Un nuevo sistema tributario con foco en el crecimiento y el desarrollo

Desde que asumió, el Gobierno nacional sostuvo la reducción del gasto público y el equilibrio fiscal como prioridad de su programa económico. También avanzó en un ambicioso programa de desregulación que día a día elimina normas y regulaciones, muchas obsoletas, que implican costos para las empresas sin ningún beneficio.

Desde IDEA creemos que este contexto es propicio para abrir una discusión sobre una reforma impositiva de largo plazo, que favorezca el crecimiento y el desarrollo de la Argentina y que corrija las variables que nos llevaron a un sistema anticompetitivo, insostenible y complejo.

Un proceso de desregulación de la economía también debería simplificar un sistema impositivo donde se superponen los tributos: hoy, sobre la misma base imponible, las empresas pagan impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Es importante resaltar que, durante su primer año de gestión, el Gobierno implementó varias medidas orientadas a corregir distorsiones: la eliminación del impuesto PAIS, la prohibición de cobrar tributos municipales en las facturas de servicios, la baja de retenciones y la reducción de impuestos internos a los automotores, mal llamado “al lujo”, que sin dudas contribuirá a que los argentinos puedan dejar de pagar por un automóvil lo que internacionalmente sería un escándalo.

Sin embargo, queda mucho camino por recorrer y creemos que la prioridad debe ser disminuir la alta presencia de impuestos “superdistorsivos” que van contra la competitividad del sector privado. No es lo mismo un peso recaudado con un impuesto distorsivo que un peso recaudado con un impuesto bien establecido.

A nivel provincial, el impuesto sobre los ingresos brutos es el que más afecta la productividad y la competitividad de la economía. Sin embargo, es el impuesto sobre el que se sostiene la política tributaria de esos gobiernos provinciales. Este impuesto genera un “efecto en cascada” que encarece los bienes y servicios en cada etapa del proceso productivo, agravado por los regímenes de percepción y retención que anticipan el impuesto antes de que ocurra el hecho imponible. Cuanto mayor es el grado de elaboración final, más caro es el impuesto, y por lo tanto el costo del bien o servicio que se produce, afectando nuevamente al consumidor, que es quien finalmente paga “la fiesta”.

Otro punto que acrecienta la carga tributaria se encuentra en el nivel municipal, donde las tasas –como las de seguridad e higiene o viales– muchas veces no se comportan como tasas, ya que su costo no tiene una contraprestación ni se calcula en base a la prestación de servicios públicos. Al contrario, utilizan la facturación de las empresas como base imponible y terminan funcionando como alícuotas adicionales sobre los ingresos brutos.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar el alto costo de las cargas sociales sobre el trabajo que contempla nuestro sistema tributario, muy superior al de los países de la región. Es otro factor que impacta negativamente sobre la competitividad y que consideramos necesario ir eliminando y financiando por la Tesorería General, a través de los impuestos. De esa manera se reduciría la prima que implica el costo adicional que debe pagar un empleador por tener un trabajador adecuadamente registrado, lo que también alentaría la regularización laboral.

No se puede seguir pensando que solo un tercio de la población económicamente activa puede sostener un régimen previsional y de salud al que finalmente accederán los otros dos tercios. Hoy, aproximadamente 7,5 millones de personas trabajan en condiciones de informalidad (sin recibir ni realizar ningún tipo de aporte) mientras el sector privado asalariado formal incluye a 6,3 millones de trabajadores, con lo cual urge la necesidad de regularización.

Como todas estas distorsiones se dan en un marco de alta evasión fiscal, el sistema se vuelve cada vez más insostenible con una carga desproporcionada que recae en un grupo reducido de contribuyentes. Además, la ausencia de coordinación entre los tres niveles de gobierno genera un complejo laberinto normativo que dificulta cumplir en tiempo y forma con las obligaciones.

Por otro lado, estamos viendo que los esfuerzos de reducción impositiva, que favorecen a la producción, pero fundamentalmente al consumidor, están siendo sólo realizados a nivel nacional. Mientras tanto, vemos cómo municipios y gobiernos provinciales recorren el camino contrario, introduciendo nuevos o mayores impuestos, para sostener un gasto público que debiera ser revisado.

Consolidado el equilibrio fiscal, desde IDEA creemos que una reforma tributaria debería contemplar las siguientes prioridades:

1) La eliminación de los impuestos superdistorsivos -especialmente los derechos de exportación y el impuesto sobre los débitos y créditos- para promover la competitividad.

2) Reemplazar las cargas sociales sobre el trabajo por ingresos impositivos de la Tesorería General, que reduzca la prima que paga una empresa por tener un trabajador registrado e incentive la regularización del sistema.

3) La eliminación o reducción del impuesto sobre los ingresos brutos por parte de las 23 provincias y la CABA, comenzando por los regímenes de percepción y retención que debieran ser eliminados en su totalidad. Una opción puede ser reemplazarlo por un impuesto sobre las ventas finales (IVF), que frene el actual efecto cascada, o reducir el impuesto con mayor intensidad en los sectores económicos primarios y secundarios.

4) A nivel municipal, cobrar tasas sólo en los casos que se ofrezca una contraprestación clara y prohibir su recaudación como porcentaje de la facturación de las empresas. Adicionalmente, limitar la capacidad de los municipios para crear nuevas tasas.

5) Ampliar la base de recaudación a través del combate contra la evasión. En este sentido, la eliminación del impuesto sobre los débitos y créditos es central. También la simplificación y coordinación del sistema.

6) Establecer que ningún proyecto de ley con impacto en el gasto público pueda ser aprobado sin fuente de financiamiento y cálculo de su impacto fiscal.

7) Impulsar un nuevo sistema de distribución de los recursos recaudados nacionalmente basado en criterios objetivos como población, condiciones sociales e indicadores de gestión de las políticas públicas provinciales con una revisión periódica. Esto se trata, además, de un mandato constitucional que ha sido ignorado por todos los gobiernos posteriores a 1994.

8) Simplificar el sistema y eliminar los tributos de baja recaudación, ya que la mayor parte de los impuestos recaudan apenas el 5% del total de los recursos consolidados.

Desde IDEA llevamos varios años proponiendo ideas sobre eventuales medidas fiscales. Lo hacemos convencidos de que el principal beneficiario del cambio será el consumidor, que es quien paga su ineficiencia. También en que su implementación generará incentivos para el crecimiento, la generación y regularización del empleo y funcionará como un catalizador para el crecimiento de la Argentina, siempre con el equilibrio fiscal como punto de partida y condición base.

El autor es presidente de IDEA y socio de PwC Argentina

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