Una caja millonaria: la trama detrás de un impuesto que incluye a Máximo y a Grabois y espanta a un aliado de Moyano

“Hasta Coca-Cola está de acuerdo”, se quejó una encumbrada fuente del Ministerio de Medio Ambiente sobre el proyecto de ley del kirchnerismo para gestionar envases que incorpora una tasa a pagar por las empresas y cuya recaudación –según estimaciones privadas- podría superar a lo que lleva embolsado el impuesto a la riqueza.

Esa certificación basada en la multinacional estadounidense es engañosa. En las empresas de consumo masivo creen que una ley de envases es fundamental, pero consideran que la gestión de la cuestión ambiental no debe saldarse con mayor presión tributaria sobre el sector privado. Menos aún con lo que algunos consideran una caja millonaria para La Cámpora y Juan Grabois para hacer política. Ese rechazo empresarial llegó incluso al sindicalismo. La propia Federación Argentina de Trabajadores de Aguas, Gaseosas y Afines (Fataga) rechazó la iniciativa impulsada por el ministro Juan Cabandié. El secretario general del “gremio de Coca-Cola”, Raúl Álvarez, es aliado de Pablo Moyano.

El gremialista no fue indulgente con un diagnóstico. “Los trabajadores de Fataga adhieren a los esquemas de reciclaje inclusivo, pero advierten que la tasa que se quiere aplicar para financiar esa actividad redundará en mayores costos de producción e inevitables incrementos de precios”, advirtió el comunicado firmado por Álvarez y alertó: “Nuestra preocupación, como siempre, son las fuentes de trabajo. El cálculo es sencillo, porque aplicando una nueva tasa a nuestra actividad, crecerán los precios y proporcionalmente la inflación; caerán aún más las ventas y eso generará tensiones sobre la masa crítica de mano de obra. Es decir, si esto se aprueba, también habrá mayor desocupación”.

Dentro del Gobierno, en voz baja, algunos coinciden con parte de la oposición. “Esto es recaudación para la Orga”, dijo un funcionario oficial al describir la tasa de hasta 3% a los precios mayoristas que incluye el proyecto. Aseguró ver la mano de Grabois detrás también. “Tratando de frenar la nueva caja de La Cámpora”, cuestionó en sintonía un diputado opositor, al caracterizar el llamado a la Copal, el Círculo de Políticas Ambientales, Cadibsa, Amcham, CAME; Cabelma, Alpha, Cadea, y Capa, entre economistas privados y expertos en impuestos para que participen de una discusión en el interbloque de Juntos por el Cambio para debatir el proyecto de ley de envases. La cita será mañana al mediodía.

La mirada dentro del kirchnerismo

En el Ministerio de Cabandié siguen asegurando que la lucha contra los plásticos es tan obvia que está incluso dentro de las conclusiones del G20, indican que el impacto en la inflación es “bajísimo” (en el oficialismo hablan de hasta 0,8% de la canasta básica, mientras que desde la Copal esperan un impacto de tres puntos) y recuerdan que el diputado chubutense de la UCR, Gustavo Menna, también presentó un proyecto vinculado a la gestión de envases. Es preciso aclarar que el mismo no tiene costo extra para las empresas. Cerca de Cabandié no darán el brazo a torcer con el Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (Fonager), la caja a la que iría a parar el dinero de la nueva tasa. Sin embargo, aceptarían debatir “la trazabilidad del destino de los fondos” para un “uso transparente”.

Cerca del ministro de ambiente afirman que no será el Gobierno quien maneje los fondos, sino los municipios e intendencias que tengan un plan de gestión del reciclado. Anticipan además que las tasas no se aplicarán a todos los productos (no aplica a los renovables ni a aquellos que se exportan, por caso) sino a los que decidan en el consejo consultivo. Según el proyecto, en ese ámbito las empresas tienen sólo dos representantes de los trece previstos.

