Una treintena de líneas que maquillan una reivindicación de la autonomía porteña

Finalmente, hubo fumata blanca. Las nueve páginas que enmarcan el acuerdo firmado por el presidente Javier Milei y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, dejaron contentos a unos y otros. Los funcionarios nacionales bajaron un renglón de gasto a partir del mes que viene; los porteños, lograron que se escriban en aquel documento las reivindicaciones más importantes que pretendían para avanzar con una mayor autonomía de la Ciudad. Cada uno, con su juego, se sintió ganador.

La noticia fría da cuenta que la Nación traspasará a la jurisdicción porteña 31 líneas de colectivos que tienen un recorrido que no traspasa los límites de la avenida General Paz, el Río de la Plata y el Riachuelo. Para el pasajero, finalmente el sufrido usuario del transporte público, nada cambiará. Al menos por ahora.

Sin embargo, más allá del reboque del asunto, por detrás pasan decenas de situaciones que empezarán a ser las protagonistas de ahora en más. Sucede que el traspaso del transporte tiene dos aspectos claros. El primero, presupuestario; el segundo, normativo. La Cuidad decidió asumir todo el costo del cambio de jurisdicción de los colectivos porteños pero se aseguró de que en el acuerdo de traspaso aparezcan algunas argumentaciones que le sirvan para perfeccionar la autonomía y entonces sí, avanzar con las cosas que le interesan de verdad como el puerto, la terminal de ómnibus de Retiro, y hasta el Aeroparque Jorge Newbery, entre otros muchos lugares que están en la conversación.

Los primero, el precio del boleto. Según datos que proporcionó el gobierno de la Ciudad, el costo del viaje mínimo en el transporte público por colectivos (menos de tres kilómetros) en las 31 líneas que ahora son de jurisdicción nacional, pero que tienen recorrido sólo por los límites porteños, es de $863. De ese importe, el pasajero paga $371 mediante el boleto, la Nación aporta un subsidio de $271 y el fisco porteño, el restante $221. Ahora, cuando se retire la Casa Rosada, será el bolsillo de Jorge Macri el que deba aportar aquella porción que aportaba la chequera de Milei.

Hay algo más que agrega incertidumbre. Además del subsidio por el costo de la operación y la recaudación, que es el que se describió anteriormente, hay uno más que paga la Nación por el boleto integrado. Para que se entienda, se trata de ese beneficio que tienen los usuarios que toman más de un medio de transporte y que dispone que los pasajeros tengan un descuento en la segunda unidad de 50% del valor, y de 75% en el tercer tramo, siempre que sea en un lapso de dos horas. Esos subsidios suman en una cuenta paralela que hasta ahora también pagaba la Nación.

Los negociadores de Macri aceptaron hacerse cargo de todo el paquete, incluido este items. El asunto es que dentro de este beneficio conviven mayoritariamente líneas que son nacionales, es decir que van y vienen de un lado y de otro de la Avenida General Paz o de los puentes que cruzan el Riachuelo. Entonces, si ya no hay más subsidios para ese sistema de Nación, pues porteños y bonaerenses deberían estar de acuerdo. Los primeros dijeron sí; los segundos, comandados por Axel Kicillof, se negaron a pagar.

Así las cosas, en un extremo de ridiculez del transporte metropolitano podría darse el caso de que quienes ingresen a la Ciudad tengan un precio con ese descuento de 50 y 75% siempre que sean dentro de las dos horas de haber abordado el primero. Pero, al regreso, si los últimos tramos que llega a provincia no tiene el subsidio porque la Provincia no lo aporta, pues el precio sería mucho mayor. Más barato a la ida que a la vuelta. Una tremenda incongruencia en un sistema que no es estanco entre las jurisdicciones sino que está integrado por donde se lo mire.

Pero como se dijo, todos quedaron contentos. La Ciudad logró que la cuestión no sea intempestiva y que haya, al menos un mes, para que ambas partes redacten y publiquen el traspaso y la jurisdicción. En las oficinas de Parque Patricios, por caso, no tienen recursos humanos como para dedicarse a un tema que jamás estuvo bajo su dominio. No hay reguladores ni información contable como para calcular nada. Además, el asunto tiene que pasar por la Legislatura, un lugar donde el oficialismo no tiene mayoría propia. Del Lado de Milei, además del convenio, deberá haber un decreto que le de forma a la mudanza.

Este septiembre será un mes de formalidades hasta que, finalmente, a fin de mes la Ciudad empiece a pagar. Después, claro, vendrá un cálculo de costos y en su caso, la readecuación de las transferencias.

En las oficinas de los cercanos a Macri saben que hay un costo por esta nueva medida, pero descorchan por otras cuestiones. Sucede que el acta que firmó el Presidente y el alcalde avanza con detalle sobre la autonomía de la Ciudad. Por caso, recuerda el acuerdo que se firmó para realizar el traspaso del subterráneo y el Premetro. “Que la precitada ley tiene un sentido netamente federal al avanzar en reconocer a la competencia de jurisdicción y fiscalización a la Ciudad sobre servicios públicos prestados dentro de su territorio”, dice el convenio suscripto ayer. Con esos argumentos, por caso, podrían correr a pedir la jurisdicción sobre la Estación Terminal de Retiro, o el puerto, dos de la batallas más importantes que plantean los porteños.

Hay una parte más expresa aún. “En aras de velar por la consolidación de la autonomía de la Ciudad, corresponde instrumentar las medidas necesarias para que cada una de las partes ejerza sus competencias e implemente las medidas que considere necesarias para asegurar las prestaciones atinentes a su jurisdicción. Que estas medidas colocarán a la Ciudad en pie de igualdad con las provincias que integran la República Argentina, respetando la autoridad de aquélla respecto de la gestión y administración de los mencionados servicios”, se puede leer en el documento.

Jorge Macri bien podría armar una gigantografía con estas letras y pedir la autoridad sobre cantidad de lugares, además del puerto y Retiro. Es más, hay quienes estudian reglamentos, normas, derecho constitucional y doctrina. Y se envalentonan. El entusiasmo llegó a punto tal que alguien se preguntó si en ese pie de igualdad con las provincias que se rubricó no les daría derecho a pedir, también por el traspaso de la Universidad de Buenos Aires.

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