Un hombre de Barrionuevo. Las inquietantes sospechas alrededor del crimen de un ministro que interpelan al poder de Catamarca
Juan Carlos Rojas fue hallado sin vida en su casa a principios de diciembre; cuando sus restos iban a ser trasladados al cementerio para su cremación, una orden judicial sorprendió a todos en pleno velorio; silencio, torpezas, miedo y un enigma sin resolver
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LA NACIONDiego Cabot
San Fernando del Valle de Catamarca (Enviado especial).- El sábado 3 de diciembre pasado, en la mañana o sobre el mediodía, nadie lo sabe, murió Juan Carlos Rojas. El domingo 4 lo encontraron tirado en el patio de su casa, en un charco de sangre. Ese día lo velaron a cajón cerrado y la sociedad acercó sus condolencias. Un infarto masivo, se dijo, había terminado con su vida. El lunes a la mañana, todo estaba preparado para retirar el féretro y cremar el cuerpo. Pero cuando las coronas estaban arriba del auto que las transportaría al cementerio, hubo un anuncio al lado del cajón. El personaje más importante que estaba en el velorio reunió a todos y habló: aquella muerte era ni más ni menos que un asesinato.
La conmoción en el lugar fue inmediata. Poco después se supo que la causa del deceso había sido un “traumatismo de cráneo encefálico y un hematoma subdural” provocado por un elemento no filoso. Con esa información diseminada, las palmas bajaron del coche mortuorio. La Justicia se llevó luego el cajón y se realizó una segunda autopsia. Desde entonces, se investiga un asesinato.
Una novela negra
La escena describe, a grandes rasgos, aquellos días de inicios de diciembre en los que apareció muerto Rojas, entonces ministro de Desarrollo Social de Catamarca. El hombre no solo era miembro del gabinete del gobernador Raúl Jalil, sino que además, era el secretario general provincial de la Unión de Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina, (Uthgra), el poderoso gremio que maneja a nivel nacional el siempre presente Luis Barrionuevo. Ese fin de semana, asesinaron a un ministro que además era mano derecha del gremialista.
Aquel personaje que se paró al lado del cajón y anunció un asesinato fue Barrionuevo. Desde entonces, una novela negra, llena de injusticias, torpezas, brutalidades y pasos de tragicomedia se han sucedido en una provincia donde el silencio es el mejor negocio.
Rojas era un hombre de confianza de Barrionuevo. Justamente, la seccional catamarqueña de la Uthgra es la cabecera de playa que usa el sindicalista para hacer política en el territorio en el que intentó ser gobernador. De hecho, es desde hace años quien maneja el Ministerio de Desarrollo Social provincial. Tan cercano le es el cargo que después del asesinato de Rojas, asumió Gonzalo Mascheroni, sobrino de Luis Barrionuevo, hijo de una de sus hermanas. Todo quedó en familia.
Desde aquel 3 de diciembre, San Fernando del Valle de Catamarca se sumió en la desconfianza, las redes de complicidades, la desprolijidad judicial, los rumores y, sobre todo, el miedo. El poder está amenazado por un crimen que, por ahora, no se investiga como político, pero nadie lo descarta. Una serie de inconsistencias dejaron al descubierto las fallas institucionales de la provincia. De hecho, el fiscal que dejó pasar ni más ni menos que un asesinato de un palazo en la cabeza de un ministro, Laureano Palacios, tiene un pedido de juicio político impulsado por la oposición. Además, su fiscalía está intervenida de hecho por dos funcionarios judiciales con más experiencia que “ayudan” en el proceso.
La ayuda es necesaria para un novel fiscal como Palacios. Sucede que en Catamarca los jueces y fiscales no son elegidos por un Consejo de la Magistratura. Jalil desarmó el que funcionaba el año pasado y los judiciales son elegidos de una terna que envía el Senado al gobernador. En esa cámara, el oficialismo tiene 13 de las 16 bancas. Varios abogados recién recibidos o con poca experiencia, Palacios es uno de ellos, hacen sus primeros palotes en el derecho penal sentados en el sillón de fiscales. Gestión Jalil.