“Primero quiero aclarar que no es un proyecto de La Cámpora sino del Frente de Todos. Lo firma el presidente Alberto Fernández y Matías Kulfas que no son de La Cámpora”, dijo Grabois a LA NACION. “Eso se dice para estigmatizar el proyecto. Es lógico que las grandes corporaciones que contaminan no estén de acuerdo con ninguna regulación; es lógico que nieguen todo y sólo acepten el bla bla bla del marketing verde, pero no está bien desinformar a la población. No es una caja. Es una medida de protección socioambiental. No se un impuesto. Es una tasa. Cubre el costo de un servicio ambiental. Si las empresas se hacen cargo de gestionar sus envases, no pagan nada; pero sino no se hacen cargo, no puede externalizar el pasivo socioambiental que generan”, explicó.

“Hoy las grandes empresas producen sus envases con materia prima que le provee una cadena informal de trabajadores precarios, los envases que generan contaminan nuestras aguas o terminan en rellenos sanitarios ¿no tienen que hacerse cargo de los pasivos que generan? ¿no tienen que modificar sus prácticas? ¿lo van a hacer por cargo de conciencia o para cuidar su billetera? Igual entiendo que ellos defiendan sus intereses. Lo que está mal es que la Cámara de Comercio de Estados Unidos, justo cuando se debate una ley que le pone límites a las prácticas contaminantes de sus filiales, ande repartiendo pasajes y estadías a Washington para diputados. Mucho peor es que los diputados argentinos lo acepten. Por eso lo denuncie en la oficina anticorrupción”, denunció Grabois y envió un PDF con una invitación de AmCham y la Fundación Centros de Estudios Americanos (CEA) a un diputado cuyo nombre aparece tachado. Tiene fecha del 15 de noviembre. Según pudo saber LA NACION, ese viaje del CEA se repite todos los años hace por lo menos once años.

La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, cercana a Grabois, que también hizo llegar su parecer. “El proyecto obtuvo dictamen en las comisiones de Ambiente y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación y ya está lista para tratarse en la próxima sesión. Sin embargo, vemos con preocupación que un sector minoritario de corporaciones insista con modelos de autorregulación empresarial en la gestión de envases que han demostrado su fracaso en la Argentina y otros países del mundo”, cuestionaron. Estimaron que en el país se producen 50.000 toneladas de residuos diarios y afirmaron que “los únicos que evitan que el sistema colapse son los 150.000 cartoneros y cartoneras que recuperan el material reciclable, trabajando muchas veces en pésimas condiciones”.

“La experiencia internacional muestra el fracaso de la autorregulación de los productores y de facultar a las empresas para que se supervisen a sí mismas a través de sistemas de gestión propios”, cuestionaron. “Hoy en día, los productores [las empresas] son ‘free riders’ o ‘polizones’, ya que se benefician por la colocación de envases en el mercado sin hacerse cargo del costo de gestión y externalizan los costos, que lo terminan pagando los recuperadores con su trabajo informal y el conjunto de la sociedad con contaminación ambiental, lo que afecta a generaciones futuras”.

Máximo Kirchner también defendió el proyecto. Lo hizo refiriéndose a la importancia de la centralidad que debe tener el ser humano en las leyes. Fue semanas atrás en el Congreso con Cabandié; legisladores del oficialismo y representantes de organizaciones cartoneras. Se encontraban también la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza y los de Berazategui, Juan José Mussi; y el de Ensenada, Mario Secco. “Lo recaudado se destinará para sistemas de reciclado”, prometió en medio de la polémica el jefe del bloque oficialista en Diputados, que asemejó el actual debate al del etiquetado frontal.

“Esta ley tiene en el centro al ser humano, la persona”, dijo Kirchner casi a tono con la COP26 de Glasgow. “Tenemos que trabajar para que el compañero o la compañera que están buscando un plástico o un cartón se encuentre en una situación mucho mejor a partir de la conciencia también que cada uno en nuestro hogar puede tener”.

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