Un importante intento de desarmar la República Corporativa

En 1988 el doctor Jorge Bustamante escribió un ensayo sobre la Argentina titulado La República Corporativa. En esa obra maestra Bustamante indaga, como muchos otros autores, sobre las causas de la ya entonces larga decadencia del país. Argumenta allí que las razones de nuestro retraso son institucionales, y que se deben a las pautas de acción colectiva con las que nos movemos.

El corporativismo percibe a la sociedad como un cuerpo cuya cabeza es el Estado, arquitecto y árbitro final de todas las relaciones económicas. Decía Bustamante ya en 1988 que “el sistema económico argentino es hoy el resultado, entre otros factores, de una larga historia de presiones sectoriales regularmente acogidas por un Estado habituado a contar con recursos extraordinarios para sufragarlas. El frondoso reglamentarismo surgió como una forma inorgánica de canalizar dichas presiones…”, a lo que agregó: “Esta acumulación de distorsiones trajo la semilla de su propio fracaso: la ineficiencia resultante provocó el estancamiento y este multiplicó los reclamos sectoriales, hasta que la inestabilidad económica se convirtió en ingobernabilidad política”, y que “toda la sociedad argentina se encuentra parcelada en grandes o en pequeños territorios de privilegio. Dicho de otra manera: toda la sociedad se encuentra comprometida con el statu quo y todas las actividades deberían modificarse en alguna medida para que el progreso sea posible.”

Empujado por muchos (entre quienes me cuento, cuando me lo crucé en el programa Odisea Argentina, de Carlos Pagni), 35 años después Bustamante reeditó su libro, o, más bien, lo reimprimió. A la edición original solo le agregó un subtítulo: Nada cambió y una brevísima introducción en la que dice: “Muchas personas me han instado a reimprimirlo tal cual, pues los problemas continúan siendo los mismos. O quizás, más graves.”

En una entrevista reciente en un foro organizado por la revista Forbes Argentina, Bustamante alega que el origen de este desquiciado es la decisión de cerrar la economía a la competencia internacional, a lo que siguió una manipulación para dar beneficios a distintos sectores, actividades y geografías. Estos regímenes especiales, reglamentaciones profesionales, mercados cautivos y otros controles, tasas y excepciones, generaron un alto “costo argentino”, el cual puede ser traspasado a los consumidores locales en el marco de una economía cerrada, pero nos impiden competir efectivamente en el mundo.

“La Argentina corporativa ha impedido el surgimiento de una economía competitiva”, escribió Bustamante en 1988. Se generó, entonces, una economía esclerótica y de bajo crecimiento, en la que los empresarios buscan “beneficios derivados de la acción del Estado (rent seeking)” y en la que “todas las puertas están cerradas y cada sector es dueño de una cerradura.”

Es en esta tradición, en esta cosmovisión, en la que se inscriben el decreto de necesidad y urgencia del 20 de este mes y el proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, enviado al Congreso el miércoles último por el presidente Javier Milei. El objetivo, presumo, es desatar el entramado corporativista de privilegios sectoriales que, 35 años después de la edición original de Bustamante, siguen vigentes y hunden cada vez más a la Argentina.

Es interesante recorrer los nombres de los capítulos de la segunda parte del libro, porque son una guía perfecta para clasificar los 1030 artículos de ambas piezas normativas: Capítulo VI. Las facciones dentro del Estado (donde se refiere, entre otros, a privilegios como los automóviles con chofer para los funcionarios y directivos de empresas públicas); VII. Las cofradías profesionales; VIII. Los feudos sindicales; IX. Las guildas industriales; X. La corporación militar industrial; XI. Los gremios ruralistas; XII. Los clanes de servicios; XIII. Las logias comerciales; XIV. Los sínodos culturales. XV. Los privilegios jubilatorios.

