Uruguay encara una profunda reforma de su sistema jubilatorio: las claves de la propuesta oficial

MONTEVIDEO.– El gobierno de Uruguay impulsa una reforma jubilatoria que busca dar sostenibilidad financiera en el tiempo, para contrarrestar el impacto de un déficit creciente y que, por primera vez en la historia, integraría a todos los sistemas que fueron creados en distintas épocas para atender a diferentes sectores de la actividad.

El régimen propuesto amplía el mecanismo de cuentas de ahorro individual y procura que la edad de retiro, hoy fijada en los 60 años, sea más alta, con un crecimiento en forma gradual, para no afectar a los que están cerca de jubilarse.

Con acuerdo de los cinco partidos de la coalición oficialista –algo que en principio asegura mayoría en las dos cámaras legislativas–, el presidente Luis Lacalle Pou envió el viernes último al Parlamento el proyecto de ley que lleva a los trabajadores de todos los sectores a un régimen mixto, que combina un esquema de solidaridad intergeneracional con cuentas de ahorro personal de capitalización, que determinarían una renta vitalicia.

La reforma amplía la participación de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), que fueron creadas en 1995 y que son rechazadas por los sindicatos y por organizaciones de izquierda, que ya manifestaron su intención de promover un plebiscito para estatizar todo el sistema.

“Para este gobierno, esta reforma es un deber ético y ciudadano, un acto de responsabilidad nacional, que no es opcional y que trasciende visiones políticas y sectoriales de corto plazo”, afirmó el jueves Lacalle Pou, luego de conseguir el voto unánime del Consejo de Ministros. “Se trata de asumir la realidad y de actuar en consecuencia, de gobernar generando condiciones para un futuro mejor”, agregó.

La reforma abarca a todos los sistemas: los que reúne el Banco de Previsión Social (BPS), que reúne a quienes están en la industria, el comercio, los servicios, la docencia, el trabajo rural y la gestión estatal, así como también a los servicios de retiros de las Fuerzas Armadas, a la Caja Policial, a la Caja Bancaria, a la Caja de Profesionales Universitarios y a la Caja Notarial.

El jefe de Estado explicó que los fundamentos de la reforma son el déficit financiero y los cambios demográficos, como el aumento de la expectativa de vida. Desde el gobierno se afirmó que “las personas viven más y mejor y cada vez hay menos nacimientos: de 59.000 en 1996 se pasó a 34.000 en 2021″.

El proceso de reforma comenzó con una comisión creada por la Ley de Urgencia, apenas asumió el gobierno, en marzo de 2020. Estuvo conformada por delegados de todos los partidos políticos y representantes de trabajadores, jubilados, empresarios y dependencias de gobierno. Esa comisión trabajó casi dos años en elaborar un diagnóstico y un listado de recomendaciones, que recibieron el voto en contra de la oposición de izquierda y de los sindicatos de empleados y pasivos, liderados por el Partido Comunista.

En el gobierno anterior, el entonces ministro de Economía, Danilo Astori, había advertido que era necesario reformar el sistema jubilatorio lo antes posible, dado el déficit fiscal creciente y la incidencia del desequilibrio progresivo del sistema previsional. El debate giró sobre los “costos políticos” y las dificultades para tomar medidas que impliquen rebajar beneficios. Eso llevó a que, ya en el actual gobierno, algunos legisladores advirtieran que si la oposición de izquierda, el Frente Amplio, no se comprometía con las modificaciones, el oficialismo no debía asumir el plan en solitario.

Lacalle Pou insistió ante sus legisladores y socios políticos en que había que hacer la reforma, logró apoyo y jugó fuerte al marcar la cancha: “Hace muchos años que todo el espectro político reconoce la necesidad de reformar el sistema. Esta necesidad se fue convirtiendo en una urgencia por todos admitida, pero que no ha tenido respuesta hasta ahora. En este contexto, la omisión es una irresponsabilidad”. Agregó que la decisión no es en función “de cuándo son las elecciones o cuándo empieza la campaña”, porque, a su juicio, hacer la reforma no tiene “costo político”. Y añadió: “El costo político lo paga el que no tenga un acto de responsabilidad nacional, sabiendo que hay que reformar la seguridad social y no haciéndolo”.

