Una vieja discusión de plata que impacta en la billetera de la Ciudad y en la disputa política

Cualquier hombre de negocios podría decir que cuando hay una discusión de dinero no hay un problema sino que lo que se presenta es un costo. La discusión, entonces, es quién lo afronta. Ese pragmatismo extremo indica, entonces que aquel desacuerdo cambia de sentido y lo que se empieza a debatir es quién lo afronta.

Algo así sucede entre los gobiernos de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires que, desde hace tiempo, disputan porciones de dinero y compensaciones cruzadas. Ese contrapunto tiene ahora un nuevo capítulo: el traspaso de 31 líneas de colectivos que circulan solamente por el territorio que queda dentro de los límites de la General Paz, el Río de la Plata y el Riachuelo. La Casa Rosada dice que los subsidios los deberá pagar el gobierno de Jorge Macri porque son líneas que solo recorren calles porteños; en la casa del alcalde replican que eso no es Constitucional ya que el transporte metropolitano lo maneja la Nación y que este tipo de planteos podría terminar en la Justicia.

El tema conflictivo es la particularidad de las tres jurisdicciones en el Área Metropolitana. Allí conviven con claridad la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En principio, hay algunos colectivos que circulan sólo por la provincia, que no tienen paradas más que el terreno que maneja Axel Kicillof. Pero, además, existen decenas de líneas que pasan de una jurisdicción a otra. En esas interviene la Nación y es lo que presupuestariamente se llama Jurisdicción Federal.

Esas líneas son las que se enumeran desde el 1 al 199 y tienen en común que todas tocan en algún punto del recorrido la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, de ese universo hay 31 que tienen las dos cabeceras en terrenos porteños y que jamás traspasan los límites. Ahí radica la particularidad y la complejidad del asunto.

En principio, un recorrido por los números. A grandes rasgos, el sistema de colectivos metropolitano tiene 18.000 colectivos según lo empresarios, y alrededor de 16.500 si se toman los números del Gobierno que sostiene que varios de aquellos no circulan. De ese número, alrededor de 10% son los que ahora el Gobierno intenta pasar a la Ciudad, mientras que otro 40% son los que pasan de una jurisdicción a otra. El resto, sólo provincia.

Es decir, esta discusión entre la administración de Javier Milei y la de Jorge Macri es por uno de cada 10 colectivos del Área Metropolitana. A simple vista, pareciera que es sencilla la resolución ya que si circulan por la Ciudad, pues que su administración se haga cargo de los subsidios. Ese planteo tiene algunos problemas.

En principio, hay que decir que algo de esto ya sucede. Los contribuyentes porteños aportan 50% del costo del transporte de colectivos. ¿Por que el 50 y no el 100? Pues porque en épocas de Alberto Fernández en el poder, hubo una cierta comprensión presupuestaria ya que fue decisión suya quitarle una parte importante de los ingresos coparticipables a la Ciudad para dárselos, justamente, a su vecina bonaerense. Entonces, se negoció que el Jefe de Gobierno de entonces, Horacio Rodríguez Larreta, podría uno de cada dos pesos que consume el sistema.

Como expresó en un comunicado a administración local, esta medida –de solventar el 100% de los costos–, no va a ser aceptada. Las razones que esgrimen son relativamente atendibles ya que la Nación no le entrega la posibilidad de “fijar tarifas, regular el servicio, otorgar los permisos de operación, autorizar los recorridos, definir las frecuencias, establecer el monto y mecanismo de los subsidios y, finalmente implementar el pago a las empresas”. Es decir, se convertiría en un pagador sin derecho a revisar ninguna cuenta.

“La Secretaría de Transporte de la Nación tiene la facultad de decidir si mantiene o quita los subsidios, aumentar sus tarifas o cambiar sus recorridos. La Ciudad ha venido subsidiando al gobierno Nacional y a sus líneas de transporte público de colectivos; la Ciudad no recibe subsidios por parte de la Nación. Lo reciben directamente las líneas de colectivos a través de la Secretaría de Transporte”, argumentan en sede porteña.

Ahora bien, qué podría pasar si la Nación entrega todas las obligaciones pero también todos los derechos a los hombres de Parque Patricios. En principio, sería lógico que suceda ya que todas las jurisdicciones provinciales ya tienen esas facultades. El punto es cómo podría suceder que se separe un tipo de líneas, las absolutamente porteñas, con las otras que ingresan desde la provincia. De hecho, se podría dar el caso de que por un mismo recorrido transiten líneas de colectivos subsidiadas por distintas cajas y con regulaciones de dos agencias estatales.

El mundo, claro, resolvió este tipo de conflictos. Franco Mogetta, secretario de Transportes, lo a dicho varias veces. La forma que estas jurisdicciones llegan a soluciones es con la creación de un consorcio metropolitano que tenga poder delegado de los tres que intervienen y se dedique a las cuestiones fundamentales para mantener la llamada “coordinación tarifaria”. Claro que en ese eventual ente estarían representados los intereses de todos los actores.

Dicho esto, vale la pena recordar que esa agencia ya está creada en la Argentina solo que, rareza burocrática, nunca tuvo funciones concretas porque nadie quiere desprenderse de nada. La Nación, hay que recordarlo, hizo de la caja de los subsidios a los servicios públicos, una enorme caja de financiamiento para cualquier emprendimiento político, además de regularlo con una mirada electoral más que de planeamiento. Así, por caso, pisó durante décadas la tarifa del transporte público con la vista puesta en no tocar el bolsillo de los electores, además de no generar el impacto que los boletos de colectivos tienen en los índices de inflación.

Mientras la Ciudad no está dispuesta a recibir la herencia sin beneficio de inventario, en la provincia de Buenos Aires sí aceptaron esta solución en épocas de Fernández. El punto es que para pagar el 100% de los subsidios siempre se utilizó las transferencias de Nación y la quita de coparticipación a la Ciudad. Pero como se dijo, esto es cuestión de billetera; un costo, y no un problema. Y como suelen hacer los pragmáticos, la resolución vendrá por saber quién asumirá el costo. Los candidatos son tres: Nación, provincia o los usuarios.

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