Un laberinto por ahora sin salida que golpea los bolsillos y desafía las cuentas fiscales

Hace pocos meses, la Argentina transitaba una feroz, extensa y disruptiva campaña electoral. Finalmente, un outsider de la política, Javier Milei, y la cara más visible de la inflación desbocada, el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, se posicionaron en un sprint final. Un verdadero mano a mano caracterizado por miradas opuestas en varios aspectos, especialmente en la economía. Uno de los puntos de discrepancia fue el de los subsidios y su impacto en las cuentas fiscales.

Uno, representante del oficialismo del momento, defendía la política de compensar a los productores de gas y de electricidad, a los operadores de la red de agua potable y cloacas, y además, a los dueños de los colectivos. Era algo así como una oración al más puro credo kirchnerista.

El otro, el libertario, no se cansó de repetir que cortaría esa cuenta maldita para su creencia fiscalista.

Los extremos llegaron al punto tal que Massa hacía campaña con la billetera estatal. Al pagar un boleto para viajar en colectivo, la máquina validadora estampaba una inscripción: “Sin subsidio, 700 pesos”. Es más, el candidato a la presidencia recordaba cada vez que podía que si no hubiera sido por su “bondad distribucionista”, el litro de nafta habría, al menos, duplicado su valor. Del otro lado, la campaña tenía sonidos de motores y ruidos de motosierra.

Más allá de las posturas políticas y presupuestarias, el corazón de esa campaña escondía una enorme indignidad argentina: hace más de 20 años, la sociedad argentina no paga la totalidad del precio de los servicios públicos que consume.

Uno de aquellos candidatos, el ahora Presidente, sostenía y sostiene que hay que cobrar un tarifa real y que la política pública debe decidir a quién le llega una compensación. Subsidio a la demanda, al usuario. El otro, Massa, se ufanaba de manejar esa billetera oficial que todo lo puede y que gracias al “consumo subsidiado por el Estado nacional”, el ciudadano podía seguir teniendo los servicios a un precio de oferta.

En medio de semejante debate electoral se esconde una trampa, un laberinto en el que la Argentina quedó atrapada desde la salida de la convertibilidad. La maraña de subsidios en los servicios públicos ha creado una ficción. Gran parte de la sociedad se acostumbró a no pagar lo que vale la electricidad, el gas o el transporte, entre otros servicios públicos. Así las cosas, la política se encuentra siempre frente al mismo dilema: cómo llevar los precios a valores de equilibrio sin afectar el humor electoral.

Por estos días, Milei ha regresado sobre algunos de sus pasos. Por caso, el Gobierno no aplicó ciertos aumentos al gas, a la electricidad y al transporte, que había previsto cuando se puso en marcha el esquema de recomposición actual, que establece una actualización según un índice similar al de la inflación. En los últimos dos meses eso se frenó y, de esa manera, se desdibujó al menos una parte del recorrido fiscal.

A los números: según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), un centro de investigación radicado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y que depende del Conicet, en mayo un hogar promedio del área metropolitana, sin subsidios, necesitó $118.825 para cubrir sus necesidades de energía (electricidad y gas), transporte y agua potable en el hogar. Este número aumentó 15,6% respecto del mes anterior.

Ahora bien, a partir de este dato la pregunta que sigue es qué porcentaje de los ingresos se lleva ese gasto en servicios públicos esenciales. Contesta Alejandro Einstoss, economista e investigador asociado de Desarrollo Económico, miembro del IIEP y profesor de grado y posgrado de la UBA: “Actualmente esa canasta de servicios básicos representa el 14% del salario promedio de un hogar, mientras que en diciembre era de 6%”, dice. Y apunta un dato más: “Si se discrimina solo el gasto energético, en electricidad y gas, se concluye que ese porcentaje está en el 6% de los ingresos”.

