Un decreto para las "telcos" que nos puede privar de todo

Se trata de darles más derechos, más oportunidades, más igualdad y más libertad a todos los argentinos. Para ello tendremos en cuenta la experiencia real, no las frases hechas ni las posiciones extremas.

Hay dos tipos de personas y de gobiernos: los que crean bienes y servicios que no existían y los que consumen todo lo que existe, hasta su extinción. En la década que empezó en 2005, la Argentina pasó de exportar energía por valor de US$5000 millones al año a importarla por 9000. En cambio, en otro rubro, en 1992, cuando el Estado abandonó el monopolio telefónico, solo 14 de cada 100 argentinos tenían teléfono, que era un servicio público que solo se prestaba al que pusiera US$6000 de ese momento. Servicio público pagado por todo el pueblo para que lo tuvieran los muy ricos.

Ese año licitamos frecuencias para poder brindar telefonía celular en todo el territorio y decidimos que las comunicaciones móviles no fueran un servicio público, sino un servicio de interés público, sujeto a regulación estatal. Sin que el Estado pusiera un peso, logramos que en dos años todos los pueblos de más de 500 habitantes tuvieran telefonía móvil prestada por dos empresas en competencia y que lo mismo sucediera en las principales rutas del país. Gracias a inversiones de riesgo de miles de millones de dólares, basadas en reglas de juego claras y conocidas que fijamos, en menos de cinco años el 100% de los argentinos tuvieron comunicaciones móviles. Casi 30 años después, vienen los adoradores del poder a decirles a los argentinos que el servicio público es lo que garantizará acceso a las comunicaciones. Eso es falso.

Mientras tanto, irrumpió en el mundo internet y en estos últimos 30 años cambió la humanidad gracias exclusivamente a dos cosas: una impresionante innovación permanente y una equivalente inversión privada y de riesgo de centenas de miles de millones de dólares. En el siglo XXI, la cultura, las relaciones humanas, la ciencia, la educación y la producción se han expandido como nunca antes en la historia, porque pueden circular en libertad por internet. Si alguien tuviera el poder de cerrar o abrir la canilla de internet, sería el dueño del trabajo, de la creatividad, de la libre expresión, de la posibilidad misma de desarrollo de todos. En ese contexto, hay quien cree que se puede declarar "internet y las tecnologías de la comunicación" como un servicio público, es decir, un servicio que solo debe prestar el Estado, el poder de turno.

Los países sajones no saben lo que es un servicio público y viven bastante bien. Ese fue un invento francés. El concepto se refiere a servicios monopólicos (con un solo prestador posible) por naturaleza, como una ruta, una vía, un acueducto, un gasoducto, una red de cables con aparatos enchufados para hablar, hasta 1990. Como esos servicios son vitales para la sociedad y son monopólicos, el Estado los presta, ya sea con una empresa estatal o por medio de un gerente privado, a quien le da la concesión del servicio público, con reglas que fija el propio Estado en un contrato. Cuando los servicios pueden brindados por privados, que arriesgan su dinero, y deben competir por sus clientes con otros prestadores privados, por calidad y precio, entonces los servicios no son "públicos", sino competitivos. Aunque, si son muy importantes o usan elementos públicos (como las frecuencias radioeléctricas), entonces pueden ser "de interés público", que quiere decir, fuertemente regulados por el Estado, como los celulares.

Sostener que en el siglo XXI, en un país democrático y con Estado de Derecho, internet y las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden ser un servicio público es difícil de ser asimilado por la razón. Lo que eso quiere decir es que el gobierno de turno podrá decirles a los prestadores de servicios lo que quiera, qué prestar o no, a quién, cómo, cuándo, dónde, a qué precio. Y eso se podría hacer sin siquiera tener un contrato que garantice ninguna regla. Hay países que lo han hecho, como Rusia o China, que pagan ellos o sus empresas afines la innovación. Otros lo han hecho porque prohíben internet, como Cuba o Venezuela. La pregunta es: ¿la Argentina abandonará la innovación y las inversiones multimillonarias y apartará a su pueblo de la revolución digital más importante de la historia? ¿Tal vez algún amigo del poder experto en mercados regulados se quedará con algunas empresas prestadoras? ¿Ataremos nuestra suerte tecnológica a un país con capitalismo de Estado? Son preguntas sin respuesta.

Pero dos respuestas sí existen: la primera, para congelar precios no era necesario hacer esto, porque la ley de emergencia que votó la oposición autoriza a hacerlo, como se hizo hasta ahora. La segunda, este no es el camino para más oportunidades para los argentinos, para darles la posibilidad de adecuarse cada día al vertiginoso cambio que vivimos, para poder prosperar en un mundo hiperconectado e hipercompetitivo, con trabajos que se van de a cientos de miles de un país, para instalarse en pocos días en el país de al lado. No más derechos. Muchos, pero muchos menos.

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