Por ahora, aquel poder que todo lo puede en Catamarca se encargó de que la investigación judicial se haga pocas preguntas sobre algún móvil político detrás de la muerte del sindicalista y funcionario. En las 3200 páginas de la causa, los fiscales se han abocado a buscar pruebas para detener a una empleada del sindicato que alguna vez ayudó con las tareas de la casa al fallecido funcionario. Reconocen que también tuvieron una relación sentimental esporádica. Ella, Silvina Nieva, estuvo detenida una semana mediante un escrito que ni siquiera estaba firmado. Sí, este cronista no se equivocó: ni el fiscal ni nadie firmó la orden de detención, estaba en blanco. Reparado el grosero error, la mujer fue liberada. Torpeza o injusticia; por ahora, no se sabe pero vale sospechar.
Los hechos
El sábado 3 de diciembre, entre las 7 y las 8 de la mañana, Rojas mantuvo una comunicación por mensajes con Nieva, la empleada que trabajaba en el gremio de gastronómicos. Según consta en el expediente, fueron varios los intercambios en los que intentaron ponerse de acuerdo para que ella pase por el domicilio para ayudarlo con las tareas domésticas. Según datos de la causa y el testimonio de la empleada, fue ella quien le preguntó cuándo podía pasar. Finalmente, él la llamó.
“¿Por qué habla así?”, le dijo. Ella contestó que era porque recién se despertaba. La charla siguió unos minutos. “Después, escuché como la respiración fuerte; luego, sentí un sonido como si fuese un pequeño golpe en un vidrio, apenas lo escuché. Finalmente, me quedé con el sonido del televisor. Pensé que se había dormido”, dijo. Pasadas las 8, ella envió un mensaje más para confirmar si debía concurrir y, en ese caso, organizar el horario. Nunca más hubo respuesta.
Durante ese día, nadie supo de él ni hubo comunicaciones, o al menos no se conocen por ahora. Pocos días después, cuando la causa avanzó sobre los celulares, se determinó que alguien ingresó al sistema de mensajes WhatsApp del teléfono de Rojas. Era el mediodía de ese sábado. Los últimos mensajes que Nieva le envió no fueron leídos. Ese es uno de los grandes interrogantes de la causa.
A las 12.15 del domingo, Carlos Fernando Rojas, hijo de Juan Carlos, de 45 años, ingresó a la casa de su padre. Él fue quien lo encontró, según relató, en el patio, bajo una galería. En la causa afirmó que el celular se encontraba en el suelo, a unos centímetros de la víctima. Antes de arrojar agua sobre el cuerpo, “lo subió a una pared de pequeña altura, que divide una galería con el jardín o huerta del fondo de la vivienda”.
Esos momentos fueron determinantes para que resulte difícil esclarecer el hecho. En la causa está detallado cómo se manipuló la escena, quizá, producto de la desesperación y el shock. Fernando lavó con agua el cuerpo de su padre y, a su vez, intentó limpiar el escenario, repleto de sangre. Fernando llamó a Natalia, su hermana menor. “El papi, el papi, está muerto”, dijo. Ella preguntó dónde y él contestó: “En la casa”. Inmediatamente, tomó su auto y llegó a las 12.30.
Mientras tanto, hubo otro llamado. “Lo encontré tirado muerto a mi papá. Ayudame por favor, ayudame, no sé a quién más llamar”, le dijo Fernando, a las 12.18 a José Vega, otro miembro del sindicato que llegó a la escena del crimen antes que la policía. El sindicalista, que también responde a Barrionuevo , sucedió a Rojas como secretario general, afirmó que el hijo del exministro “estaba muy nervioso, llorando, desesperado” y que movía el cuerpo de su padre como queriéndolo despertar.
