Un decreto necesario que tiene el enorme desafío de la autoridad

Sólo, en medio de un jardín arbolado, el presidente Alberto Fernández anunció los principales lineamientos de la herramienta con la que el Gobierno pretende enfrentar la segunda ola de la pandemia por el Covid. Vacunado y contagiado firmó el decreto que se conoció en las últimas horas.

Varias cosas podrían resumirse a la hora de analizar la norma que alumbró. La primera se refiere a quién es el emisor, es decir, quién la dicta. El decreto de necesidad y urgencia es una ley que se realiza en uso de las facultades constitucionales que tiene el Poder Ejecutivo, en este caso, Fernández. Y ahí empiezan los matices a la hora de que una ley genere las conductas deseadas.

Al Presidente se le aplicaron las dos dosis de la vacuna rusa, vive en una burbuja y se relaciona con funcionarios que en la mayoría de los casos también recibieron su medicación, más allá de que ciertos gestos ofuscaron a muchos. Pero sucede que la Argentina ha dejado de hacerse algunos cuestionamientos básicos. Sin embargo, bien cabría la siguiente pregunta: ¿Cómo se contagió? La salud presidencial y sus cuidados es política de Estado y la información al respecto debiera ser conocida. Nada se sabe sobre el tipo de actividad llevó al primer mandatario a dar positivo de Covid.

Sin ese dato, parece imposible que el Presidente se convierta en el emisor de un discurso aleccionador sobre las conductas de quienes son los legislados. Parece una obviedad, pero el legislador, en este caso Fernández, necesita no solo legalidad, que la tiene, sino legitimidad como para imponer su solución. Algo así como tener el capitán del equipo al que se lo expulse siempre, o concurrir al médico adicto al tabaco y escucharlo dar consejos respecto de cómo dejar el cigarrillo.

Claramente, el decreto es operativo, es decir, empieza a regir en el momento mismo que establece ya que no hay ningún tipo de vicio en el dictado. Legalmente es obligatorio, emanada de autoridad competente que tiene capacidad legal para establecer normas positivas.

A partir de la medianoche, de acuerdo al artículo dos del decreto 235, es obligatorio mantener una distancia mínima de dos metros con otra persona, utilizar tapabocas en espacios compartidos, ventilar los ambientes en forma adecuada y constante, higienizarse asiduamente las manos y toser o estornudar en el pliegue del codo, entre otras cuestiones a respetar.

El punto es cómo hacer de esa enumeración una norma jurídica de cumplimiento obligatorio; la redacción parece más de un aviso publicitario que de un manual de conductas humanas. La segunda pregunta, no menos importante, es cómo se podría hacer cumplir o respetar esas premisas tan personales y resguardadas, como lo son estar a dos metros de distancia de otra persona en un ámbito privado, como por ejemplo, en una cama o en una mesa familiar.

Así las cosas, y cuando se desmenuza el articulado, la sensación es que, salvo algunos pocos cambios, todo continúa más o menos como hasta ahora, con la enorme diferencia de la circulación nocturna y los horarios de cierre. Todo pertinente y necesario. De esta manera, el compendio se convierte en un enorme recordatorio de que aún la pandemia no terminó y hay que cuidarse. Válido, por cierto.

Pero claro, el emisor de esa norma es el Presidente, el que hace poco más de un mes abrió las sesiones ordinarias del Congreso y toleró que la anfitriona, la vicepresidenta Cristina Kirchner, permaneciera todo el acto sin barbijo. O también vale mostrarlo como el mandatario aislado, vacunado y contagiado, que debería moverse en una burbuja cuidada pero que igual se pescó la enfermedad no se sabe cómo.

Subyace, entonces, un problema de autoridad moral y, por consiguiente, de obediencia y efectividad de la legislación. La autoridad que le pone la firma al nuevo compendio de formas de conductas obligatorias no parece tener la pulcritud necesaria como para que aquellos consejos rindan efecto. El vicio en el emisor impacta directamente en la efectividad y en el resultado que se busca. Si el Presidente logra que se cumpla la norma, a las 12 de la noche habría que agarrar la almohada y poner distancia de la persona más cercana. Dos metros, para ser exactos.

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