Una amenaza velada de Guzmán a los acreedores para ayudar a Kicillof
LA NACIONLuis Cortina
La conferencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, convocada a las 9 de la mañana, apenas dos horas antes de su inicio, tuvo un claro objetivo, más allá de anunciar el envío al Congreso del proyecto de ley de "restauración de la sostenibilidad de la deuda".
Ni falta hace repasar la agenda de la semana: hoy vence el plazo para que los tenedores de bonos BP21, emitidos por la provincia de Buenos Aires, acepten o no la propuesta del gobierno de Axel Kicillof de reprogramar el vencimiento por US$250 millones, que opera en la práctica el lunes próximo, para el 1º de mayo de este año.
Kicillof necesita que al menos el 75% de esos bonistas acepten la oferta para no ser declarado en default en caso de no pagar en tiempo y forma.
Guzmán hizo un anuncio y planteó el escenario general: dijo que la Nación no le facilitará un salvataje al gobierno bonaerense (es decir, si los bonistas no aceptan la propuesta de prórroga no aportará los fondos para pagar que necesitan en La Plata) e insistió varias veces en que ambos gobiernos están trabajando coordinadamente para salir juntos de este proceso, con una renegociación "que permita que la economía crezca".
Por un lado, el ministro de Economía dijo estar actuando de buena fe y les reclamó a los acreedores la misma actitud en esta negociación, que, en los hechos, aún no comenzó.
Por otro, aun con el tono moderado y calmo que lo caracteriza, les advirtió al menos dos veces que ponerse duros para aceptar las ofertas que reciban será más ruinoso para todos. "Esperamos que haya voluntad por parte de los bonistas para obtener una solución ordenada. Porque si la situación termina siendo desordenada se perjudican todas las partes", advirtió.
Si hubiera habido un intérprete sin filtro ni diplomacia, la traducción habría sido: no crean que si no aceptan el único perjudicado será el país (que por cierto sufriría mucho en varios aspectos), porque ustedes entonces deberán pasar a pérdida los miles de millones de dólares que invirtieron aquí. Podría decirse que otro destinatario, secundario pero fundamental, también haya sido el Fondo Monetario Internacional, principal acreedor único de la Argentina.
La misma advertencia les cabe en particular a los que tienen los bonos en cuestión, emitidos en 2011 por el entonces gobernador Daniel Scioli, que hasta ahora solo tienen garantizado cobrar la cuota de intereses (unos US$27 millones).
Dijo Guzmán: la provincia está coordinando la estrategia con el gobierno nacional, pero rige el mismo principio: se pagan los intereses porque no se está en condiciones de pagar los vencimientos de capital. Pero reclamó al mismo tiempo que "el proceso debe ser rápido", para no demorar la normalización de la economía. Otra señal a los acreedores que apunta a evitar demoras en la negociación.
Seguramente el tema se terminará de definir entre el presidente Alberto Fernández y el gobernador Kicillof en el viaje que comenzaron ayer a Israel.
Respecto del proyecto de ley que envió anoche al Congreso, el ministro explicó lo obvio: no contiene los detalles de la negociación, cartas que todo buen jugador se guarda para ir tirando sobre la mesa en el proceso.
Pero sí permite apreciar, de manera indirecta, los carriles por donde transcurrirá la discusión con los acreedores. Cuando los periodistas le preguntaron en qué consistía la iniciativa, explicó que se inscribe en el marco de la ley de administración financiera, y mencionó dos aspectos fundamentales: por un lado, explicó lo que técnicamente se denomina "prórroga de la jurisdicción extranjera", esto es, que dado que los bonos que se van a renegociar están emitidos bajo las leyes de Nueva York, le pide autorización al Congreso para que los títulos que reemplazarán a los "reperfilados" se rijan por las mismas normas.
Esto permite ofrecerles a los bonistas condiciones similares a las que tienen hasta ahora y, al mismo tiempo, endeudarse a tasas más bajas que las que deberían pagarse con papeles bajo legislación argentina, dada la desconfianza que los mercados mantienen sobre el cumplimiento de las normas a nivel local.
En segundo lugar, recordó que en uno de sus artículos la ley de administración financiera pide que en cualquier reestructuración de deuda el país mejore las condiciones de emisión de los nuevos bonos en al menos dos de estas tres variables: plazos de pago, tasas de interés y montos del capital.
Sobre alguna, o sobre más de una, de esas variables intentará actuar el equipo negociador argentino para flexibilizar las posiciones de los acreedores.
A cambio, Guzmán promete un programa macroeconómico "consistente en lo fiscal y lo monetario", para lo cual, primero, debe saber el volumen de deuda que tiene que pagar. El tiempo empezó a correr.
Por Luis Cortina
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