interno, con ajustes trimestrales de precios", transparente y no distorsivo. Este acuerdo fue forzado para evitar la aplicación de medidas como el intempestivo cierre de exportaciones de maíz hasta fin de marzo, con el argumento de evitar subas en los costos de alimentación del ganado y, por ende, de los precios de la carne.

Más hostil aún fue la fijación oficial del tope de 5% para enero en telecomunicaciones, con prestaciones universales básicas y obligatorias en telefonía móvil, internet y televisión por cable, tras el congelamiento de precios de fin de agosto mediante un decreto que las declaró unilateralmente servicio público esencial. Para las cooperativas, que no aplicaron aumentos en 2020, el ajuste será de 8%. El colmo de esta seguidilla de improvisaciones fue la insólita marcha atrás del Gobierno con la suba de 7% para febrero en las cuotas de medicina prepaga, que en el mismo día autorizó y luego anuló, cuando algunas empresas ya la habían comunicado a sus afiliados. Los más memoriosos deben recordar que, a comienzos de 2007, un aumento en las prepagas fue el punto de partida de la falsificación de las estadísticas del Indec por parte de Guillermo Moreno.

A esto se suma la incógnita sobre las tarifas de electricidad y gas, después de casi dos años de congelamiento y las versiones no desmentidas sobre un tope de 9% reclamado por CFK. Esto abre dudas sobre la intención de no incrementar los subsidios incluida en el presupuesto 2021, donde tampoco es segura la apuesta de eliminar el "gasto Covid" para reducir el déficit fiscal primario de casi 7 a 4,5% del PBI y llegar a un acuerdo con el FMI en abril. Paralelamente, el cierre de los vuelos debido al aumento de contagios impide el ingreso de turistas extranjeros que podrían aprovechar una Argentina barata en dólares, por cierto, más si los cambian en el mercado paralelo que el oficial.

En este sentido, la militancia kirchnerista que admira el modelo cubano debería reparar en un cambio que aquí pasó casi inadvertido detrás del revuelo político de fin de año. Desde ayer, Cuba abandona el peculiar régimen bimonetario impuesto en 1994 para paliar su crónica escasez de divisas y convertir al turismo externo en su principal fuente de ingresos. El sistema ya venía tambaleando y la pandemia terminó por derrumbarlo. Ahora sólo circulará el peso cubano (con una paridad fija de 24 por dólar) y desaparece el peso cubano convertible (CUC) reservado a turistas extranjeros, equivalente a un dólar (menos un impuesto de 10%), que hace años derivó en una explosión de la economía en negro para hacerse de dólares, que en la calle llegaron a cotizar hasta 50 pesos. Si bien el salario mínimo (equivalente a US$17 por mes) será quintuplicado en los próximos seis meses, el cambio forma parte de un fuerte ajuste económico con reducción de subsidios a las empresas públicas y aumentos en energía, telefonía e internet. El "reordenamiento" apunta a generar más ingresos por exportaciones y turismo, pero también disparará la inflación al impactar sobre la importación de alimentos. Resulta curioso que CFK, que hace diez meses estuvo en Cuba, no lo haya advertido en su carta de octubre, cuando sostuvo que la preferencia de los argentinos por los dólares era un problema patológico.

En Venezuela las cosas no están mejor: durante el verano de 2020 en las playas de Cartagena (Colombia), jóvenes venezolanos emigrados ofrecían por un dólar a los turistas enormes fajos de billetes de bolívares como exótico souvenir.

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