Una empresa del Grupo Roggio no pagó los intereses en dólares de una obligación negociable
Está discutiendo con los acreedores el cambio de las condiciones; habían sido emitidas en 2021; en marzo pasado, ante la CNV, describió una situación compleja
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CÓRDOBA.- La Compañía Latinoamericana de Infraestructura y Servicios S.A. (CLISA), integrante del Grupo Roggio, no pagó los servicios derivados de obligaciones negociables. La empresa lo comunicó oficialmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV). La presentación la realizó Mariano Peterlin, en su carácter de responsable de relaciones con el mercado.
La decisión de la empresa con sede en esta ciudad encendió la alarma de una parte de la city por temor a que las dificultades para cumplir con las deudas se extiendan a otras compañías.
El 25 de julio pasado, indicó que no se hizo el pago “de los intereses correspondientes al período que comenzó el 25 de enero de 2024 y finaliza el 25 de julio de 2024. El contrato de fideicomiso establece un plazo de 30 días, contado a partir del día de la fecha, para el cumplimiento del pago de los intereses”.
Los intereses derivan de obligaciones negociables simples emitidas en 2021 a una tasa de interés creciente con vencimiento en 2027, cuyo valor nominal total en circulación actualmente asciende a la suma de US$358,050 millones.
En la presentación ante la CNV, se indica que la empresa “está en conversaciones con grandes tenedores que representan la mayoría del capital” de las obligaciones negociables en circulación, para “una posible modificación de los términos y condiciones de las mismas que le permita atender adecuadamente sus compromisos en un contexto complejo para las actividades que desarrolla”.
LA NACION habló con un referente de la empresa, quien ratificó que las negociaciones están en marcha y que las expectativas son positivas.
La referencia de “contexto complejo”, por supuesto, es a la parálisis prácticamente total de la obra pública en la Argentina. El Gobierno frenó los trabajos y avanza en un programa de transferencia a las provincias, pero tampoco estas administraciones reinician las obras inmediatamente.
A junio, desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), estimaron la deuda total acumulada en unos $400.000 millones, de los que alrededor de $250.000 millones está facturado y el resto está sujeto a procesos no concluidos de determinación de precios. Las fuentes del sector confirmaron hoy que no hay avances en las cancelaciones de pagos.
CLISA, al presentar el resultado financiero del primer trimestre, advirtió a la CNV sobre la “fuerte caída de la actividad económica” que convivía con “altos niveles de inflación”, así como “una alta volatilidad en las demás variables de la economía, lo que ha impactado significativamente en las cifras de los presentes estados financieros”. Así, al 31 de marzo registraba pérdidas que “la encuadran en la causal contemplada en el artículo 94 inciso 5° de la ley 19.550″. Ese punto establece que la sociedad se disuelve por pérdida del capital social.
“El Estado Nacional argentino está avanzando con un drástico plan de ajuste fiscal, basado en una disminución del gasto público y un aumento en la carga impositiva, y que incluye una significativa disminución en la ejecución de obras públicas, incluso proyectos que ya están en curso. Asimismo, las características del sistema tributario argentino han hecho que las provincias y municipios también se vean afectados por el ajuste fiscal a nivel nacional”, agrega ese documento.
En abril, después de una asamblea general de accionistas, se comunicó la decisión de una “absorción parcial” de las pérdidas “bajo la expectativa que las últimas disposiciones gubernamentales, tendientes al saneamiento de la economía nacional y el control de los desajustes macroeconómicos, en especial la inflación y la volatilidad del tipo de cambio, podrán hacer evolucionar favorablemente los negocios durante el ejercicio en curso para revertir dicha situación”.
Dos meses y medio después, notificó que negocia con sus acreedores cómo pagar los intereses por las ON emitidas en 2021 después de haber incumplido con la fecha prevista.
Aníbal Casas Arregui, presidente en S&C Inversiones, señaló que el Grupo Roggio es el garante de las ON emitidas por CLISA y advierte que la empresa “ya viene reprogramando pagos desde hace varios años con diferentes argumentos”. Ratifica que no hay default porque quedan los 30 días, que ya están corriendo, para cerrar negociaciones.
“En general, siempre se anticiparon y lograron un canje voluntario para el que hay que contar con la mayoría de las voluntades. Esta vez no fue así y están negociando ahora”, plantea.
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