Una ola de contradicciones oficiales de cara a 2022

Los primeros 15 días del nuevo año encuentran al gobierno de Alberto Fernández corriendo detrás de los acontecimientos en medio de un festival de contradicciones, errores no forzados y disparates discursivos, que deterioran aún más las expectativas y aumentan el riesgo de una crisis macroeconómica en los próximos meses debido al alarmante drenaje de reservas netas del Banco Central, la brecha cambiaria de 100%, la persistencia de altísima inflación y sus consecuentes distorsiones de precios relativos.

Hasta hace una semana el problema número uno era –y sigue siendo– la ausencia de un programa económico consistente para cerrar el acuerdo con el FMI, reestructurar a 10 años la deuda por US$ 44.000 millones, evitar la cesación de pagos con el Club de París antes del 22 marzo (fecha pactada por el propio ministro Martín Guzmán) y el freno de desembolsos de organismos multilaterales de crédito (BID y Banco Mundial).

Pero ahora acaban de agregarse dos de gravedad institucional y geopolítica. Uno, el explícito aval del Presidente a la insólita marcha contra la Corte Suprema de Justicia promovida por el ala camporista del Frente de Todos (con Luis D’Elía y el Ministerio de Justicia como alter egos de Cristina Kirchner) y su implícito daño a la división republicana de poderes. Otro, el respaldo al régimen dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua, con el agravante de la foto del embajador argentino junto a uno de los jerarcas iraníes con pedido de captura de Interpol por el atentado contra la AMIA.

Estos problemas colisionan directamente con la gestión que la semana entrante emprenderá en Washington el canciller Santiago Cafiero ante el departamento de Estado, en busca de acercar posiciones para encarrilar la estancada negociación con el Fondo Monetario. En la capital norteamericana no podrá hablar de previsibilidad económica, sin un plan consensuado con el nuevo staff del FMI; ni jurídica, tras los ataques del oficialismo a la Corte y sus fallos; ni tampoco de la política exterior, con los desconcertantes apoyos de los últimos dos años a dictaduras o regímenes autocráticos en nombre de los derechos humanos o el reciente debut de Alberto Fernández al frente de la Celac, el foro antiestadounidense inspirado por Hugo Chávez.

Paralelamente, el Presidente tiene previsto realizar a comienzos de febrero una visita oficial a China, donde difícilmente no aparezcan en la agenda algunos de los temas más conflictivos de la relación bilateral entre el gigante asiático y los EE.UU. Por lo pronto, el Presidente está invitado por Xi Jinping a los Juegos Olímpicos de Invierno, boicoteados por Joe Biden por razones políticas (represión a disidentes). Y durante este año debería decidir la adjudicación de la tecnología 5G de telecomunicaciones, que es motivo de disputa entre ambas potencias, mientras las principales compañías locales mantienen judicializado el controvertido DNU dictado por Fernández para declararlas servicio público y regular el precio de sus servicios.

También es un secreto a voces la presión china para vender a la Argentina una central nuclear de tecnología Hualong, con un reactor de uranio enriquecido y agua pesada no utilizados hasta ahora en el país. Su costo final ascendería a unos 13.000 millones de dólares y por esa razón en su momento fue descartada por el ministro Guzmán, aunque luego fue incluida en el plan nuclear a instancias del Instituto Patria.

Mientras tanto, la Secretaría de Energía acaba de acordar con la compañía China Electric Power Equipment and Technology (CET) la confección de un contrato de diseño de ingeniería, suministro y construcción de la obra “Proyecto de mejoramiento de la Red Nacional 500 kV Área Metropolitana de Buenos Aires Etapa I”. La obra, que prevé la instalación de una nueva estación transformadora y el tendido de 500 kilómetros de cable de alta tensión para reforzar el anillo energético del AMBA, demandará una inversión superior aUS$ 1100 millones, que sería financiada por las sucursales argentinas del Bank of China y del ICBC. El comunicado oficial no aclara si se recurrirá al swap chino que forma parte de las reservas del BCRA solo para aplicar al intercambio bilateral.

En la Casa Rosada afirman además que China apoya el acuerdo de la Argentina con el FMI; pero no en el sentido que señala el Gobierno, sino como una exigencia para asegurarse el repago de futuros créditos al país. Aunque en el oficialismo hay quienes se ilusionan con un financiamiento alternativo chino en caso de no llegarse a un entendimiento, desconocen que sus condicionalidades suelen ser más duras y drásticas que las del Fondo.

A esta ola de contradicciones se suman otras tres no menos alarmantes, porque los diagnósticos y relatos oficiales se alejan cada vez más de la realidad.

Por caso, la excepcional ola de calor de los últimos días dejó al descubierto que mantener las tarifas de electricidad congeladas en el AMBA, que cubren menos de un tercio de los costos, tiene como consecuencia la escasez de inversión en la red de distribución, que deriva en apagones –parciales o masivos– ante los picos de demanda. Sin embargo, el decreto que dispuso el discutible asueto administrativo de ayer y anteayer en el Estado nacional, los atribuye en primer lugar a la “reactivación sostenida de distintos sectores de la economía nacional en 2021″; y, en segundo, a las altas temperaturas producto del fenómeno de la Niña. En este caso, sin mencionar que la sequía puede afectar en el Litoral a la generación hidroeléctrica, la cosecha gruesa, los embarques y el ingreso de divisas de los próximos meses.

Otra prueba es que al anunciar el acuerdo con la CET de China mencionado anteriormente, la Secretaría de Energía explicó que la obra es la mayor en su tipo de los últimos 30 años en el AMBA (lo cual demuestra el déficit de inversión en transporte de electricidad) y actualizará los sistemas de respuesta automática y ciberseguridad en el sistema interconectado. Justo dos días después de que un insólito cortocircuito en una modesta vivienda de San Martín donde los cables de alta tensión cruzan a pocos centímetros de su techo, fue señalado como causa del “incidente” que dejó sin luz ni agua a 700.000 usuarios de Edenor.

En definitiva, el sector energético está replicando la crisis del período 2003/2015, con alto impacto fiscal (por los crecientes subsidios estatales) y externo (uso de reservas en importaciones para generación eléctrica), lo cual implica inflación reprimida al igual que el congelamiento de naftas y gasoil desde hace seis meses, con precios equivalentes a la mitad de los países limítrofes.

Por eso la inflación de casi 51% en 2021, la segunda más alta desde 1991, es otra ola cuya inercia amenaza tomar más cuerpo este año, aunque el Presidente se haya congratulado de que el alza de 3,8% en diciembre fue más baja que en el mismo mes de 2020, sin considerar que casi todos los rubros del índice (salvo los servicios regulados) subieron a la par del nivel general.

También el Gobierno repitió la receta de relanzar Precios Cuidados para más de 1300 productos con ajustes de 2% mensual promedio hasta el 7 de abril en supermercados, sin admitir que alcanzan al 30% del consumo masivo y los miles restantes se compensan con ajustes muy superiores. Para colmo, la explosiva ola de contagios por la variante ómicron aumenta el ausentismo en empresas, complica el nivel de actividad y eleva costos laborales, con lo cual la “inolvidable” temporada de vacaciones queda reservada a los jerarcas del PAMI que veranean en las playas del Caribe.

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