US$13.000 millones: el costo de la reputación de J.P. Morgan

WASHINGTON—El acuerdo tentativo de US$13.000 millones entre J.P. Morgan Chase & Co. y el Departamento de Justicia de Estados Unidos se produjo después de repetidos intentos por parte del banco de resolver una investigación penal sin admitir culpa, según fuentes al tanto.

El Departamento de Justicia, convencido de que tiene evidencia sólida ligada a la conducta del banco y resuelto a enviar un mensaje a Wall Street, rechazó una y otra vez los intentos de J.P. Morgan y accedió solo a resolver una serie de investigaciones civiles sobre la venta de valores respaldados por hipotecas en los meses previos a la crisis financiera de 2008. También amenazó el jueves pasado con presentar su propia demanda civil este miércoles si no se llega a un acuerdo, según fuentes al tanto.

Las dos partes siguen divididas sobre varios detalles de la propuesta, que incluye US$4.000 millones para resolver las acusaciones de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda de que J.P. Morgan engañó a Fannie Mae y Freddie Mac sobre la calidad de los valores hipotecarios que les vendió, otros US$4.000 millones en alivio para los consumidores y US$5.000 millones en multas pagadas por el banco, según fuentes al tanto del pacto. Un punto de fricción es si el banco deberá admitir que no siguió sus propios estándares al momento de titularizar las hipotecas, según fuentes al tanto de las discusiones.

Las negociaciones se dan en momentos en que el banco enfrenta una dura batalla en Washington. Otrora uno de los hijos favoritos de Washington, J.P. Morgan ahora batalla con una reputación enlodada y una relación fracturada con los reguladores después de las transacciones del operador conocidas como "la ballena de Londres". Las transacciones, que le causaron al banco pérdidas de US$6.500 millones, transformaron a J.P. Morgan de una institución que aparentemente no daba pasos en falso a una sometida a un fuerte y continuo escrutinio.

Cuando los principales banqueros de EE.UU. se reunieron en la Casa Blanca a principios de octubre, James Dimon, el presidente ejecutivo de J.P. Morgan, encontró que el letrero con su nombre había sido colocado en un asiento en la esquina, lejos de su silla habitual frente al presidente Barack Obama. Dimon, quien en juntas pasadas compartía rápidamente sus opiniones con el mandatario, habló poco durante la reunión, según algunos asistentes.

Otros presidentes ejecutivos interpretaron la nueva ubicación de Dimon como un símbolo de lo mucho que J.P. Morgan ha caído frente a los ojos de Washington.

El banco ha ofrecido una creciente cantidad de dinero para cerrar sus casos civiles a lo largo de los últimos meses, comenzando con una oferta de US$1.000 millones para resolver varios casos presentados por el Departamento de Justicia. Ese monto creció a US$13.000 millones a medida que se sumaron los casos civiles de otras dependencias del gobierno. Hasta ahora, ha pagado más de US$1.000 millones para resolver investigaciones en EE.UU. y Reino Unido que surgieron de las transacciones de la "ballena".

Para recuperar la confianza de Washington, Dimon ha llevado a cabo reuniones frecuentes con los principales examinadores del banco en la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) y está asumiendo un tono más conciliatorio, según el gobierno y los representantes del banco. En mayo, Dimon comenzó a llevar a cabo "asambleas" para los examinadores de la Fed, la OCC y la FDIC para que pudieran hacer preguntas y comunicar sus preocupaciones. El banco ha enviado cartas recordándoles a los empleados que proporcionen información precisa y oportuna a los reguladores.

"Desarrollar y mantener una cultura abierta y transparente con nuestros reguladores, y asegurarnos de ser receptivos y que la información que proporcionamos es completa y precisa en todo momento es crucial", escribieron Dimon y otros altos ejecutivos en un e-mail interno enviado a los empleados el 20 de junio y revisado por The Wall Street Journal.

J.P. Morgan también ha seguido gastando altas sumas de dinero para hacer lobby en Washington, con una cifra récord para el banco de US$8 millones en 2012, según el Center for Responsive Politics. La cifra se compara con US$7,6 millones en 2011 y supera con creces la inversión de su par más cercano, Wells Fargo & Co., que alcanzó US$6,8 millones en 2012.

No está claro si esas iniciativas le permitirán al banco superar sus problemas. Mientras Dimon es descrito como alguien "mucho más humilde" por los reguladores que se reunieron con él recientemente, el banco y sus representantes siguieron regateando sobre reglas relacionadas con la ley Dodd-Frank de 2010 y la conducta exacta por la cual está dispuesto a admitir infracciones regulatorias, según personas familiarizadas con la conversación.

J.P. Morgan redactó un acuerdo para evitar un proceso judicial este mes, con la esperanza de que los abogados del gobierno lo firmaran, pero no tuvieron éxito, según personas cercanas a las negociaciones. Un acuerdo de ese tipo permitiría que el gobierno estableciera mayores términos de cumplimiento sin admitir culpa, una situación que podría poner en peligro sus estatutos federales y estatales.

El Departamento de Justicia considera que el caso de J.P. Morgan es crucial para sus incipientes esfuerzos por lograr que bancos e individuos asuman sus responsabilidades por su conducta previa a la crisis financiera. El fiscal general de EE.UU., Eric Holder, planea usar el acuerdo propuesto de US$13.000 millones como un modelo para las investigaciones que siguen en curso contra otras grandes instituciones financieras que vendieron valores hipotecarios con problemas en el período previo a la crisis, según fuentes al tanto.

El acuerdo propuesto no parece presentar una amenaza a corto plazo para los cargos de Dimon como presidente de la junta directiva y presidente ejecutivo, en parte debido a que Dimon y los otros directores consideran que el acuerdo es un castigo injusto por las acciones de la empresa durante la crisis, señalaron personas cercanas a la firma. Una gran parte del acuerdo resuelve problemas que comenzaron con la firma de valores de Nueva York Bear Stearns y la caja de ahorros de Seattle Washington Mutual Inc., dos firmas que J.P. Morgan rescató en 2008, alentada por reguladores estadounidenses. Dimon les dijo a analistas este mes que buscaba que la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) le asegurara que J.P. Morgan no sería culpado por errores de Bear Stearns.

Las reuniones de Dimon con reguladores financieros han sido algo tensas. En septiembre, Dimon se reunió en Washington con el Contralor de la Moneda, Thomas Curry. La relación del banco con la OCC se volvió cada vez más dificil durante el último año, desde que se supo que no le entregó al regulador información crucial sobre sus operaciones con la "ballena de Londres". Ese mismo mes, la OCC multó a J.P. Morgan con US$300 millones por sus débiles controles de riesgo en relación con las operaciones, entre otros cargos.

El banco también disputó inicialmente las acusaciones de la CFTC de que corredores de J.P. Morgan se habían involucrado en actividades manipulativas mientras realizaban las operaciones de la "ballena de Londres" en 2012. Abogados de Sullivan & CromwellLLP, el bufete que representa al banco, disputó la exigencia inicial de los reguladores que buscaban que el banco admitiera su culpa del caso. Los abogados sostuvieron que la agencia tendría problemas para probar en la corte que los corredores del banco se involucraron en actividades manipulativas.

Dan Fitzpatrick, Deborah Solomon y Scott Patterson

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