Los puntos del proyecto

Con la reforma se prevé la convergencia de todos los sectores a un régimen de pasividad, que combinaría la jubilación de reparto con la renta vitalicia derivada de la capitalización de ahorros individuales

De aprobarse el proyecto, el aporte del trabajador será de 15% del sueldo, que se destinará en mayor proporción al fondo de solidaridad y en menor porcentaje a la cuenta personal.

Las condiciones para jubilarse son tener 60 años de edad y 30 años de trabajo: eso se modificará en forma gradual, sin afectar a los que están cerca del retiro, para aumentar el tiempo de vida laboral. Recién en 2040 se jubilaría el primer uruguayo a los 65 años. El aumento de la edad de retiro comenzará para los nacidos en 1973, que se jubilarán con 63 años, en 2036. Los nacidos en 1974 podrán dejar la actividad a los 64 años, en 2038. Y los nacidos a partir de 1975 serán la primera generación en jubilarse con 65 años, en 2040.

Se prevén dos excepciones respecto de la suba de la edad de retiro. Una es por la carrera laboral extensa, para quienes tengan 30 años aportados a la fecha de vigencia de la ley, o en escalas para los que tengan 40 años de trabajo. Otra es para quienes ocupan puestos de trabajo particularmente exigentes (en las actividades de la construcción y rural) que tengan un alto grado de esfuerzo físico; esas personas podrán jubilarse con 60 años de edad y 30 de trabajo. La reforma contemplará, además, los siguientes puntos:

• Los jubilados tendrán el derecho a trabajar aun estando retirados.

• Todos los mayores de 70 años accederán a un ingreso mínimo en forma gradual.

• Se reconocerán todos los años de trabajo, aunque no se llegue al mínimo de 30 años acumulados, por lo que cada peso aportado contará.

• Los jubilados por el nuevo sistema tendrán pasividades mínimas mayores que las actuales a través del suplemento solidario, una fórmula que se aplicará a todas las jubilaciones de hasta 42.000 pesos (unos 1030 dólares). Cuanto menor es la jubilación, mayor será el suplemento.

• Establece un apoyo a las familias con hijos con discapacidad severa: se podrá computar dos años como aportados, con un máximo de cinco, en el caso de tener hijos con discapacidad severa. Este beneficio se suma al ya vigente de un año por hijo.

• Se les da cobertura de seguridad social de los trabajadores uruguayos que no la tengan y trabajen para empresas no radicadas en el país.

• Podrán mantener la cobertura los trabajadores temporalmente expatriados por empresas radicadas en el país.

• Los trabajadores podrán acceder a una jubilación parcial a partir de los 60 años, en el caso de tener 30 años aportados o de estar en una situación de desempleo

• Como un incentivo para diferir el retiro, se prevé que quienes dilaten el cese tres años, por lo menos, puedan cobrar el 9% del saldo acumulado por su cuenta individual, en forma de capital y en un pago único.

• Establece un régimen especial de cobertura de la invalidez y muerte en actividad.

• Se crea un nuevo fondo de ahorro (“crecimiento”) para los más jóvenes, con un balance especial entre rentabilidad y riesgo.

El presidente apuesta a que el Senado apruebe la reforma antes de fin de año y a que Diputados termine la votación en la primera mitad del 2023. Afirmó, “el gobierno avanza en la reforma” al sentirla como “una medida de largo aliento que crea futuro”, que “permitirá asegurar una vejez digna, pero también no endeudar ni complicarle el futuro a los jóvenes”. Y sostuvo que encarar los cambios es “un acto de responsabilidad nacional, un deber ético en el presente y es, fundamentalmente, una apuesta al futuro”.

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