Un salvavidas de plomo para las pymes
“Estoy orgulloso de haber salvado miles de pymes y el trabajo de los argentinos. El dilema de la salud o la economía lo tendrán otros”, dijo el presidente Alberto Fernández en el cierre de campaña del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires.
Tanta ayuda no le debe haber llegado a tiempo a Fabián “Zorrito” Von Quintiero, el célebre músico que cerró su restaurant al compás de una dura carta titulada “Adiós a la demencial lógica de las pymes”. Desde “Adiós Nonino”, el tango de Piazzolla, que un músico nacional no escribía una letra tan triste.
Por lo menos, la historia del “Zorrito” continúa, después de cerrar su restaurant, más aliviada que la de Piazzolla cuando se despidió de su padre: “Bienvenida una vida más libre de IVA, Ingresos Brutos, ART, seguros de vida, seguridad social, cuota sindical, retenciones, percepciones, comisiones de tarjetas de crédito, débito, Mercado Pago y aplicaciones de delivery, servicio de posnet, alquiler, ABL, luz, gas, agua, cuenta de banco, impuesto al cheque, autónomos, sueldos, abonos de sistema facturación, abogados, contador y, si te queda algo, el 30% de Ganancias” escribió el músico, que dejó atrás un verdadero infierno en vida.
Los datos no estarían, vaya sorpresa, del lado del Presidente. Lo cierto es que la combinación de una cuarentena innecesariamente prolongada y de programas de apoyo muchos menos potentes que los implementados por países vecinos dejaron un tendal en el entramado productivo, y más todavía en el sector de servicios. Los números de la macro son elocuentes. El PBI de la Argentina era en el segundo trimestre del año un 5% menor con respecto al cuarto trimestre de 2019, el último sin pandemia, mientras que ya se había recuperado totalmente en Brasil y Chile.
Los números micro son devastadores. Hace pocas semanas Ecolatina, la consultora que fundó pero que ya no pertenece al exministro de economía Roberto Lavagna, publicó un informe advirtiendo sobre la “PyMEdemia”. Sobre la base de datos de la AFIP, estimó que en 2020 cerraron 20.000 firmas. Un reporte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), de diciembre de 2020, fue más lapidario aún. Proyectando los datos de una encuesta a sus miembros (más de 500.000 empresas y comercios), estimó que en 2020 habrían cerrado 41.200 pymes y 90.700 locales.
Lo que continúa intacto es el reflejokKirchnerista de silenciar los datos y las voces cuando no les son convenientes. No parece probable que la CAME renueve su estudio este año. A mediados de mes la entidad que agrupa a 1500 cámaras empresarias de todo el país eligió un nuevo comité de presidencia con un marcado perfil K. Su nuevo presidente, Alfredo González, es un chaqueño que habría llegado de la mano del gobernador Jorge Capitanich. Fuentes del sector también ven la mano del ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y también del intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, que habrían logrado nombrar a gente cercana en el nuevo comité. El timing del cambio llama la atención. Se nota que los empresarios pyme tienen una brújula política menos potente que la de los miembros del Poder Judicial. La apuesta al presente, o al pasado inmediato, es total. Al consejo directivo se incorporó Damian Regalini, un empresario textil de militancia kirchnerista y dirigente de la fundación ProTejer, sector sobre el que volveré en breve.
“Una cuarentena innecesariamente prolongada y apoyos menos potentes que los de países vecinos dejaron un tendal en el mundo productivo”
Los cambios en la entidad son evidentes. Las primeras dos noticias que se ven al entrar a su pagina web son “CAME junto al Gobierno Nacional para impulsar el desarrollo industrial” y “Las autoridades de CAME se reunieron con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas.” Esta reunión seguramente es motivo de alegría en la entidad: Kulfas no había recibido a su cúpula anterior desde que está en el Gobierno. Mensaje para el resto de las asociaciones empresarias. También llama la atención que su estimación del indicador de ventas minoristas de CAME de agosto, que debería haberse publicado el 3 de septiembre, todavía no se haya hecho público, al menos hasta el jueves 9.
Para ser justos con el Presidente, hay sectores cuyas pymes y no tan pymes sí fueron salvadas por el Gobierno. Aunque sea a costa de los consumidores argentinos. Entre ellos se destacan, además de algunos productores de vacunas para el Covid, el sector textil y el de electrónica.
En su discurso de cierre de campaña, Alberto Fernández mencionó que empresarios del rubro textil se quejaron delante de él por la apertura de la importación durante el gobierno de Mauricio Macri, que casi los lleva a la quiebra. El cierre de la importación durante este Gobierno fue una bonanza para el sector. Y un drama para los consumidores. El precio de la ropa subió 97% desde diciembre de 2019 hasta julio de 2021, 31% más que el nivel general de precios de la economía. En el gobierno de Cambiemos, por el contrario, los textiles aumentaron 200%, contra 289% del nivel general de precios.
Como desde hace décadas y como ocurre en varios otros sectores, los consumidores estamos presos de un sector muy poco competitivo. La alternativa real no es pro-industria versus anti-industria, como nos quieren hacer creer muchos, sino ver qué tipo de industria queremos tener. El sector textil de la Argentina debería convertirse en un sector exportador de moda de calidad, una pequeña versión de lo que logró Italia luego de décadas de consistencia productiva. Esto nunca se conseguirá con la maraña fiscal y laboral que describió el “Zorrito”, y con poco financiamiento, que es caro y escasea porque se lo lleva todo el Estado.
Otro sector al que salvó Alberto Fernández es el de la electrónica. El Gobierno estaría a punto de renovar el régimen de promoción del sector en Tierra del Fuego, que vence en 2023, por al menos 15 años más. Uno de los más beneficiados es, paradójicamente, Nicky Caputo, el “hermano de la vida” de Mauricio Macri, aunque ahora estarían distanciados.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el régimen tiene un costo fiscal, por los impuestos que se dejan de cobrar, de casi $78.000 millones en 2021 (0,2% del PBI). El mayor costo, sin embargo, es que los consumidores argentinos pagamos precios varias veces superiores por productos de línea blanca y de electrónica que en otros países del mundo. Esta tendencia se agravó en el gobierno del Frente de Todos, que aumentó la protección al sector. La variación de los precios de electrónicos, artefactos para el hogar y equipos telefónicos con respecto al nivel general en las gestiones de Macri y de Fernández replica bastante bien el comportamiento de los precios de los textiles. El sobrecosto es, además, un impedimento para el desarrollo de la industria del conocimiento en comparación con otros países.
Así, dejando de lado algunos sectores que sí fueron salvados por el presidente, al resto de las pymes argentinas este gobierno (y el anterior) les tendió un salvavidas de plomo. Como al “Zorrito” Von Quintiero.
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