Una maniobra de Cristina Kirchner pone en riesgo una bala de plata de Sergio Massa
La principal apuesta para traer dólares y demorar una devaluación quedó enlodada en la agenda judicial de la vicepresidenta; los llamados entre Massa, Negri y Ritondo para evitar otro traspié; el ejemplo de Mauricio Macri y la sorpresa del Gobierno para fin de año
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LA NACIONPablo Fernández Blanco
Mario Negri llamó por teléfono a Sergio Massa con la seguridad de quien intenta hacer una gestión de último momento para evitar una explosión de dimensiones siderales en la política doméstica. Era la mañana del miércoles 30 de noviembre.
El jefe del bloque radical de diputados le explicó al ministro de Economía sobre de la inconveniencia de dar un paso que, según intuía, el oficialismo concretaría al día siguiente. Lo justificó con el tema que más le preocupa a Massa. El Congreso debe tratar leyes fundamentales para el futuro de su gestión. Si bien Juntos por el Cambio no acompañará algunas de las más importantes, como el blanqueo, podía no obstruirlas.
Negri había detectado una jugada riesgosa el martes 29 después de las 14.30, tras una reunión con Cecilia Moreau, con quien tenía una relación amable desde hacía tiempo. Aunque Moreau no fue del todo precisa en ese encuentro, el líder radical notó un giro en la presidenta de la Cámara Baja: quienes hablaron con ella sostienen que el lunes 28 la habían notado distante con respecto al fallo del juez Martín Cormick, que objetó el nombramiento de la diputada radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura. Tres días después, sin embargo, había suspendido la designación de los cuatro diputados que debían ocupar ese organismo en base a la decisión del propio Cormick. Negri tenía motivos para sospechar.
La oposición observa una maniobra de Cristina Kirchner en el viraje de Moreau, que finalmente condujo a la escandalosa sesión legislativa del jueves 1° de diciembre pasado, con insultos, gestos obscenos y un desdén que estancó a los diputados en una parálisis inconveniente para el propio Gobierno, al menos desde la mirada de la economía.
Es un ejemplo nuevo sobre cómo la vieja agenda de la vicepresidenta, más enfocada en la Justicia que en la gestión, colisiona con los objetivos de quienes tienen tareas ejecutivas. Desde la sesión ambientada en la pelea por los consejeros, la oposición tiene la peor de las predisposiciones para tratar leyes fundamentales para administrar la crisis en el año electoral.
Son mojones legislativos en los que el propio Massa se involucró personalmente. Al principio de la semana del escándalo, también había llamado a Cristian Ritondo, presidente del PRO en la Cámara Baja, para allanar el camino de las normas que le interesan. Una de ellas es una moratoria, que mejoraría el agobiante frente fiscal con el que convive el ministro de Economía.
Otra tiene que ver con una norma antilavado que avanzaba en base al diálogo entre Pablo Tonelli (PRO) y Germán Martínez, el heredero de Máximo Kirchner en la presidencia del Frente de Todos en Diputados. Un trabajo colaborativo transgrieta para responder a las necesidades de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y embellecer al país de cara a la visita de una misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se espera el año próximo.
El FMI también pide la aprobación de la norma, que se convertiría en un certificado de buena conducta en un área sensible para atravesar el complejo 2023.
La última es la más importante. Massa empeñó una parte de su éxito futuro en una jugada que involucra a los Estados Unidos y a la AFIP, controlada por el kirchnerista Carlos Castagneto. Busca ingresar dólares de manera extraordinaria el año próximo, el único tabique real para contener el riesgo de una devaluación mayor, a través de un acuerdo para conocer las cuentas no declaradas de argentinos y la apertura de un nuevo blanqueo.
La intuición del equipo económico es que el convenio firmado el lunes pasado con el embajador Marc Stanley asustará a quienes tienen plata afuera sin declarar, que aceptarían el refugio de una nueva ley para exteriorizar capitales.
El proyecto debe pasar por Diputados. El PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Evolución posiblemente no acompañen la norma, pero tienen el poder de no ensuciar el trámite, por ejemplo, dando quórum. Al menos un emisario importante de ese grupo se lo sugirió al ministro. Pero el principio de diálogo detonó por la decisión de Moreau inspirada en Cristina Kirchner.
El ruido que provoca la agenda judicial del kirchnerismo tiende a borrar el trabajo político que muchas veces ocurre de manera subterránea. El gobierno del Frente de Todos debe ahora resolver una encrucijada: la llave para destrabar el tratamiento del blanqueo es la marcha atrás de Cecilia Moreau con el freno a la designación de legisladores en el Consejo de la Magistratura, que sostiene la vicepresidenta.
Juan Manuel López (jefe de la CC), Ritondo y Negri, entre otros, se reunirán en los proximos días para analizar alternativas que permitan normalizar el trabajo. Hasta el fin de esta semana no pensaban pedir el desplazamiento de Moreau, pero sí la marcha atrás de la decisión que, según ellos sostienen, desató la gresca el jueves del escándalo.
Es altamente improbable que la vicepresidenta convalide las pretensiones de la oposición en ese punto, más aún cuando todavía se escuchan los ecos de su furia contra el tribunal que la condenó a seis años de prisión.
Un giro en el Gobierno
La cruzada judicial de Cristina Kirchner puede sacarle arrugar el papel de pequeños regalos de fin de año que el equipo económico espera celebrar como una gran fiesta, de acuerdo con algunos datos que se manejan en reserva y anticipan el posible futuro.
