Un fallo de la Corte consagra el fracaso de la política y del diálogo
La noticia dura dice que la Corte decidió que la rebaja de impuestos que dispuso el Gobierno, aún con la mejilla caliente después del cachetazo de las PASO, deberá ser solventada por la Nación. Las provincias ganaron.
Pero es un despropósito quedarse sólo con los argumentos jurídicos de un fallo. Detrás de las frías letras de los jueces se esconde un drama argentino: la imposibilidad de dialogar, de buscar salidas alternativas. La miseria de la política quedó expuesta en este planteo.
Votaron por hacer lugar a las medidas cautelares los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte, votó en disidencia. Elena Highton no votó.
Fue Entre Ríos la primera en recurrir a los jueces del máximo tribunal. La siguieron casi todas las gobernadas por el peronismo. El planteo era relativamente simple. Reducir las sumas que tributan los trabajadores en relación de dependencia, los autónomos y los monotributistas, además de bajar el IVA sobre alimentos de primera necesidad, tiene un costo.
Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) hasta fin de año el monto que se dejaría de recaudar inicialmente es de 60.000 millones de pesos. De eso, la mitad debería ir a para a la masa de dinero coparticipable. Dicho de otro modo, no ingresará a las cajas de las provincias.
"Lo pagamos entre todos", parece haber dicho el Gobierno Nacional a través de un decreto de necesidad y urgencia. "Nosotros no ponemos un mango", le contestaron las provincias. ¿Quién lo paga? Y entonces así, ante semejante obviedad, a la Corte.
Ahora bien, la política y los argumentos legales hacen perder de vista la tragedia. Lo que esta en juego es una baja de impuestos, en emergencia, y en campaña, también, ni más ni menos que para los alimentos. Además, un alivio a trabajadores que son esmerilados mes a mes por el Impuesto a las Ganancias. Quizá haya pocos temas en los que los argentinos de mesa de bar se puedan poner de acuerdo.
Pero no hubo caso. No fue posible siquiera buscar consensos en cosas básicas. A nadie le importó que el costo inicial, el que se calcula con lo que se deja de recaudar por la baja de impuestos, no termina por ser el neto. La baja de impuestos es, literalmente, plata en el bolsillo de los ciudadanos. Y gran parte de eso se vuelve a volcar al consumo. Es decir, vuelven a tributar. Si la política se dejara influir por el sentido común, pues se podría haber armado un equipo de seguimiento del impacto neto en lo que se deja de recaudar por la baja y lo que se suma por el nuevo consumo.
No fue posible. La Corte decidió en los fríos despachos judiciales un tema que cualquier consorcio con sentido común lo hubiese podido hacer. No se trataba acá de grandes proyectos que generan posturas encontradas. Era más fácil, se trataba de alimentos más baratos y de sueldos con menos carga impositiva.
La Corte impuso su mayoría y, política al fin, le dio la razón a las provincias respecto de la intangibilidad de la masa coparticipable. Pero la demagogia suele no pasar de largo por los despachos de la calle Talcahuano. Si bien son inconstitucionales, no los deja sin efecto, sino que ordena al Estado nacional que se haga cargo del fallo.
En soledad quedó el voto de Carlos Rosenkratntz. Para el presidente de la Corte las provincias, en este caso Entre Ríos, puede reclamar por los fondos coparticipables ya percibidos pero no tiene capacidad para hacerlo por lo que aún no se cobró. No hay una garantía de dinero seguro. Por eso no hizo lugar.
Ahora bien, la Argentina se acostumbró a los despropósitos. Ahora las provincias no aportarán un peso a la rebaja. Pero tan precaria es la argumentación de la mayoría que la Nación bien podría sentir que ahora, que esos 60.000 millones de pesos estarán en la calle, les mejora la ecuación de ingresos tributarios a las provincias. ¿Abriría la Corte un reclamo de la Nación que le pide a las provincias ese ingreso extraordinario? Parece ridículo, pero podría no ser imposible en la Argentina donde ni siquiera se encuentran consensos para bajar los impuestos a los alimentos.
Por Diego Cabot
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