Un proyecto improbable que se coló en la campaña

“Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a Internet y a la televisión paga. De esta manera, garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas”, tuiteó el presidente Alberto Fernández el 21 de agosto de 2020. Y, al día siguiente, salió publicado el DNU 690 que estableció que las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) eran servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia y que los precios iban a ser regulados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Sin embargo, como si esto no hubiera sucedido, en un acto por el relanzamiento de la iniciativa Argentina Programa, el lunes pasado, Fernández reiteró: “Vamos a hacer de internet un servicio público para que no nos sigan robando con las tarifas y que se enojen los que se tengan que enojar”.

Esta declaración encierra una acusación grave (y que cayó pésimo en la industria), por un lado, y, por otro, el presunto desconocimiento de que internet ya era en los hechos un servicio público, tal como lo estableció el decreto. Sin embargo, a la confusión se sumó ayer un proyecto de ley presentado por el presidente de la Comisión de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, el oficialista Alfredo Luenzo, para declarar (nuevamente) servicio público esencial a internet.

Fuentes del sector le bajaron el precio a la iniciativa. “Hay muchos proyectos dando vueltas y encima Luenzo ni siquiera renueva la banca”, dijeron. Es decir, que solo serviría para que el senador levante su perfil a partir del furcio presidencial.

“Luenzo juega su partido. ¿Es posible que salga la ley? Sí. ¿Es probable? No”, sumó otra fuente, según la cual el proyecto es viejo y el senador estaría aprovechando el exabrupto del mandatario. “Alberto metió un tema que no estaba previsto en la campaña y que es contraproducente porque se está peleando con Clarín”, agregó.

Lo cierto es que, si la intención es replicar el DNU con una ley, también podría ser cuestionada en la Justicia como lo fue la Ley de Medios y lo es el decreto. Si bien todavía no se resolvió la cuestión de fondo –si es constitucional o no–, varias empresas interpusieron medidas cautelares que les permiten seguir fijando sus precios.

Esta variable es vital para el sector porque es la vara con la que calculan y planifican sus inversiones. “Con el DNU no podés prever cuánto vas a facturar y el 85% de nuestras inversiones son en dólares. Es un tema de gravedad para nosotros y también es importante que se entienda que no son solo cuatro operadores, sino que hay más de 1200 pymes y cooperativas en el Interior sin acceso a financiamiento”, advirtió Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase). “Sin la inversión de los privados, internet no va a seguir funcionando como hasta ahora”, añadió.

Ese punto también fue señalado por varios analistas. Si las declaraciones del Presidente del lunes buscaban atraer electoralmente a los más jóvenes ¿es procedente meterse con internet? Tal como dice un operador, hacerlo servicio público sería “como convertir un auto de Fórmula 1 en un carrito de supermercado”. Hoy internet llega al 90% de los hogares del país, mientras que otros servicios que son públicos hace años están por debajo en penetración: el agua corriente, en un 89,1%; las cloacas, en 68,8% y el gas de red, en 66,2%.

Por otro lado, si no hay inversiones y el servicio decae otras preguntas válidas son: ¿qué pasará con la exportación de servicios basados en el conocimiento, algo que supuestamente el Gobierno busca impulsar? ¿Y con el futuro despliegue del 5G, un tema que fue parte de la agenda del enviado por los Estados Unidos, Jake Sullivan?

Mientras tanto, en la Justicia, el DNU sigue empantanado. Telecom, Telecentro, DirectTV y al menos 500 operadores nucleados en la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) tienen cautelares a favor en segunda instancia que les permiten fijar sus precios.

Las subas “libres” para este año ya están en el orden del 38% a 39% en promedio para telefonía celular cuando las autorizadas por el Enacom ascienden al 20%. Para otros servicios es difícil calcular los aumentos (que serían mayores), ya que hay promociones que se recortaron, por ejemplo, dejaron de representar un porcentaje de la factura y quedaron en un valor fijo.

Y si se pone la lupa no solo las empresas con cautelar aumentan libremente, sino también otras que no están en teoría alcanzadas por los fallos, pero se amparan en adhesiones o en el mismo espíritu del DNU que habla de servicios en competencia con lo que no poder aumentar supondría una asimetría. El Enacom no anunció que esté aplicando sanciones por desobedecer el decreto, con lo que solo queda la vía judicial, que terminaría en la Corte.

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