Una emisión inevitable que podría terminar en pesadilla

La Argentina ingresó con varias patologías crónicas a la incertidumbre generada por la pandemia sobre la economía mundial, donde cada semana se van diluyendo las perspectivas de dos "V" (no una "W") en lo que resta de 2020: ni un rebote del PBI con ese formato ni una vacuna que permita desterrar al Covid-19 y ponga fin a las cuarentenas parciales o totales, cuyo doble impacto sobre la oferta y demanda de bienes y servicios ya provocó un derrumbe mucho más acentuado que en los dos peores trimestres de la crisis financiera global de 2008/2009.

Antes de la expansión letal del coronavirus, esa baja doméstica de defensas surgía de casi una década de retroceso del PBI per cápita, la inversión y el empleo privado; creciente inflación, aumento de la pobreza y del trabajo en negro; déficit fiscal estructural, mayor endeudamiento, fuga de capitales, corte del crédito externo, cepo cambiario y alto riesgo de default. Todo con el telón de fondo de una economía bimonetaria. Luego, el gobierno de Alberto Fernández reaccionó rápidamente al imponer la cuarentena obligatoria para aplanar la curva de contagios. También al adoptar medidas similares -de mucha menor magnitud- a las de otros países para auxiliar a trabajadores, familias y empresas cuyos ingresos quedaron pulverizados por el parate económico, aunque con fallas de coordinación y groseros casos de mala praxis que reducen su eficacia.

Pero la única herramienta disponible para esta necesaria asistencia estatal es la emisión de pesos por parte del Banco Central. La "maquinita" viene trabajando a destajo para monetizar el mayor déficit fiscal, ya que en marzo y abril el gasto público nominal subió al doble que la raquítica recaudación tributaria. A tal punto que el propio Presidente salió a negar versiones sobre el inminente lanzamiento de billetes de $5000, que parecían creíbles como forma de reducir costos de impresión y transporte de caudales.

La perspectiva de una fuerte expansión monetaria en los próximos meses es la principal causa de que en las últimas semanas se disparara la brecha cambiaria, que ayer trepó a casi 100% entre el dólar oficial ($70) y el blue ($138). No es la única. También influyeron el DNU que amplía el desactualizado presupuesto 2020 en $575.000 millones para reasignarlos a mayores gastos de la Anses y de varios ministerios por las medidas de emergencia del Covid; la incertidumbre sobre los plazos de la cuarentena parcial en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA); las tasas de interés negativas para los depósitos y la desconfianza creada por las normas oficiales para restringir y desalentar operaciones legales con el dólar a través del mercado de capitales (contado con liquidación y MEP), aunque no afecten las reservas del BCRA.

Esta combinación de factores hace que los pesos excedentes terminen por alimentar la demanda de dólares en mercados reducidos y con oferta con cuentagotas. Llamativamente, la ampliación de la brecha cambiaria contrastó esta semana con el retroceso del riesgo país (a menos de 3000 puntos, por primera vez en dos meses), ante la expectativa de un acuerdo más flexible con los acreedores privados para evitar el default de la deuda bajo legislación extranjera, que obligaría a "vivir con lo nuestro" y complicaría la recuperación pospandemia.

Aun así, también pesa el "prontuario" argentino de otras crisis económicas sin este imprevisto disparador sanitario. Una brecha de esta magnitud fue siempre sinónimo de más controles cambiarios; sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones; drenaje de reservas del BCRA; devaluación del tipo de cambio oficial y mayores presiones inflacionarias, con su correlato de nuevas medidas intervencionistas sobre la economía, que ya vienen apareciendo semana tras semana.

Por ahora, la emisión monetaria para cubrir el creciente déficit fiscal primario no se reflejó en el índice de inflación minorista de abril (1,5%) a raíz de la mayor demanda de pesos del sector privado para afrontar la cuarentena. A esto se agrega la ausencia de precios en los sectores que no habían sido incluidos en la fase tres del AMBA (ropa, calzado, perfumerías, colegios privados, entradas de cine y teatro, restaurantes, hoteles, pasajes de avión y micros de larga distancia).

Probablemente, un resultado similar se repita este mes, incluso con la gradual reanudación de algunas actividades. Según la consultora Eco Go, que dirige Marina Dal Poggetto, en cada día de la cuarentena más amplia (fase 1), la economía operaba a 41% anual por debajo de su nivel previo, mientras que en la fase 3 (AMBA), lo hace al 25% y en la fase 4 (resto del país) esa merma se reduce al 12%.

Sin embargo, las dudas sobre el futuro de la política económica son mayores que las del presente, ya que los desequilibrios macroeconómicos tarde o temprano pasan factura aun cuando sean justificados por la emergencia sanitaria (o se logre un acuerdo por la deuda).

Una de ellas es la duración de los auxilios a trabajadores y empresas afectados por el aislamiento (IFE, salario complementario, créditos a tasa cero o subsidiados), que en principio se extienden a mayo y junio. Pero, de ser prorrogadas en el tiempo, pueden tomar el carácter de derechos adquiridos y convertirse en permanentes, ya que serán difíciles de remover en medio de la recesión que proyecta para 2020 una caída del PBI entre 6 y 7% para este año.

Otra es que muchos políticos oficialistas creen vivir el sueño de un gasto público sin restricciones e inflexible a la baja, dentro del cual se disimulan muchas medidas no prioritarias. Basta revisar diariamente el Boletín Oficial para advertir una proliferación de decretos y resoluciones con designaciones en cargos cuya sola denominación hace dudar de su necesidad. También se anunció la fusión de Aerolíneas Argentinas y Austral sin reducir gerencias ni racionalizar estructuras y acaban de transferirse a YCRT las obras de la central térmica de Río Turbio, de cuestionable viabilidad. Todo esto eleva permanente el déficit fiscal y la emisión monetaria para financiarlo.

Pero ese sueño puede convertirse en una pesadilla. Dal Poggetto calcula que, hasta mitad de año, la monetización para financiar el agujero fiscal sumaría entre $800.000 millones y $1 billón (equivalentes a media base monetaria). Esos pesos son una virtual cuasimoneda, ya que cubren la función de medio de pago, poco sirven como unidad de cuenta y nada para ahorro.

¿Inflación alta o hiperinflación?

Por su parte, el economista Miguel Ángel Broda advierte que en una economía bimonetaria es probable que la recaudación del impuesto inflacionario caiga más rápidamente porque los individuos, además de volcar los pesos sobrantes a la compra de bienes, tienden a volcarlos a la compra de dólares. En este contexto -agrega- o se reduce el déficit fiscal real apenas amaine la crisis del coronavirus o el intento de recaudar más con la "maquinita de emitir" para financiar un déficit fiscal creciente puede llevar a una hiperinflación, como ocurrió en Chile (1973), la Argentina (1989 y 1990) y Venezuela en la actualidad.

De todos modos, la posibilidad de una híper no aparece en los escenarios de corto plazo de la mayoría de los economistas, que prevén una inflación de 50/60% para este año. No obstante, algunos no descartan el riesgo de una inflación alta como en los años 80, cuando llegó a trepar al 14% mensual y fue reducida exitosamente con la heterodoxia del Plan Austral, que finalmente fracasó en medio de una alta conflictividad sindical (los 13 paros de Ubaldini) y la ausencia de un acuerdo político para lograr un gasto público financiable, mucho menor que el actual.

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