El último miércoles se reunió el directorio del Banco Central. Es un ámbito interesante de intersección política. Lo conduce Miguel Pesce, uno de los últimos albertistas, que convive con el vicepresidente segundo Lisandro Cleri, la persona de confianza de Sergio Massa, y otros economistas.
Arrancaron a las 12 y terminaron alrededor de las 13:30, antes incluso de lo previsto. El orden del día no tuvo sorpresas y se trató rápido. Lo más interesante ocurrió en el tramo final de la reunión.
Las autoridades del BCRA creen ver en los indicadores de alta frecuencia (una medición de precios en períodos cortos) la desaceleración de la inflación que prometió Massa. Según la conversación informal del miércoles, esperan cerrar el año con una sorpresa: el indicador de noviembre rondaría el 5,5%, pero se ilusionan con que la cifra de diciembre empiece con 4% por el apretón monetario y algún efecto favorable del programa Precios Justos.
Pese a la desconfianza del mercado, el equipo económico guarda en el futuro cercano grandes expectativas, entre otras cosas, porque le daría un marco distinto a las negociaciones paritarias al principio de 2023.
Algunas autoridades del Central discutieron la chance de alterar en las próximas semanas dos elementos fundamentales para la vida de los argentinos en base a esa anticipación: el ritmo de devaluación del peso y la tasa de interés de la deuda remunerada del BCRA.
En otros términos, en las próximas semanas podría haber cambios sobre cuánto valdrá el dinero, cuál será la retribución a los plazos fijos y en qué medida será costoso financiarse con la tarjeta de crédito, por ejemplo.
La armada de Massa para controlar el frente monetario espera evitar errores del pasado. No repetirán la receta que surgió de la tensa relación entre el exministro Martín Guzmán y el propio Pesce, que implicaba una suba del precio del dinero que seguía por detrás a la inflación. Pero también miran el ejemplo de Federico Sturzenegger.
El 28 de diciembre de 2017 el presidente del Banco Central en la gestión de Macri participó de una conferencia comandada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la que también participaron Nicolás Dujovne (Hacienda) y Luis Caputo (Finanzas). Anunciaron un relajamiento en las metas de inflación, que debía ser acompañado por una baja en las tasas de interés dispuestas por el Banco Central para promover un crecimiento en el nivel de actividad. Economistas, políticos e integrantes del gobierno anterior creen que fue el principio del desmoronamiento de la gestión de Macri.
Los asesores de Massa intentarán evitar ese traspié “por derecha”. La retribución a bancos y depositantes se tendrá que mantener positiva, pero apenas por encima de la inflación.
El lugar de la tasa es el resultado de una discusión interna en el equipo de Massa. En los primeros días de su gestión, en una reunión en la casa del ministro, José Ignacio de Mendiguren usó un momento en el que Massa se había levantado para interpelar a Leonardo Madcur y Cleri, dos de los integrantes más destacados. “Todo muy lindo con ustedes, pero si les doy un bulón y una tuerca, no saben cómo diferenciarlos”, les dijo.
De Mendiguren, ahora secretario de Producción e Industria, se garantizó unos millones para su cartera. Mientras los que administran las reservas mantienen las tasas altas para que los pesos no vayan al dólar, él dispone de $500.000 millones en créditos para pymes. Esta semana, en una conversación privada, le puso un nuevo nombre: lo llama inversión en tasas, un colutorio para evitar hablar de subsidios.
El mismo plan regirá para el dólar. Si la inflación de este mes cumple con los moderados sueños de consolidar una efímera tendencia a la baja, la devaluación del peso se tendrá que mantener apenas por encima del aumento de los precios. Este es el ejemplo que dio un funcionario: el Banco Central no convalidará un crawling peg (devaluación controlada en pequeñas dosis) del 7% si los precios se adelantan 4%. Todo, con el mismo fin: controlar la inflación para detener la destrucción del poder adquisitivo del salario es la gran obsesión de Massa.
Son giros que ocurrirán en verano, una temporada que Massa espera transitar administrando las reservas que acumuló con el dólar soja II. Serán meses de tensa calma. El Gobierno debe cruzar un puente cambiario hasta marzo, cuando comience la nueva cosecha gruesa de soja. El punto de llegada lo marcará el agua, dado que la sequía afectará los rendimientos del campo y, por lo tanto, el ingreso futuro de dólares.
Otra vez, el ejemplo es Macri. La sequía de 2018, con pérdidas calculadas en US$8000 millones, está en el principio del camino que terminó en el FMI. En aquella ocasión, el tramo más agudo ocurrió en el momento de la cosecha gruesa.
Si la situación climática cambia en las próximas semanas, el Frente de Todos se ahorraría el golpe más duro de un traspié de ese tipo. Como ilustró un funcionario que coteja estas cifras diariamente: hasta ahora, esta campaña es mala, pero no trágica. De todas formas, una parte importante de la suerte del ministro se jugará en un partido que no puede controlar.
Tras la renuncia de Cristina Kirchner a ser candidata el año próximo, los confidentes de Massa creen que el futuro político del Frente de Todos se cerrará cada vez más sobre la economía. Lo resumen en un nuevo aforismo: si a Sergio le va bien, el candidato es Sergio. Si a Sergio le va mal, no hay candidato.
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