Vaca Muerta: el Gobierno confirmó que el gasoducto se comenzará a construir en agosto

El Gobierno licitará el próximo mes lo que podría ser la gran obra de infraestructura de su gestión y, para sorpresa de muchos, es una continuación de una idea que tenía la administración anterior: construir un nuevo gasoducto que una la producción de Vaca Muerta (Tratayén) con la localidad de Salliqueló (Buenos Aires), en un primer tramo, y después extenderlo a San Jerónimo (Santa Fe). En un acto en Neuquén, el secretario de Energía, Darío Martínez, confirmó el llamado de licitación, indicó que se adjudicará en junio y que comenzaría a construirse en agosto.

En un área donde hay distintos puntos de vista sobre la política energética, esta obra genera apoyo unánime de todos los sectores, ya que la falta de transporte se volvió un cuello de botella para la creciente producción no convencional. Además, el gasoducto permitiría sustituir parte de las importaciones de Bolivia y de gas licuado (GNL), lo que ahorraría divisas en un contexto en el cual escasean las reservas del Banco Central, como dijo el presidente Alberto Fernández en el acto. La duda entre el sector privado es por qué se demoró la licitación, ya que el Gobierno anunció esta obra en noviembre del año pasado.

“¿Qué hubiera pasado si tan solo, hace 17 meses, con la producción cayendo al 8% anual, hubiéramos planteado la construcción de este gasoducto? Los mismos que hoy nos critican, hubiesen dicho que era una locura construir esta obra sin tener gas”, se defendió Martínez en el acto que compartió con el Presidente en el yacimiento Loma Campana, de YPF. Luego indicó que la empresa estatal Ieasa (ex Enarsa) “convocará a la licitación del montaje y la obra propiamente dicha, y en este segundo semestre estará abriendo las ofertas y adjudicando, para comenzar de inmediato los trabajos”.

Según las proyecciones de la Secretaría de Energía, la construcción costará US$1491 millones, ya que incluye también la ampliación de otros gasoductos menores, que ayudarían a ampliar el transporte. La cartera energética cuenta por ahora con US$183 millones de una partida que se incorporó al presupuesto del año pasado y con los US$520 millones que se recaudaron por el impuesto a la riqueza, y que tenían como destino proyectos de producción de gas de la empresa estatal Ieasa (ex-Enarsa) junto con YPF, pero que el Gobierno redireccionó.

Hay dos incertidumbres sobre la obra: si se podrá contar con todo el financiamiento, dado el ajuste al que se comprometió la Argentina en el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y si llegará a estar listo en el invierno próximo. Los analistas más optimistas señalan que podría estar en operación en 2023 si el Gobierno no se retrasa en la licitación y adjudicación, y si la construcción se hace de manera muy eficiente, aunque cualquier incidente puede hacerlo demorar.

El expresidente del Enargas Mauricio Rotiman está entre los que creen que “probablemente no llegue a estar operativo, por los tiempos de construcción, pero también por las dificultades presupuestarias y financieras del Tesoro para cumplir con las metas del acuerdo con el FMI”, según dijo el consultor energético.

Se considera que la rentabilidad que puede tener la construcción del gasoducto es de entre 11% y 14% de interés anual, lo cual es un nivel alto, pero no compensaría el costo de por lo menos 17% de financiamiento, con un riesgo país arriba de 1600 puntos.

El gasoducto demandará en la obra 1500 puestos de trabajo directos y 1500 puestos de trabajo indirectos, mientras que la nueva producción de gas nacional a transportar demandará, al menos, 6000 puestos de trabajo directos y otros 6000 indirectos. Se aumentará la capacidad de transporte progresivamente hasta 24 millones de metros cúbicos diarios (m3/d) con la etapa I y hasta 44 millones de m3/d con la etapa II y el total del proyecto.

El Presidente estuvo acompañado por los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez, y de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de La Pampa, Sergio Ziliotto; el presidente de YPF, Pablo González; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; y de Hábitat, Santiago Maggiotti; la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti; el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural, Guillermo Mangone, y el diputado nacional Julio Pereyra.

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