Una semana de señales oscuras que preludian más tensión con el FMI

La cumbre del G20 en Roma culminó una semana de señales oscuras sobre las discusiones entre el Gobierno y el FMI que anticipan un vínculo más áspero y tirante después de las elecciones legislativas.

El Gobierno ha elevado como condición sine qua non para cerrar un nuevo programa que el Fondo brinde una quita en la tasa de interés. Pero es un reclamo que parece lejos de prosperar. Alberto Fernández llevó el pedido a la cumbre de líderes del G20. El comunicado final de la reunión incluyó una mención, pero el lenguaje del texto –solo dice “nuestros ministros de Finanzas esperan con interés que se siga debatiendo la política” de tasas en el Fondo– dejó en claro que la movida no cuenta aún el respaldo del G7, los accionistas de mayor peso en el organismo. El board, que ya repartió US$650.000 millones este año a sus miembros por la pandemia, dejó saber su renuencia a dar ese alivio en una reunión informal en septiembre.

Estados Unidos es el principal socio del Fondo, y por eso el Gobierno se ha preocupado en tejer un vínculo estrecho con la Casa Blanca. Pese a ese esfuerzo, no hubo una reunión cara a cara de Alberto Fernández y Joe Biden. Roma ofrecía quizá la mejor oportunidad, y el Gobierno desplegó gestiones con Sergio Massa, Gustavo Beliz y el embajador Jorge Argüello. No ocurrió. En Roma, Biden tuvo bilaterales con la Unión Europea, Alemania, Turquía, Singapur, Congo –que preside la Unión Africana–, Francia e Italia.

El Fondo suele emitir un comunicado cada vez que la directora Gerente, Kristalina Georgieva, se ve con un jefe de Estado. Ocurrió en mayo, cuando Georgieva y Alberto Fernández se vieron también en Roma. Esta vez, el Fondo apenas difundió un tuit: después de dos años de conversaciones, Georgieva –debilitada y condicionada por el escándalo del Banco Mundial– dijo que acordaron con Fernández que sus equipos deben “trabajar juntos e identificar políticas fuertes” para encarrilar la economía. Punto. Ya hace unas semanas había reclamado en Washington –otra vez– un plan “creíble y sólido”.

A las señales de Roma se sumó la cruda descripción de la relación entre la Argentina y el Fondo que brindó Alejandro Werner, quien durante los últimos tres años fue uno de los protagonistas principales de ese vínculo. Al hablar esta semana en una conferencia virtual sobre América latina, ya sin el corsé del Fondo, Werner barrió con la expectativa de una mejora en la política económica, anticipó una corrida bancaria y dio a entender que las tensiones continuarán aun con un acuerdo, al que tildó de “una curita temporal”. Werner cree que el Gobierno no pagará o habrá “atrasos” en los pagos, un término diplomático para vestir el default.

En Washington parece instalada la idea de que el gobierno de Alberto Fernández pide, pero sin llegar a ofrecer nada a cambio. El Fondo, el Tesoro y la Casa Blanca han dejado en claro, en público y en privado, que esperan un plan económico para refinanciar la deuda por US$45.000 millones con el organismo y aliviar el asfixiante calendario de vencimientos del próximo año. El último en hacerlo fue el futuro embajador de Biden en la Argentina, Marc Stanley, en el Congreso.

“La deuda del FMI, 45.000 millones de dólares, es enorme. El problema, sin embargo, es que es responsabilidad de los líderes argentinos elaborar un plan macro para devolverla, y aún no lo han hecho. Dicen que ya pronto viene uno”, indicó Stanley.

De poco parecen servir las gestiones diplomáticas sin un plan detrás. Un reciente informe del banco de inversión JP Morgan marcó dónde está la raíz del problema, al indicar que una corrección gradual del déficit y la inflación, dos flagelos endémicos, requiere “un pacto político amplio y vinculante, lo que parece poco probable en la coyuntura actual dada la fragmentación pública y revelada de la coalición gubernamental”.

Es por eso que en Estados Unidos muchos analizan con lupa el discurso del oficialismo a la hora de sopesar la probabilidad de un eventual default con el Fondo. Fernández dijo en campaña que el Fondo no lo pondrá “de rodillas”, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, se acopló a los mensajes más ásperos del oficialismo contra el FMI.

Como si se tratara de un matrimonio disfuncional, incapaz de divorciarse –no porque no quieran, sino porque no pueden–, la Argentina y el Fondo deben encontrar una manera de convivir. Aun con un acuerdo, las perspectivas están tan deprimidas que la seguidilla de revisiones periódicas que vendría después estirará una tensión histórica. Ya lo anticipaba, en la primavera boreal de 2019, un funcionario macrista en Washington, cuando negociaban con el Fondo el manejo del dólar: “Siempre hay tensiones”.

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