El decreto y la ley ómnibus incluyen la privatización de empresas públicas, incluidas vacas sagradas como el Banco Nación, una importante desregulación de múltiples actividades y mercados, y un ataque a múltiples peajes de las cofradías profesionales (por ejemplo, despachantes de aduana), los feudos sindicales (como todo lo relacionado con las obras sociales sindicales y la limitación del derecho a huelga), las guildas industriales (por ejemplo, la promoción industrial y, parcialmente, el compre argentino), los clanes de servicios (por ejemplo, el servicio de internet satelital y los registros del automotor), las logias comerciales (por ejemplo, relacionado con la industria del turismo y las mutuales), y los sínodos culturales. También se incluyen modificaciones legislativas y administrativas que permitirán dinamizar la creación de empresas y empleos, como las reformas a la ley de sociedades anónimas y un régimen de incentivo para grandes inversiones.

El conjunto legislativo impulsado por Milei incorpora iniciativas adicionales, desde un nuevo sistema electoral hasta la limitación del derecho a protesta y otras previsiones que no creo que formen el núcleo duro de lo más importante o urgente. E incluye reformas tributarias como la suba de retenciones y una moratoria.

En su núcleo, este conjunto legislativo apunta a reestructurar de cuajo el sistema de incentivos que enfrentan los empresarios en la Argentina, intentando dejar atrás a la República Corporativa, para volver a abrazar el sistema económico y rentístico previsto por la Constitución de 1853. Es un montón, y al mismo tiempo solo la primera parte de las reformas necesarias. Hay varias reformas, complementarias con las que se está queriendo implementar ahora, que va a ser necesario encarar en algún momento, como la apertura comercial y, más difícil aun, la reestructuración de las relaciones fiscales federales.

Más allá de la eliminación de las licencias automáticas, que no es menor, no hay cambios sustanciales al esquema de economía cerrada que impera en la Argentina desde mediados del siglo anterior. La apertura requerirá varios pasos previos si queremos no repetir situaciones como la de la “plata dulce” de José Alfredo Martínez de Hoz. El primero es la eliminación del déficit fiscal y la consiguiente estabilización de la economía, condición necesaria para salir a competir, ya que disminuirá la incertidumbre macro y el costo de capital. El segundo es la reducción del gasto público para poder avanzar en la eliminación de impuestos que afectan a la producción, como Ingresos Brutos provinciales y el impuesto al cheque. El tercero es una reestructuración adicional de las relaciones sindicales, que nacieron pensadas para disputar con los empresarios las rentas generadas por la República Corporativa. Tras dar estos pasos se debería abrir la economía, incluyendo la eliminación del oneroso régimen de Tierra del Fuego, lo que permitiría aumentar exportaciones e importaciones.

La República Corporativa nos convirtió en un país poco libre y nada competitivo. En 2023, la Argentina ranqueaba número 63 entre los 64 países del ranking de competitividad del IMD, una escuela de negocios de Suiza, y número 158 entre los 165 países incluidos en el ranking de libertad económica del Fraser Institute de Canadá. Estas características y la inestabilidad macro redundaron en una de las tasas de crecimiento más bajas y volátiles del mundo en las últimas décadas, y nos convirtieron en uno de los pocos países donde la pobreza, en lugar de caer estrepitosamente, se multiplicó en las últimas décadas.

Si uno mira la evolución de los índices de competitividad y de libertad económica, se observa que la Argentina es uno de los países más volátiles del mundo. Pasamos de apertura y privatizaciones en el régimen militar a una economía cerrada y estatista con Raúl Alfonsín, a apertura y privatizaciones con Carlos Menem, y a una economía cerrada y estatista nuevamente con Néstor y Cristina Kirchner. La conclusión es que el procedimiento con el que se implemente este paquete legislativo no solo es importante por respeto a las formas republicanas –al final de cuentas el liberalismo, antes que una teoría económica, es una doctrina que protege a los individuos y a su propiedad del capricho del soberano y de las mayorías circunstanciales–, sino también para intentar darle la mayor estabilidad posible en el tiempo.

Dejar atrás la República Corporativa no será fácil. Los dueños de las quintas van a pelear. Otros, como ocurrió al caer el régimen comunista a fines de los 80, no sabrán cómo desenvolverse. Como en la comedia La vida de Brian, del grupo británico Monty Python, donde el leproso se queja de que Jesús lo curó, al decir: “En un momento soy un leproso con un oficio (pedir limosna) y al siguiente se me acaba el sustento”. Se vienen tiempos de readaptación para muchos, y turbulentos para todos.

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