Respondido aquel cuestionamiento, se encadena un segundo. El esfuerzo presupuestario de esa familia: ¿Qué porcentaje cubre del costo total de los servicios públicos que consume? Y aquí una de las catástrofes de los últimos años. Si se toman los cuatro rubros –electricidad, gas, agua y transporte– el ciudadano aportará el 37% de lo necesario para proveerlos, siempre según el Reporte de Subsidios y Tarifas del IIEP. El resto es subsidios y gasto público.

“Una de las cifras más elocuentes que demuestra la enorme caída del ingreso se ve en esta cuenta. En enero de 2019 el tema subsidios estaba resuelto. La canasta de energía representaba el 6% del salario promedio de un hogar, lo mismo que ahora. Pero la gran diferencia es que entonces, con ese esfuerzo una familia cubría el 90% del precio del gas y el 80% de la electricidad. Hoy, con ese esfuerzo se cubre la mitad del costo. La caída del ingreso real es feroz”, dice Eintoss.

Vale la pena mirar con atención para entender si el problema es una cuestión de costo de los servicios, o de ingresos que están por el piso. Por caso, si alguien llega a la Argentina sin mucho conocimiento previo sobre el país, es posible que firme con las dos manos si alguien le dice que por 100 dólares al mes tiene un paquete de agua potable, electricidad, gas y transporte. Sería una oferta económica, pero la mala noticia llegará cuando le cuenten qué niveles de sueldos paga la economía.

“Diría –analiza Eintoss– que es un problema prácticamente de imposible resolución si no se recupera el salario en dólares. Siempre será muy difícil pagar servicios que tienen un enorme componente en moneda extranjera con pesos devaluados.”

Dentro de aquel promedio que se mencionó, que establece que de esa canasta el usuario aporta el 37% del costo actual del costo de los servicios en el área metropolitana, hay muchas diferencias de coberturas. Hay un caso que pasó bajo el radar, en el cual el Presidente logró el objetivo en pocos meses: Aysa, la distribuidora de agua potable y cloacas que presta servicios en la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del conurbano bonaerense ya cubre 94% de sus costos con la tarifa que cobra.

“En pocos meses ya se tendrá dinero para hacer obras y se termina el subsidio”, dicen en el Gobierno con cierto orgullo. Atrás quedaron los tiempos de Malena Galmarini como presidenta de Aysa, tiempos en los que había un “dineroducto” desde el Tesoro a la compañía. Solo como referencia: en 2023 la compañía estatal que coadministra el sindicato de Obras Sanitarias liderado por José Luis Lingeri, requirió 387.070 millones de pesos en subsidios, un 154,2% más que en 2022. Se trata de la mayor cobertura de la tarifa. En los primeros cuatro meses de este año, la empresa requirió 75 millones de pesos de asistencia, un 99,7% menos que en el mismo período de 2023. Una mezcla de ajuste y mayor recaudación.

“Alguna vez el asunto de los subsidios estuvo resuelto: a principios de 2019, cuando el agua se cubría con el pago de la tarifas, mientras que el gas y la luz tenían una cobertura aproximada de entre el 80% y 90%”, recuerda Eintoss.

¿Qué sucedió entonces? A poco de lograr ese equilibrio, siempre como resultado de tarifas más altas, la imagen del entonces presidente Mauricio Macri caía. Aquel primer trimestre fue duro de transitar para Cambiemos, al punto que en esos meses se congelaron los aumentos previstos. Pese a eso, el oficialismo perdió en agosto, en las elecciones primarias, por un alto margen. Y, aunque repuntó luego, cedió finalmente el gobierno a la dupla Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Pandemia y populismo hicieron el resto: la ecuación se desplomó y los subsidios subieron a un ritmo vertiginoso. Mientras el déficit se acumulaba la máquina de imprimir billetes trabajaba 24 horas, además de habilitar la importación para abastecer la demanda de efectivo. El resultado es conocido: casi 200 puntos de inflación el último año.

