Un conflicto por la carga impositiva, en el laberinto de la herencia recibida por Milei
Los gobernadores insisten en que se coparticipe una parte del impuesto al cheque; la recaudación de ese tributo, considerado muy distorsivo, se destina totalmente al pago de jubilaciones y prestaciones sociales, y representa el 12% de los recursos de la Anses; qué opinan los expertos sobre qué hacer
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LA NACIONSilvia Stang
Un impuesto considerado altamente distorsivo para la actividad económica, que economistas y tributaristas afirman que con el tiempo debe eliminarse, y que este año le aporta a la Anses alrededor del 12% de los recursos necesarios pagar jubilaciones y otras prestaciones como la AUH, está en el eje de la pretensión de más fondos por parte de los gobernadores, a partir de que verificaron cómo los cambios en Ganancias redujeron la cantidad de dinero que reciben por el sistema de coparticipación.
“El hachazo que les han dado a las provincias eliminando Ganancias ha sido mortal. Ahí estamos presentando con todos los gobernadores una nota al presidente Milei, pidiéndole que distribuyan el impuesto al cheque”, dijo ayer, en declaraciones a radio Mitre Mendoza Alfredo Cornejo, gobernador de esa provincia, una de las que hizo una presentación ante la Corte Suprema contra el recorte de fondos en el que derivaron algunas medidas tomadas en la campaña electoral por el entonces ministro y candidato a presidente, Sergio Massa. También Corrientes y Jujuy fueron a la Justicia, con causas cuya resolución podrían darle un dolor de cabeza a la nueva administración nacional.
El impuesto a los débitos y créditos bancarios (más conocido como impuesto al cheque) fue creado en 2002, y, desde 2018, toda su recaudación va a la Anses, según lo establece la ley 27.432. Los mandatarios provinciales piden que, aprobación de otra ley mediante, se desafecte de ese destino la mitad del dinero, para repartirlo entre las jurisdicciones. Si eso se concretara, el organismo de la seguridad social, cuya cuenta a pagar equivale este año alrededor del 9% del PBI, perdería ingresos por el 0,6% del producto, según un informe elaborado por Sergio Rottenschweiler y María Ignacia Costa, docentes en la Universidad de General Sarmiento especializados en temas de seguridad social.
“El 50% del impuesto al cheque alcanza, por ejemplo, para pagar la AUH, y sobra dinero”, ejemplifica Rottenschweiler. En un contexto de déficit fiscal, con un gobierno que se propone eliminarlo y que también tomaría medidas que modificarían el impuesto PAIS –que este año le aporta a la Anses recursos por alrededor del 0,3% del PBI- el economista afirma que “no hay margen” para el pedido de los gobernadores.
Entre enero y noviembre de este año, según datos de la AFIP, por el impuesto al cheque se recaudaron $2.718.896 millones, un 129,4% más que en igual período de 2022. Proyectado para todo este año, el 50% de la recaudación, que es lo pedido por los gobernadores –de acuerdo con un documento firmado a fines de noviembre-, implicaría, a valores de este año, alrededor de $1.500.000 millones.
Otro dato para dimensionar: desde el inicio de 2023 y hasta octubre, según el último informe de ejecución del gasto elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el Estado nacional derivó $1.215.109 millones al pago de asignaciones familiares, es decir, a las prestaciones por hijos para asalariados formales y monotributistas. Ese monto, según el informe, es un 28,5% más bajo que el asignado a tal destino en los primeros diez meses de 2022, medido en términos reales (corregido por inflación). El de asignaciones familiares es, de hecho, uno de los rubros del gasto que más ajuste sufrió en los últimos meses de la presidencia de Alberto Fernández, con Massa al frente de Economía.
También las jubilaciones y pensiones sufren un fuerte ajuste este año, por la insuficiencia del índice de movilidad trimestral frente a la muy alta inflación. Mientras que los reajustes de haberes acumulan en todo el año un 110,9% por la fórmula de actualizaciones (sin contar los bonos, que no llegan a todos los jubilados), se estima que 2023 cerrará con una inflación que sería cercana al 200%.
El impuesto a las ganancias, por su parte, tenía su esquema retrasado frente a la inflación, estaba altamente distorsionado y provocaba una creciente carga tributaria para salarios que en muchos casos perdían poder adquisitivo. Aún así, la reforma aprobada (en el caso de los últimos meses de este año, por decreto, y en el caso de 2024 y los períodos siguientes, por ley) no fue, por varios motivos, la más adecuada, según advirtieron en su momento no pocos expertos, y uno de los puntos cuestionados es que se redujeron de un momento a otro los recursos para el Estado sin la contrapartida de una baja del gasto, y sin compensación alguna.