“Se encontraba boca arriba vistiendo únicamente unos bóxer largos, creo de color azul, sin remera sin medias ni calzado. Se le notaban los dedos de los pies contraídos, cruzados, los brazos flexionados con las yemas de los dedos hacia adelante, el cuerpo estaba muy duro, frio, tenía varias partes del cuerpo moradas, la cara del lado izquierdo hundida, y al lado del cuerpo había una mancha de sangre de unos 40 a 50 centímetros”, describió Vega.
Por un instante, pensó que podía estar desmayado. “Me pareció escucharlo respirar. Me acerco y le toco la cara, y ahí percibo un fuerte olor a descomposición, por lo que era evidente que llevaba ya horas de fallecido”, indicó.
Según el detalle que brindó, el hijo de la víctima iba y volvía. En un momento regresó con un balde y con trapos para limpiar la sangre que ya estaba seca. Intentó dos veces limpiar. Vega le dijo que no toque nada más y le preguntó si había llamado a la policía. La respuesta fue no. A las 12.24, Vega dio aviso al 911. Fue la primera noticia de lo que había sucedido en Catamarca.
¿Torpezas o complicidades?
Lo que siguió a la tarde de aquel domingo de alegría por la selección -la Argentina se había clasificado a cuartos tras vencer a Australia-, fue un manual de torpezas o complicidades. Poco después de que llegó la policía, alguien dio la orden de limpiar. En pocos minutos, el lugar fue inundado de agua y lavandina. Tal fue el desparramo que en días posteriores, cuando hicieron una pericia con químicos reactivos a la sangre, encontraron que había restos en varios lugares y no solo en la escena originaria.
A las 18, una camioneta de bomberos se llevó el cuerpo. Recién entonces dejaron entrar a la hija al domicilio. Según contó a la Justicia, un policía autorizó a que limpiaran el lugar. “Nos dijo que limpiemos tranquilamente y que podíamos ingresar a la casa sin drama porque ya se había peritado todo”, señaló. Cuando quedaron solos, los hijos encontraron los lentes tirados en el patio. Los tomaron y quedaron arriba de un lavarropas. La escena ya estaba absolutamente intervenida.
Fue la hija quien permaneció en la morgue. Una médica le dejó ver el informe. Ahí ya se hablaba de traumatismo de cráneo. “Debe haber algo más de una caída”, advirtió. La profesional se excusó de responder.
Mientras tanto, en el sindicato, todo se aprestaba para el velorio de su secretario general. En los preparativos trabajaba Nieva. En la morgue, a las 19.15, empezaba a realizarse la autopsia. Cerca de las 21 ya estaban las conclusiones, aunque no se conocieron.
La política local llegó esa noche al gremio ubicado en la calle Prado para velar a Rojas. El gobernador y Barrionuevo fueron juntos. Pasadas las 22.30, hubo una reunión en el primer piso del sindicato. Además de Barrionuevo y Jalil, estaban Enrique Altier y Crisanto Jayme, dos directivos del gremio, Mariano Paz, un abogado que no es de la provincia, y Sandra Barrionuevo, hija de Luis.
A las 9.30 del lunes, cuando estaba todo listo para que se llevaran el cuerpo al cementerio para cremarlo, llegó el inquietante anuncio. Frente al edificio de Uthgra, ubicado a dos cuadras de la plaza principal, estacionaron dos autos fúnebres: uno para las flores y otro para el cajón. Las ofrendas se acomodaron. Dentro del sindicato, Barrionuevo dio un discurso frente al cajón. “Rojitas no falleció de muerte natural”, afirmó. Entonces, reconoció que había sido un homicidio. Inmediatamente tomó la palabra Jalil. “Él no decía nunca no a nada y siempre solucionaba problemas”, rescató sin mencionar nada de la causa de muerte.
