Vaca Muerta: negocian contrarreloj para lanzar el proyecto de ley que impulse las inversiones

A contrarreloj, la Secretaría de Energía comenzó a difundir el último borrador del proyecto de ley para fomentar la producción de gas y petróleo. La idea que tienen en la cartera que dirige Darío Martínez es que, si todo sale bien, esté aprobada en el Congreso a mediados de septiembre, momento en el cual las petroleras internacionales hacen sus pedidos de presupuesto para el año próximo a las casas matrices.

Sin embargo, las expectativas no son muy optimistas. Por un lado, dado el ritmo que mostró este Gobierno para tomar decisiones, son pocos los que creen que el proyecto ingrese pronto en el Congreso y sea aprobado de manera express en Diputados y en el Senado. Sobre todo, cuando se trata de un sector estratégico para el país, en el cual dentro del oficialismo hay puntos de vista distintos.

En segundo lugar, persisten las diferencias entre el Poder Ejecutivo e YPF sobre la letra final del texto. El portal especializado en energía EconoJournal publicó un borrador del proyecto que sería muy parecido al texto final, según admitieron en la Secretaría de Energía. La petrolera con control estatal, sin embargo, dice que ese “no es el proyecto”.

En los últimos días, Ariel Kogan, el colaborador más estrecho de Martínez y encargado de elaborar el proyecto de ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, se reunió con todas las empresas, los ministros de Energía provinciales y los gremios del sector para hacer una ronda de consultas. El apuro por acelerar el proyecto fue tal que los encuentros se realizaron en un mix de manera presencial y virtual durante todo el último fin de semana.

Previamente, se buscó tener el visto bueno del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía Martín Guzmán, de quien depende la cartera energética.

A pesar de toda la expectativa que generó el proyecto, las empresas que accedieron al texto dicen que “tiene sabor a poco” y que es muy “mezquino”, ya que solo se autorizan exportaciones de petróleo en firme (ininterrumpibles) por el 20% excedente de producción, el resto está atado a la demanda que tenga el mercado interno. De ese 20%, se autoriza a usar como libre disponibilidad el 50% de las divisas que se generan.

A principio de mes, se había filtrado otro borrador que tenía condiciones más auspiciosas para las empresas: se permitía exportar en firme el 50% del excedente, y todos los ingresos generados por esas ventas al exterior eran de libre uso.

“Si realmente se quiere generar un incremento de la producción, no hay muchos incentivos. Le quita atractivo que el 80% de la producción incremental esté enfocada al mercado interno cuando no sabemos si el precio de venta estará alineado con el export parity [precio de paridad de exportación]. Es un poco mejor a lo que hay, pero le faltan cosas. Tiene gusto a poco”, opinaron en una de las petroleras internacionales.

Otra de las compañías criticó que el proyecto está hecho como un “traje a medida” de YPF, ya que tiene cláusulas a las que solo podría aplicar la petrolera con control estatal. De hecho, uno de los borradores de la ley que circuló en el pasado tenía el sello del departamento de legales de YPF, contaron a este medio.

“Estamos conformes, no es la mejor ley, pero la preferimos a no tener nada. Podría tener más incentivos, capacidad para quedarse con más divisas o más libertad de negociar. Esta demora de un año y medio para sacar la ley nos hizo mal a todos. Es un tema político. Sin ley, no hay inversiones”, señalaron en otra de las compañías.

Otro tema de mucho interés en el sector, además del porcentaje final que habrá para hacer uso de las divisas, es si se regulará o no el precio interno de los combustibles. En un principio, la idea del Gobierno era establecer bandas de precios máximos y mínimos para que la volatilidad del Brent -la cotización internacional del barril de petróleo que se toma de referencia en la Argentina- impacte menos en los precios de la nafta y el gasoil.

En el proyecto final que circula, se decidió quitar ese artículo y el mercado de combustibles se mantendría “libre” como es actualmente, aunque en la práctica es YPF quien establece los precios en acuerdo con el Ministerio de Economía.

“El primer proyecto que se había filtrado a comienzo de mes era excelente, con mayores permisos de exportación en firme y más acceso a divisas. El último es bastante mezquino, y le da un trato preferencial a las pymes locales, aun cuando ofrezcan un presupuesto superior al de las empresas internacionales. A los dos les falta una cláusula de arbitraje internacional, como tienen los grandes marcos regulatorios del mundo, que piden mucho las empresas para desembolsar inversiones”, opinó Tomás Lanardonne, socio del estudio Martínez de Hoz & Rueda (MHR).

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