Una caja millonaria: crece el temor en las empresas por un polémico proyecto que busca reactivar el kirchnerismo

Varios volantes aparecieron en los alrededores del Congreso. “Ley de envases con inclusión social. Sin cartoneros y cartoneras no hay reciclado”, decían. No fue casualidad. En silencio, y aún tibiamente, el kirchnerismo avanza para reavivar un proyecto de ley que generó una fuerte polémica durante el año pasado y que tenía como objetivo fundamental el cobro de una nueva tasa a las empresas que generaba una millonaria caja política.

Incluso dentro del propio Gobierno, en medio de la interna feroz entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, no se escondía la intención: la iniciativa del kirchnerismo duro era calificada como “una caja para la orga”, en referencia explícita a La Cámpora. A su vez, la misma se repartiría -según la letra de la iniciativa- entre municipios. Esa visión de algunos funcionarios enfrentados a la organización que dirige Máximo Kirchner cobra relevancia en un año electoral.

El primer acto para hacer renacer el proyecto de ley que generaba la Tasa de Responsabilidad Extendida del Productor (Tarep) –que implicaba hasta un 3% del precio mayorista de venta de cada producto envasado-, fue una sesión informativa que se realizó el martes a las 14 en la Cámara de Diputados con la presencia de funcionarios del Ministerio de Ambiente, de Desarrollo Social, representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), Copal (que agrupa a las firmas alimenticias), entre otros. También estuvieron representantes de los municipios, de los cartoneros y del ambientalismo, según supo LA NACION.

Fuentes que participaron del encuentro en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados –conducida por el diputado y referente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso- contaron a este medio que el oficialismo buscará sacar la ley antes de fin de año y señalaron que los representantes del Ministerio de Ambiente defendieron a capa y espada la imposición de la nueva tasa a las empresas. No hubo todavía ningún dictamen sobre el tema, según explicaron a este medio. La UIA, en tanto, dejó un documento con varias observaciones.

“La idea es llegar a un proyecto de consenso con todos los sectores. La tasa no se puede resignar porque tiene dos funciones. Por un lado, aumenta a mayor nivel de no reciclabilidad, porque pena lo menos reciclable, y por otro, tiene el objetivo de financiar el objetivo de reciclado en municipios y cooperativas. Se puede discutir y modificar”, contaron fuentes del oficialismo en el Congreso, que no aventuraron cuándo podría haber un dictamen ni sesión para tratarlo.

“Se está reposicionando el tema, pero para aprobarlo se necesita saltear una dificultad con la creación de una tasa. Se está hablando con varios bloques en ese sentido”, dijeron en el bloque del Frente de Todos a LA NACION. Cerca de Máximo Kirchner, manifestaron que sostienen el apoyo total que alguna vez le dieron al proyecto. En la oposición, dijeron que no había posibilidades de aprobar la iniciativa, ya que implica un nuevo impuesto, algo que no avalan.

Entendiendo las dudas que generaba el proyecto original -que no fue modificado-, y en la búsqueda de un consenso, el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, contó que en la reunión informativa presentaron tres propuestas. La primera, que convivieran un sistema privado de recolección y reciclaje impulsado por las empresas validado por Ambiente, con otro público financiado por la tasa. La segunda, que implica la integración de cámaras empresarias y recuperadores urbanos en el comité que administra los fondos (que deposita en un fideicomiso) y una tercera, que tenía que ver con sumar a las provincias a la asignación de los fondos que se recaudan con la tasa y que van a los municipios.

La primera en retomar el tema había sido la diputada nacional del Frente Patria Grande Natalia Zaracho, ligada a la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (impulsores del proyecto), y a Juan Grabois, el fin de semana pasado. “La ley de envases tiene que ver justamente con la responsabilidad extendida al productor. La idea es volver a impulsarla”, afirmó en declaraciones radiales. “La tasa del 3% queremos que vaya exclusivamente para generar conciencia ambiental y fortalecer los espacios que viene teniendo la tarea del reciclado”, agregó la legisladora.

En las empresas volvieron a cuestionar la medida, no solo por el congelamiento de precios que están encarando con el ministro de Economía, Sergio Massa, sino también por el avance con la ley de etiquetado. “Esto se va directo en precios”, dijeron en una firma. En el oficialismo hablaban a fines del año pasado de un impacto de la nueva tasa de hasta 0,8% de la canasta básica, mientras que desde la Copal esperaban que podría llegar a los tres puntos.

“La industria tiene que ser tenida en cuenta en la redacción de este proyecto, ya que podemos aportar valor desde el conocimiento del proceso productivo”, dijo Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA. “Además, siendo un proyecto que impacta en la producción de bienes con agregado de valor, debería incluirse en este debate a la comisión e industria. El sector privado solicita una verdadera Responsabilidad Extendida del Productor, pagar una tasa no es tomar la responsabilidad, es delegarla”, agregó el también presidente de Copal.

“Desde la UIA queremos una ley de gestión de envases post consumo, pero que sea producto de un debate constructivo y que tenga en cuenta los aportes del sector industrial porque coincidimos en la necesidad de que sea un tema legislado, que vayamos a una normativa superadora de la incertidumbre y vacío legal actual”, afirmó.

La letra chica

El proyecto, tal como estaba escrito, creaba el Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (Fonager), la caja a la que iría a parar el dinero de la nueva tasa. En Ambiente afirmaban que no sería el Gobierno el que maneje los fondos, sino los municipios e intendencias que tengan un plan de gestión del reciclado.

Además, afirmaron entonces que las tasas no se aplicarán a todos los productos (por ejemplo, no se le sumaría a los renovables ni a aquellos que se exportan) sino a los que decidan en el consejo consultivo. No obstante, según el proyecto del oficialismo, en el consejo las empresas tienen solo dos representantes de los trece previstos.

Máximo Kirchner había defendido junto a Juan Cabandié, ministro de Ambiente, el proyecto a mediados del año pasado. Fue refiriéndose a la importancia de la centralidad que debe tener el ser humano en las leyes. Había legisladores del oficialismo y representantes de organizaciones cartoneras. Se encontraban también la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, de La Campora, y participaban también los de Berazategui, Juan José Mussi; y el de Ensenada, Mario Secco. “Lo recaudado se destinará para sistemas de reciclado”, prometió el entonces jefe del bloque oficialista en Diputados.

“Esta ley tiene en el centro al ser humano, la persona”, dijo Kirchner. “Tenemos que trabajar para que el compañero o la compañera que están buscando un plástico o un cartón se encuentre en una situación mucho mejor a partir de la conciencia también que cada uno en nuestro hogar puede tener”, agregó.

En mayo del año pasado, el economista Fausto Spotorno había caliculado que la tasa –que eran $37 por kilogramo, según la unidad de gestión de envases, que podría estar ahora actualizada por inflación- podría llevar a una recaudación de entre $20.000 millones a $800.000 millones. Había advertido entonces que además era una tasa en cascada, porque los insumos con los que se producen algunos productos también vienen envasados.

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