Posteriormente, llegó un oficial de Justicia y el cuerpo cambió el destino ya que regresó a la morgue para una segunda autopsia. Ya no hubo más dudas: aquella muerte no había sido natural sino un asesinato.
Las sospechas
Los días que siguieron fueron determinantes en la búsqueda de un culpable. En la familia consideran que la muerte de Rojas tiene que ver con sus tareas en el Ministerio de Desarrollo Social. Fue la hija quien dejó sentada en su declaración esta sospecha. “Quiero decir que con el pasar de los días voy teniendo diferentes teorías sobre lo sucedido con mi padre (...) llegué a mi conclusión más fuerte de que la muerte está relacionada con algo referido a su trabajo”. Según pudo saber LA NACION, ella declaró que que su padre estaba presionado por la gobernación ya que no le facilitaban los fondos para algunos proyectos. Contó que había hecho recortes de gastos.
Son varios los que dicen, su hija incluso en sede judicial, que un expediente lo preocupaba: había unos cuantos millones sin rendir de alguna otra gestión y nadie quería firmar esos documentos para justificar el faltante. De hecho, pocos días antes de morir, ese tema, entre otros, lo trajo a Buenos Aires a reunirse con la ministra del área, Victoria Tolosa Paz.
En Catamarca, nadie quiere que esto sea un crimen político; prefieren, claro está, cualquier otro móvil. De no ser así, se abriría, una vez más, un capítulo conocido en esta tierra que alguna vez se levantó contra los Saadi y sus formas feudales.
La Justicia, parece, tampoco se entusiasma con investigar más allá de la mujer y el hijo que lo encontró. Apuntó con fiereza a la empleada del sindicato que fue la última que habló con él. Dicen que tenían una relación personal y por eso agravaron la carátula del homicidio. La detuvieron después de que la policía la tuvo toda la noche en una comisaría, sentada y sin que pudiera ir al baño. En su contra, además de las comunicaciones, tienen una foto de una cámara ubicada a 200 metros de la casa de Rojas en la que se ve pasar una mujer. Pero la imagen está borrosa y es imposible identificarla.
Nieva grita su inocencia y asegura que no salió de su casa. “Yo no cometí ese crimen; necesitaban un perejil y acá estoy”, se defiende. Y llora. Tras siete días de reclusión la tuvieron que liberar porque el escrito mediante el que se dictó la prisión preventiva estaba sin firmar. Fue detenida con una orden en blanco.
A las horas de estar libre, la llamaron del sindicato y le consultaron si quería volver a trabajar. “Tengo mucha vergüenza de que me señalen”, admitió. Por eso en el gremio le armaron un horario especial, de 22 a 6, para que no se cruce con nadie. No son pocos los que interpretan que este gesto de sus empleadores es una protección. “Ellos saben que ella no fue; en su caso, si hubiese una íntima sospecha de que mató al secretario general, Barrionuevo no la deja entrar más”, planteó una fuente que conoce de cerca el caso y a los protagonistas.
Todo es hermetismo por estos días en la provincia. El gobernador mira con cuidado para que este caso no escale. De hecho, no contestó el llamado y los mensajes de LA NACION. Barrionuevo, que tampoco respondió, es otro que puede saber algo más. Mientras tanto, colocó a su sobrino como ministro y volvió al silencio después de patear el tablero en el velorio. Se mantiene concentrado en la pelea que tiene con su excuñado, Dante Camaño, por la dirigencia de la filial porteña del sindicato. Impugnó una elección que perdió y ahora la última palabra la tiene la Justicia. En su entorno dicen que la causa está “cocinada” y festejan una relación remozada con el Gobierno, en particular, con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.
En Catamarca, lejos de los silencios políticos y de los viajes de Jalil a Buenos Aires para embestir contra la Corte Suprema, una familia reclama justicia para su padre. Y con la voz que le queda, una mujer acusada de asesinato dice que no cometió el crimen que le endilgan.
Por Diego Cabot
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