Un cepo al empleador enfría aún más el mercado laboral

Un diputado manifestó, recientemente, su intención de presentar al Congreso un proyecto de ley prohibiendo los despidos sin justa causa por el plazo de seis meses.

Esa iniciativa constituye un reconocimiento, si hiciera falta, del severo problema de empleo que aqueja a la Argentina. El mismo se traduce no sólo en un freno en la creación de puestos de trabajo, sino en una incipiente destrucción de empleos, en el mantenimiento de un elevado porcentaje de trabajo no registrado y en una puja salarial que se avecina muy reñida, cuya causa es el incremento de la tasa de inflación.

El efecto corrosivo que tiene la inflación sobre los ingresos de los asalariados generó un poco usual conflicto con el personal de las fuerzas de seguridad, las que llegaron incluso a suspender la prestación de sus esenciales servicios, dejando a la sociedad inerme frente a delincuentes que aprovecharon esa situación.

La cuestión terminó a las apuradas, con una importante suba salarial porcentual (en promedio, 60%), cuyo financiamiento es todavía una incógnita, sobre todo para las alicaídas arcas provinciales, por lo que en definitiva, no hay certezas de que la situación no vuelva a repetirse.

Tanto el porcentaje de incremento remuneratorio como la forma violenta de su obtención han comenzado a tener efecto expansivo en otras áreas del sector público, algunas de las cuales se encuentran en conflicto, e inevitablemente se traducirá en tensiones para el sector privado.

También es dable pensar que esa explosiva combinación, que en definitiva fue exitosa, va a generar importantes y serios enfrentamientos en las negociaciones salariales que se avecinan.

En medio de esa preocupante situación, la idea de prohibir los despidos para solucionar la crisis de empleo no parece razonable. En realidad, quien crea y destruye empleos es la economía.

Ningún empresario u hombre de negocios, con una actividad declinante, contrata empleados que no necesita (aunque su contratación resulte barata) ni retiene, aunque sea costoso, a aquellos para los cuales no tiene tareas.

En 2002 se dictó la ley 25561 que comenzó prohibiendo los despidos por 180 días y fijó, como sanción en caso de incumplimiento, un incremento en las indemnizaciones por despido.

Dicha norma fue sucesivamente prorrogada, con diferentes variantes, hasta 2007 (decreto 1224

07), es decir, duró cinco años y fue muy difícil políticamente salir de esa situación. Además de ello las normas dieron lugar a una gran cantidad de litigios, en los que se debatía cuándo había entrado en vigencia, cuándo terminó, qué despidos quedaban comprendidos, qué rubros indemnizatorios se incrementaban, entre otras cuestiones. El tema fue tan enmarañado que hasta llego a intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sin efectos positivos

No está probado además que ese mecanismo haya tenido algún efecto, y lo que sí es cierto es que fue el incremento de la actividad económica el motor del empleo.

En nuestro país hubo alto desempleo con normas flexibilizadoras laborales y bajo desempleo con regulaciones más rígidas, lo que demuestra que la base de la cuestión está en el desempeño económico. Por eso, la idea de suspender los despidos parte de una premisa equivocada.

Por otra parte, anunciar una disposición de esa naturaleza puede dar lugar a la adopción de medidas defensivas que se traduzcan en la no contratación de empleados, porque después no se los puede despedir por un plazo incierto, o en adelantar desvinculaciones para eludir el cepo o en un nuevo incremento en el ya elevado trabajo no registrado.

Esa medida implica, por una parte, un costo adicional para el sector productivo en épocas de crisis, y por otro mantener forzadamente trabajo innecesario u ocioso por un tiempo incierto, todo lo cual impactará en los consumidores.

En definitiva dicha iniciativa importa transferir a los particulares, una vez más, el resultado de erróneas políticas públicas. Por ello, el eje de la cuestión pasa por una política económica razonable, productiva, sostenida y de largo plazo que fomente la creación de empleo, por una regulación específica y realista para incentivar que las pequeñas empresas, que es donde se concentra el trabajo no registrado, regularicen la situación de sus empleados y por una profunda reforma del sistema educativo, en todos sus niveles, que fomente la formación, la capacitación y la empleabilidad.

Director del Departamento de Trabajo de la Universidad Austral

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