Un gasoducto para Vaca Muerta: el Gobierno tiene en estudio una megaobra que choca contra la falta de financiamiento

El Gobierno ya está diseñando la que podría ser la gran obra de infraestructura de su gestión y, para sorpresa de muchos, es una continuación de una idea que tenía la administración anterior: construir un nuevo gasoducto que una la producción de Vaca Muerta con la localidad de Salliqueló (Buenos Aires), en un primer tramo, y después extenderlo a San Jerónimo (Santa Fe).

En un área donde hay distintos puntos de vistas sobre la política energética, esta obra genera apoyo unánime de todos los sectores, ya que la falta de transporte se volvió un cuello de botella para la creciente producción no convencional. Además, el gasoducto permitiría sustituir parte de las importaciones de Bolivia y de gas licuado (GNL), así como otros líquidos en invierno, lo que ahorraría divisas en un contexto en el cual escasean las reservas del Banco Central. Las diferencias dentro de la coalición de Gobierno pasan por cómo se financiará.

Según las proyecciones de la Secretaría de Energía, la obra costaría US$1491 millones, ya que incluye también la ampliación de otros gasoductos menores, que ayudarían a ampliar el transporte. La cartera energética cuenta por ahora con US$183 millones de una partida que se incorporó al presupuesto de este año hace unos meses, y está a la espera de que el Congreso apruebe el proyecto de Presupuesto de 2022, en el cual se le destinan otros US$487 millones.

Al mismo tiempo, en la Secretaría están buscando mecanismos para poder hacer uso también de los US$520 millones que se recaudaron por el impuesto a la riqueza, y que tenían como destino proyectos de producción de gas de la empresa estatal Ieasa (ex-Enarsa) junto con YPF. Una alternativa es modificar la ley o hacer que Ieasa utilice ese dinero como una inversión financiera, para colocarlo en un fondo del Banco Nación, que pueda ser utilizado para financiar el proyecto. “Ieasa no podrá invertir en ningún proyecto de producción de gas si no hay caños para evacuarlo”, justifican en la cartera que dirige Darío Martínez.

El resto del dinero será aportado por el sector privado. Entre las alternativas también se analiza pedir algún aporte con repago de capital e interés del fondo de la Anses, o crear un fideicomiso financiero o administrativo, que permita que las empresas puedan invertir. Esta opción no fue exitosa en las últimas gestiones del kirchnerismo, que se vieron involucradas con casos de corrupción.

La Secretaría de Energía, por otro lado, firmó también en mayo pasado un memorándum de entendimiento para estudiar la viabilidad de la construcción y el financiamiento del sistema de gasoductos con un consorcio de empresas chinas conformado por Powerchina y Shanghai Electric Power Construction.

Las compañías ya entregaron el material técnico y un borrador del contrato comercial, que están analizando los abogados de la cartera energética. De avanzar con esta propuesta, el acuerdo sería revisado por el Ministerio de Economía y por la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que conduce Gustavo Beliz.

En paralelo, otros sectores del Gobierno, más vinculados con la vicepresidenta Cristina Kirchner, también están buscando formas de financiar la obra. “Se está terminando de diseñar el procedimiento, pero será mediante la figura de una concesión de transporte, en el marco de la ley 17.319, en cabeza de Ieasa. Hay aportes del presupuesto nacional y del sector privado, este último sumamente interesado. El proyecto de gasoducto se extiende desde Tratayén a San Jerónimo, pasando por Salliqueló. Se está trabajando para extenderlo a Porto Alegre desde la frontera argentina. Será una inversión conjunta público privado, con YPF y otras empresas realizando una inversión considerable, tanto en el upstream como en el caño propiamente dicho. Todavía no se definió si se utiliza lo del aporte extraordinario”, explicaron.

Las dudas que genera el proyecto

Cada vez son menos las voces que critican la construcción de un gasoducto que tiene como fin sustituir parte de las importaciones que se necesitan en invierno, cuando el consumo de gas aumenta. Pero son varios los interrogantes que surgen a raíz del proyecto, desde el análisis energético, como el financiero, ya que se trata de un país con poca previsibilidad y con un altísimo riesgo país, que implica tasas de financiamiento al 17% en dólares.

El mercado de gas cuenta con una particularidad: su demanda es muy estacional. El consumo residencial de gas se quintuplica en los casi cuatro meses de frío en comparación con el resto del año. Y si bien el gasoducto es necesario para sustituir GNL y combustibles en invierno, para el resto de los ocho meses del año no tendría un uso definido. En el Gobierno sostienen que se podría exportar gas a países limítrofes, como Brasil y Uruguay, o utilizar mecanismos modulares para venderlo al exterior en forma de GNL. También se podrían sustituir el fueloil que utilizan las centrales térmicas en los picos de verano.

El consultor en energía Federico Amadeo retoma la posibilidad de construir a futuro una planta de licuefacción, aunque tiene un costo de US$5000 millones y lleva mucho tiempo. “El gasoducto cuesta casi US$1500 millones, prácticamente lo mismo que importamos de GNL y de combustibles este año. Ya hubiésemos pagado el caño. En verano exportamos poco gas, porque son contratos interrumpibles. Con mayor producción de gas natural, se podría exportar más volumen en condición firme [no interrumpibles]”, indicó.

Las mayores dudas, sin embargo, se encuentran en el financiamiento del proyecto. En un primer momento se presentó también una consultora estadounidense que tenía interés en invertir en la construcción del gasoducto, Pierson Capital, que tenía el apoyo del embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, y trataba con el interventor en el Enargas, Federico Bernal. Esta empresa llegó a solicitar firmar también un memorándum de entendimiento, como había hecho la Secretaría de Energía con las compañías chinas, pero al final no prosperó.

Otra alternativa que se analizó es financiar la obra en conjunto con Brasil, ya que se podría abastecer al sur de ese país y se reduciría el riesgo argentino. El gobierno brasileño antes de considerar el proyecto pidió un compromiso por parte de las empresas que iban a producir el gas, pero el sector privado no apoyó el pedido. Las negociaciones se cayeron, pero nadie pierde la esperanza de que, si Lula da Silva vuelve a ser presidente de Brasil, se retomen las conversaciones.

Se considera que la rentabilidad que puede tener la construcción del gasoducto es de entre 11% y 14% de interés anual, lo cual es un nivel alto, pero no compensaría el costo de por lo menos 17% de pedir financiamiento, con un riesgo país arriba de 1600 puntos. Además, el Gobierno tampoco aseguró todavía que las petroleras comprometerán inversiones para aumentar la producción de gas, en un contexto de falta de confianza y tarifas prácticamente congeladas.

Tampoco es seguro que los países vecinos se comprometan a comprar gas argentino, luego de los cortes de suministro que realizó el gobierno de Cristina Kirchner a Chile. Y, sin tener confirmada la oferta y la demanda del gas que pasaría por el ducto, por ahora los inversores miran el proyecto con distancia.

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