Un informe privado advierte sobre los factores que podrían demorar la llegada del 5G al país
El texto señala que falta la limpieza de las bandas aptas y la resolución de conflictos judiciales y administrativos pendientes de la anterior subasta de 4G; también apunta que estas licitaciones son controvertidas de por sí en el mundo, a lo que la Argentina agrega su propia incertidumbre macroeconómica
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LA NACIONMaría Julieta Rumi
Si bien desde el Gobierno nacional hablan de que en seis meses podrían estar listos los pliegos para licitar el espectro de la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil, un informe privado señaló una serie de factores que demorarían la llegada del 5G, entre los que se encuentran la limpieza de las bandas aptas y la resolución de conflictos judiciales y administrativos pendientes de la anterior subasta de 4G, en 2014.
“En relación con los aspectos propios del 5G, podemos señalar que no se verifican avances significativos. Sólo se puede comentar que se han hecho algunos pilotos en zonas altamente pobladas y que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) definió a través de una Resolución específica las bandas aptas para la implementación y despliegue de tecnologías de última generación. Sin embargo, no se ha iniciado ningún proceso licitatorio de asignación de espectro, ni se especificó aún la situación de ‘ocupación’ del mismo para proceder a su atribución”, dice el reporte digital N°2 “Tecnología 5G: El mundo y la Argentina”, elaborado por el Observatorio para el Desarrollo Digital de la fundación País Abierto y Digital (PAD), que dirige el exministro de Modernización Andrés Ibarra.
En diálogo con LA NACION, el exfuncionario de la gestión de Mauricio Macri dijo que el Gobierno debería tener una hoja de ruta y hacer un relevamiento entre organismos del Estado y entidades privadas para ver quiénes utilizan parte del espectro para que, cuando se someta a licitación, se entregue libre o con fecha de liberación. “Hay que tener en cuenta experiencias pasadas de licitaciones anteriores, en donde hubo alguna discusión por la ocupación de algunas frecuencias”, advirtió, en referencia a la disputa judicial entre Telecentro y el Estado por la migración que se definió a partir de la licitación de 4G.
Por otro lado, dijo que está pendiente “alguna definición de tipo ‘económico’ para evaluar la participación en estos proyectos”. “¿Se va adjudicar al mejor precio a partir de un valor base o será gratuito a cuenta de futuras inversiones? Hay distintas metodologías y también hay que ver si se van a poner otras condiciones como dar cobertura a algunas ciudades con pocos habitantes, hospitales o escuelas. Hablar de montos depende del combo completo, parece aventurado. Todo depende de las condiciones concretas”, continuó.
En el informe también se señala que los procesos licitatorios, por su complejidad, suelen ser extensos y muchas veces controvertidos alrededor del mundo, con lo que la licitación en el país no estaría exenta de estas controversias, además de sumar los propios problemas locales. “Las controversias se dan en situaciones más previsibles que estas. Yo creo que esta hoja de ruta está mal encarada de entrada. Siento que las cosas se van haciendo por espasmos, sin visión integral, ni escalonadamente para ir dando todos los pasos. Sale el DNU 690 y después dicen ‘quédense tranquilos que es para tener bajo control las tarifas’, pero ahora vamos a ir al 5G en el que es fundamental la inversión. Yo creo que los operadores están impedidos de poder prever o proyectar porque además no hay certezas macroeconómicas y la política exterior y la evolución del tipo de cambio también son una incógnita”, agregó Ibarra, y dijo que no cree que este año se pueda llegar a una licitación, sino que podrían darse algunas pruebas piloto o una adjudicación escalonada.
Por último, el informe señala que, más allá del contexto general macroeconómico, que objetivamente no es favorable, hay tres aspectos que deberían ser abordados: generar certidumbre en cómo se definirá el precio del servicio, donde el decreto 690/2020 de control de precios, claramente no resulta el camino; resolver las múltiples regulaciones y tasas que se deben negociar con cada municipio, retrasando cualquier desarrollo; y acordar un esquema amplio de compartición de infraestructura pasiva y eventualmente también activa, para aliviar las importantes inversiones que requiere su despliegue.
Tal como publicó este diario esta semana, en el Enacom creen que en seis meses podrían estar los pliegos para licitar el espectro de la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil. “Está el trabajo de sacar a los que están en las bandas que nosotros designamos para 5G y migrarlos a otras y hay que aprobar el reglamento. Y, una vez que esté todo eso, tenemos que sentarnos a terminar de evaluar con Jefatura de Gabinete y el presidente cuánto valen las bandas y cuál va a ser la estrategia comercial de esta licitación: si va a prevalecer un mayor despliegue o el precio”, explicó el titular del organismo, Claudio Ambrosini.
En tanto, según fuentes allegadas al proceso, el Ejecutivo apuntaría a recaudar US$1000 millones, más otros US$800 millones por el remanente que quedó de 4G.
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