En noviembre, lo recibido por las provincias en concepto de coparticipación cayó, descontando la inflación, un 13,6% interanual, según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). “La caída es explicada por un menor desempeño en la recaudación real del IVA, debido a cambios en relación con la administración tributaria sobre percepciones aduaneras, y al mal desempeño de la recaudación del impuesto a las ganancias, producto de la reciente reforma de la cuarta categoría” señala un informe de ese centro de estudios.
“La pérdida de recursos en la coparticipación viene por dos vertientes: una es el plan platita de Massa, que por decreto estableció una baja de Ganancias para los asalariados para estos meses, que aumenta las distorsiones con los autónomos, y una devolución del IVA a los más necesitados; ese es un tema que ya está judicializado y la Corte tendrá que decidir –describe el contador César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados-. La otra es la reforma aprobada por el Congreso para Ganancias a partir de 2024, un verdadero disparate, por la pérdida de la recaudación [no compensada] y por el agravamiento de las distorsiones” que se deriva de su contenido.
En la opinión de Litvin, para compensar la caída de recursos para las jurisdicciones “no es el mejor camino” coparticipar un impuesto muy distorsivo, como el que pesa sobre las operaciones bancarias, un impuesto “que debería eliminarse inmediatamente de producirse el equilibrio fiscal”. Según cree Litvin, el Congreso deberá resolver el tema, pero, además, afirma que deberá tenerse en cuenta que la austeridad en el gasto planteada por el gobierno nacional deberá extenderse a provincias y municipios. “Las jurisdicciones que, en lugar de bajar el gasto intenten aumentar los impuestos, perderán inversiones, porque las empresas trasladarán actividades a los lugares más competitivos en términos tributarios”, analiza.
El economista Oscar Cetrángolo considera que “la mejor y la única salida razonable” a la situación es “cobrar un buen impuesto a las ganancias”. Y eso significaría, según especifica, “eliminar exenciones y tratamientos diferenciales, reconstruir los mínimos no imponibles y la escala de alícuotas progresiva, y hacer una adecuación según lo que están haciendo otros países de la región y del mundo desarrollado. No hay un diseño único, pero el nuestro estaba muy desactualizado”.
Con respecto al impuesto al cheque, el investigador en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet, lo define como “el peor que existe”, y advierte que si se lo coparticipa “se le pone un límite a la eliminación”. Incluso sin que se cambie su destino, aclara que, como se debe asegurar el financiamiento de los gastos de cada nivel del Estado, “la eliminación del impuesto tiene que estar acompañado por otras reformas tributarias”, a la vez que “debería haber un acuerdo con las provincias, para asegurar el financiamiento del sistema previsional”.
“En un escenario de fuerte reducción del déficit a nivel nacional, es difícil pensar en coparticipar impuestos que tienen asignación específica”, como es el caso de la carga sobre los débitos y créditos bancarios, afirma Andrés Edelstein, exsecretario de Ingresos Públicos y socio de Edelstein, Mariscal, Torassa & Asociados, para quien lo que reclaman los gobernadores “ya fue”.
¿Y entonces? “Se impone la necesidad de dialogar y establecer nuevas reglas a través de un acuerdo interjurisdiccional, apenas las circunstancias lo permitan”, evalúa el contador. En particular sobre el impuesto al cheque, considera que se debería ir a un esquema de eliminación progresiva, ampliando primero la posibilidad de tomarlo como pago a cuenta de Ganancias y, luego, derogándolo o sustituyéndolo “por un impuesto al uso de dinero en efectivo”, como una forma de incentivar la formalización de las operaciones de la economía.
Este año, y según las estimaciones de Rottenschweiler, la Anses recibe recursos por el equivalente al 10,6% del PBI. Los aportes y contribuciones del sistema laboral representan un 4,2% del producto; los ingresos tributarios, un 3% (en ese ítem, más de la mitad corresponde al impuesto al cheque); rentas de la propiedad, un 0,6%; y “otros ingresos corrientes y de capital”, un 2,9% del PBI (alrededor de un cuarto de los recursos totales). En este último concepto se incluyen fondos para pagar la prestación no contributiva PUAM y lo que haga falta para financiar el déficit del gasto asumido, entre otros conceptos.
Por Silvia Stang
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