Una familia cercana a Macri denuncia que tiene 4000 hectáreas usurpadas en Santiago del Estero y acusa al gobernador

La semana pasada, Ariel Cingolani, encargado de La Simona, uno de los campos que la familia Masoni tiene en el departamento de General Taboada, Santiago del Estero, y que está parcialmente ocupado desde hace dos semanas por activistas campesinos, recibió en su teléfono el mensaje de WhatsApp de un desconocido. “Se te acabó la fachita de buena gente que usabas para esconder la estafa que les hiciste comer a todos los pobladores de La Simona… Estás hasta las manos, Chango”, empezaba, e incluía insultos y amenazas: “Flor de hijo de puta, vas a pagar todas las injusticias. Carnero”.

Dos lotes de La Simona forman parte de las casi 4000 hectáreas que los primos Guillermo y Daniel Masoni, conocidos hace tiempo en el mundo del real estate como dueños de Compañía Inversora Libertador (Cilsa) y Los Mimbres, tienen usurpadas. Encabeza las tomas el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), una organización fundada en 1990 e hiperpolitizada que lucha, entre otras propuestas, por la reforma agraria y que en los últimos años respaldó públicamente campañas del gobernador Gerardo Zamora y se acercó al kirchnerismo. De hecho, uno de los WhatsApp intimidantes incluía como sticker el escudo del Mocase y alguna llamada que los puesteros no quisieron atender. “Contestá, che, hijo de puta”, insistió el emisor, según consta en la causa.

La coincidencia de advertencias con movimientos en el terreno y la inquietud creciente de los cuidadores llevó a la empresa a tomar la semana pasada una decisión política: le mandó a Aníbal Fernández una carta en la que le pide poder contar con más gendarmes e incluso pagarlos aparte. El ministro de Seguridad todavía no la contestó.

El conflicto tiene al menos tres décadas y acumula demandas cruzadas. Luego de años de ocupaciones, los Masoni presentaron en 2012 una denuncia por amenazas, lesiones, abuso de armas, tentativa de homicidio, privación Ilegítima de la libertad, robo y usurpación contra la abogada Leticia Mabel Bravo, que representaba entonces a varios de los campesinos y que, a su vez, un año después, denunció a la empresa. Las causas no avanzaron demasiado hasta el año pasado, cuando, meses después de la muerte de Bravo, su exsocio Carlos Wayemberg se sumó como denunciante y obtuvo una respuesta favorable del juez Darío Alarcón, un magistrado de buena relación con Zamora. El gobierno de Santiago del Estero niega cualquier tipo de connivencia, pero hay al menos un pasado común entre el gobernador y Alarcón: cuando estaban en el sector privado, ambos trabajaron en el estudio jurídico de Julio Abate, actual jefe de los fiscales de la provincia. Zamora fue quien los nombró años después en sus actuales cargos.

Conflicto

Son las razones que llevan a los Masoni a desconfiar de todo. Incluso de los tiempos de la causa, cuya reactivación coincide con el momento en que ellos empezaron a acercarse a dirigentes del Pro y a darles respaldo para campañas. A Mauricio Macri, por lo pronto, a quien le prestan desde hace un tiempo las oficinas que el expresidente usa en Avenida del Libertador al 2700 en Olivos, provincia de Buenos Aires, pero también a Patricia Bullrich y a un exdiputado provincial de la oposición a quien contrataron como abogado: Rodrigo Posse, actual líder del Pro de Santiago del Estero.

El expediente se mueve, pero los Masoni se quejan de no tener acceso a él pese a ser los acusados. Hace un mes, por orden del juez y con 60 policías, seis patrulleros y un carro de asalto, según publicó en Clarín el periodista Nicolás Wiñazki, la Justicia allanó las oficinas de Macri.

No se lo buscaba a él sino documentación de la empresa dueña del inmueble. Se detuvo, además en Santiago del Estero, a Posse, que estuvo privado de la libertad durante 48 horas y salió gracias al pago de una fianza de 5 millones de pesos, y se pidió, sin éxito, la detención de los hermanos Masoni, que ya no están en país. Los abogados de la familia se quejan de que no les aceptaron los pedidos de eximición de prisión y que siguen sin ver el expediente en el que se los acusa.

Consultados, funcionarios de Zamora contestaron a este diario que el gobernador no tenía nada que ver en el asunto. “Es algo entre privados”, dijeron, y relativizaron también la relación con el juez: “Es una provincia chica, todos se conocen”. Alarcón, en cambio, prefirió no responder a un mensaje de WhatsApp de este diario.

El que sí opinó fue Wayemberg, el denunciante, que remontó el origen de la disputa a los tiempos del general Perón. En 1947, dice Wayemberg, Perón expropió los ferrocarriles y esas tierras, que pasaron a pertenecer al Estado nacional, fueron adquiridas por José Masoni, padre de los empresarios, gracias a las artes del lobbying que le daba su condición de representante de compañías británicas. “Son títulos fraudulentos, tengo las pruebas”, dice Wayemberg. La familia contesta, en cambio, que tiene toda la documentación de los 15 títulos de propiedad. Y envió a LA NACION un dictamen de la Corte Suprema que en 2017, sobre la base de un informe del procurador Eduardo Casal, insta a la justicia provincial a resolver la disputa. Esa iniciativa tampoco prosperó: el Tribunal Superior de la provincia consideró que uno de los recursos presentados por los Masoni era extemporáneo y todo quedó en la nada.

Una detención

¿Por qué se lo detiene a Posse, si es solo abogado?, le preguntó este diario a Wayemberg. “Porque él es el que está detrás. No es solo el abogado: forma parte de la asociación ilícita”, contestó, y admitió además haber representado a varios campesinos en reclamos de otros tiempos, pero no ahora. “Yo no trabajo para el Mocase. Mi reclamo es genérico: esas tierras son del Estado nacional”.

En 2015, la actual senadora Claudia Ledesma Abdala, casada con Zamora y entonces gobernadora, hizo un gran acuerdo con las partes para poner fin a los desencuentros. Fue un intento de solución extrajudicial que incluyó donaciones de tierra de la empresa a los campesinos. Lo firmaron Guillermo Masoni, la gobernadora, el entonces Defensor del Pueblo y el jefe de Gabinete de la provincia, además de representantes del Mocase.

Pero todo indica que la política partidaria volvió a complicar la relación. El Mocase, por lo pronto, respaldó en las últimas legislativas la campaña de Zamora. “En estas elecciones, junto al Frente Cívico, por Santiago”, dice el volante con que apoyaron la lista del gobernador. Y se metió en la discusión nacional por la Justicia. “Urgente todxs con Cristina. #NuncaMás. #BastaDePersecuciónPolítica”, dice otro más reciente.

La semana pasada, y especialmente durante el fin de semana, varios usurpadores empezaron a desmontar parte de los terrenos, a romper candados, a colocar postes y alambrar los campos. Como en la canción de Viglietti, pero al revés. Según consta en la causa, Ariel Ledesma, puestero del campo La Esperanza, vio en una de las entradas a un hombre que conocía y que, acompañado por un menor, cortaba en ese momento el alambrado de la puerta del predio. “¿Qué hacés?”, le preguntó. “Vengo a mi campo, lo voy a recuperar”, le contestó, y le anticipó que limpiaría de maleza el terreno del lote 5 y colocaría un nuevo alambrado.

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