De ahí que la solución al asunto, cuando no se recupera el salario en dólares, parece tan difícil. Milei, pese a su decisión, ha empezado a transitar el dilema. Como se dijo, la cobertura que aporta el usuario al costo de producción o del sistema no es parejo. Los colectivos tuvieron un aumento pero, en los últimos meses, la tarifa se congeló. “Ahora cubre alrededor de 24% del costo. Llegamos a estar en 33% allá por marzo”, dice Luciano Fusaro, dirigente de una de las cámaras del sector, Aaeta.

Ese cambio en las proporcionalidades también está registrado en el informe del IIEP. En aquel último año de la gestión de Macri la ecuación determinó que de cada 100 pesos necesarios para mover los 18.000 colectivos del AMBA, 60 pesos los pagaba el Estado y 40, el usuario con la tarifa. Alberto Fernández y pandemia mediante, esa ecuación cambió y pasó a ser 95 a 5 en los tiempos de aislamiento. Luego, en el resto de su gobierno con la tarjeta SUBE se recaudaba entre 10 y 15 pesos por cada 100.

Cuando el líder libertario asumió y se produjo la devaluación, esa relación llegó a 94 a 6 en enero. Finalmente, con los aumentos quedó en 70 a 30, siempre el número más alto en cabeza del Tesoro. Pero el dilema de cómo continuar no le escapó a Milei y a su ministro de Economía, Luis Caputo. En los últimos meses no se aplicó la actualización y ya se regresó a un 78 a 22, es decir, se volvió atrás 8 puntos porcentuales en dos meses. Si la cuestión se mantiene, en un bimestre se regresará al esquema que se aplicó durante el cuarto gobierno kirchnerista.

Pero, sin duda, la dispersión de precios en la energía es un tema determinante. El Gobierno publicó esta semana un decreto mediante el cual pretende unificar las tarifas y generar un nuevo sistema de subsidios. En el servicio de electricidad se da la mayor dispersión. De acuerdo con una serie de parches reglamentarios hechos durante el populismo energético, el credo kirchnerista, se generaron tres tipos de usuarios. Los N1 son los de ingresos altos, los N2, lode de ingresos bajos y los N3, klos de ingresos medios. Entre los tres aportan, en promedio, el 24% del costo de generación.

Los de mayores ingresos pagan actualmente el 65% del costo, mientras que los N2 (más vulnerables) un 4%, según datos de IIEP y un 5% de acuerdo a lo que dice el Gobierno. Además, no hay un límite de consumo para resultar subsidiado. Es decir, se consume lo que se quiera con 94% de subsidios. Cuando pagan su boleta, los sectores medios aportan entre 6 y 7% para cubrir el costo. En el gas sucede algo similar. Los N1 cubren 51% del precio del combustible; los N2, 14%, y los N3, 20%. El promedio, en este caso, es de 27%.

Un nuevo esquema

En la última semana el Gobierno se propuso empezar a cambiar esta ecuación. La idea es limitar la capacidad de gastar sin límite a precio subsidiado en los sectores con menores ingresos, y cambiar el esquema para llevar a que todos paguen igual precio. Luego será el Estado, el Poder Ejecutivo, el que decida a quiénes se dirige el subsidio. Es decir, pasar el subsidio de la oferta a la demanda. “Yo confío en la canasta de servicios a precio subsidiado que propone el Gobierno. Es difícil de implementar pero es buena idea”, dice Mauricio Roitman, especialista en energía, una opinión coincidente con la de Daniel Montamat, avezado en el área.

El dilema político está planteado. La solución vendrá cuando el salario se recupere en términos de dólares y, entonces, pesos más fuertes puedan sostener los servicios públicos. Para eso se necesita mejorar la macroeconomía, y eso lleva tiempo. La política suele tener plazos cortos, dos años menos un día, el plazo que separa una elección de otra. Y entonces, cuando el calendario aprieta y la tarea no se ha hecho, siempre es más fácil congelar las tarifas, una forma indirecta de mejorar los ingresos de un día para el otro. Y entonces, el carrusel vuelve a girar.

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