El llamado a Trump y una visita a Washington: cómo el Gobierno logró un guiño de la Justicia de EE.UU. por YPF
LA NACIONPablo Fernández Blanco
El peregrinar de los abogados argentinos por distintos países y una visita a Washington; una referencia directa del presidente Mauricio Macri a Donald Trump sobre el tema antes de la cumbre del G20 , el cambio de estrategia legal y un rápido golpe de timón para cambiar a un bufete norteamericano por otro. Son algunos de los movimientos que dio el gobierno argentino para obtener un guiño por parte de la Justicia de Estados Unidos en el marco del juicio más caro que enfrenta la Argentina, otra herencia del kirchnerismo, por un monto estimado en torno a los US$3000 millones.
La Corte Suprema de Estados Unidos le dio ayer un poco de aire fresco a la Argentina en el marco de un juicio millonario que lideran fondos buitre contra el país e YPF por la estatización de la compañía, en abril de 2012. Sucede que el máximo tribunal decidió pedirle al procurador general norteamericano –el abogado de la Casa Blanca– su mirada con respecto al tema, sin plazos predefinidos.
"El procurador es invitado a presentar un informe en estos casos expresando la mirada de los Estados Unidos", es la expresión textual que usó el tribunal.
El problema comenzó seis días antes del tercer aniversario de la estatización del control de la petrolera por parte del kirchnerismo. En abril de 2015, Burford Capital Limited, un megabufete con activos por más de US$500 millones, presentó en la Corte de Distrito Sur de Nueva York una demanda contra la petrolera y el Estado por el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos con los tenedores de acciones de YPF.
El reclamo no tiene un monto establecido, pero en el mercado sostienen que rondaría los US$3000 millones. El punto débil para el país es el lastre que dejó la familia Eskenazi, que en 2008 ingresó a la compañía en una operación cuestionada. Entre otras firmas, los Eskenazi crearon las compañías Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Burford compró la quiebra de ambas -ocurrió tras la estatización-, que utiliza para litigar contra el país.
Los demandantes sostienen que la estatización de la petrolera violó derechos de los accionistas minoritarios, que no recibieron una oferta para vender su participación. En 1993, en el marco de la privatización de YPF, el gobierno de Carlos Menem ofreció casi el 100% del capital de la empresa a través de acciones clase D y listó los ADR -el título bajo el cual se negocian los papeles extranjeros en los Estados Unidos- en la Bolsa de Nueva York.
En ese momento, tanto el país como la empresa se comprometieron a que cualquier otra adquisición posterior de una porción de control de la empresa obligaría a hacer una oferta por el total de las acciones. Esa salvedad figura en los documentos que YPF envió a la SEC (el regulador bursátil norteamericano), así como en su viejo estatuto. El argumento de los abogados locales es que la estatización de YPF se hizo bajo la ley de inmunidad soberana, no violó las leyes de oferta pública en los EE.UU.
Esta opción obligaría a Burford Capital a recurrir a los tribunales argentinos, como quiere el Gobierno. Pero la Justicia norteamericana ya rechazó ese argumento en dos ocasiones: en primera instancia y en segunda instancia, por una decisión de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Axel Kicillof rechazó en el Senado que el país tuviera la posibilidad de ofertar por todo. "Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a US$ 19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!", dijo. Esas palabras usaron los demandantes para justificar que el país no cumplió con las leyes.
La decisión del máximo tribunal fue largamente celebrada por el Gobierno. Los funcionarios que tallaron en el tema, afines a las comparaciones de la política con el fútbol, sostienen que cuando llegaron a la Casa Rosada iban perdiendo el partido y había que intentar una remontada complicada y arriesgada.
Ese camino comenzó hace varios meses, cuando el equipo de abogados del Estado, bajo el comando del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, iniciaron un raid de reuniones, contactos y presentaciones que los condujo por lugares diversos. En una de las estaciones más resonantes de ese derrotero figura una conversación entre Macri y Trump, en la que el argentino hizo referencia al tema.
Por lo bajo hubo un trabajo menos visible. El equipo de abogados del Estado consiguió que Chile y México se presentaran ante la Justicia norteamericana como amicus curiae (amigo de una de las partes), un término que se hizo conocido en el país tras el conflicto con los holdouts, para orientar la discusión hacia el terreno que abona la posición argentina.
También se realizaron viajes a Estados Unidos y hubo contactos con los abogados de Trump, que para sorpresa de los argentinos conocían con alto grado de detalle la demanda. Eso se debe a que las normas del país del Norte protegen las decisiones soberanas. Aunque el Gobierno no esté de acuerdo con la manera en que se hizo la estatización, defenderán que fue una determinación que podría tomar la Casa Rosada.
Tres opciones, un camino
La Corte de los Estados Unidos tenía tres alternativas: aceptar la apelación argentina, rechazarla o pedirle opinión al gobierno norteamericano, algo que finalmente ocurrió. Si bien la primera opción era la más auspiciosa, el Gobierno está satisfecho con la tercera.
Los abogados argentinos consideran que la buena relación entre Trump y Mauricio Macri puede tallar a favor del país en la opinión que aporten los asesores de la Casa Blanca a la Corte. Es el paso previo a dar sentencia.
La Casa Rosada cree que la decisión es buena para el país por diversos motivos. En primer término, demuestra la importancia del caso, porque de otro modo se hubiera rechazado el pedido. Además, es muy infrecuente que la Corte haga este tipo de convocatorias. Aunque no es vinculante, la opinión del "Solicitor General", como se dice en inglés, es tenida en cuenta especialmente por el tribunal.
El caso nació mal para la Argentina. Tuvo un fallo en contra en primera instancia en el juzgado de Loretta Preska, sucesora de Thomas Griesa, y en segunda instancia. Además, el juicio estaba fuera del radar de la gestión kirchnerista.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, el bufete que defendía a la Argentina en Nueva York, se excusó de defender al país porque argumentaba conflictos de interés. Sucede que había sido representante de los Eskenazi.
Ante la salida de Cleary, como se lo conoce en los estrados, el kirchnerismo nombró un bufete de Miami. En un despacho público definieron esa medida como similar a nombrar a un abogado de La Rioja para tratar una causa en la Corte Suprema de la Nación.
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