Un cambio de régimen fiscal para evitar votos y vetos

La grieta y el egoísmo político impiden que los grandes temas se traten con altura y respeto institucional. El Congreso aprobó una ley de movilidad previsional que el Presidente vetó y que no pudo ser insistida con dos tercios de los votos. Está por verse si el veto a la ley de “financiamiento” universitario seguirá vigente o si habrá insistencia y se convertirá en ley. El entrecomillado se pone porque lo que no hace esta ley es decir cómo se financia ese aumento del gasto.

En las próximas semanas el Congreso podría aprobar varios proyectos más. Una ley de “financiamiento” de la inversión pública en infraestructura, dado el grave deterioro del stock de capital social. O para aumentar el gasto en educación primaria y secundaria y en salud, dado que todos conocemos lo poco que ganan los maestros y los médicos. Otra ley podría aumentar los recursos para la Justicia, la seguridad interior y la defensa, dada la enorme deficiencia que muestran esas áreas de gobierno.

Y dada la desastrosa situación de pobreza e indigencia que reflejan los recientes números del Indec, otra ley podría aumentar el gasto de asistencia social y para la niñez. Y ni hablar del mandato constitucional de ser un país federal: los senadores, representantes de las provincias, podrían impulsar el envío de mayores recursos a los gobiernos provinciales.

Simultáneamente, los diputados, que representan al pueblo, podrían salir en defensa de los intereses de los ciudadanos. Recordando el lema anglosajón no taxation without representation, podrían dictarse varias leyes de “protección” de los pagadores de impuestos: defender a los ciudadanos frente a los abusos del soberano.

Pagadores de impuestos

Una ley podría proteger a los pagadores del impuesto al valor agregado, que son casi todos los ciudadanos de la nación que tributan cuando consumen: poner una alícuota máxima del IVA. Otra ley podría proteger a los productores agropecuarios que pagan derechos de exportación exorbitantes.

Los trabajadores de ingresos medios podrían pedir un tope al impuesto a las ganancias, dado que los salarios no son ganancias. Y si incluso se entendiera que los mal llamados “aportes” previsionales son también impuestos al trabajo (con independencia de si los paga el empleado o la patronal), otra ley podría “proteger” a los trabajadores que ven afectados sus ingresos.

Es más, si se entendiera el ajuste de los últimos años y en particular de los últimos meses, el Congreso podría ocuparse de los dos sectores más afectados de todos, uno del lado del gasto y otro del lado de los ingresos fiscales (aunque políticamente es más difícil que ocurra porque son dos grupos a quienes nadie defiende en el debate público).

Del lado del gasto, nadie ha perdido tanto como el tenedor de deuda pública en pesos, que en su mayoría fueron los depositantes, contrapartida de las Leliq que fueron licuadas. La tasa de interés negativa que sufrieron los depositantes en pesos significó una licuación de los ingresos superior a la que sufrieron los profesores universitarios, los jubilados o los maestros. Una ley de “financiamiento” del depositante podría devolver al ahorrista parte de lo que se le licuó.

Y del lado de los ingresos del Estado y los pagadores de impuestos, nadie ha pagado un impuesto más alto y expropiatorio que el tenedor de pesos no remunerados (dueño de la base monetaria) a través del impuesto inflacionario. Proteger al ciudadano pagador del impuesto inflacionario sería un acto de justicia muy grande.

Se contaría entonces con una veintena de leyes que garantizarían el “financiamiento” de muchos gastos públicos y simultáneamente “protegerían” a los ciudadanos pagadores de impuestos.

Alternativa superadora

Claro que también hay un alternativa superadora que rige en países civilizados y estables. En vez de tratar varias leyes sobre varios temas, se puede sintetizar toda la discusión en una: la ley de presupuesto, por eso llamada ley de leyes.

Sería utópico pensar para la Argentina en algo parecido a lo que establece el art. 67 de la Constitución de Chile (aprobada por el régimen de Pinochet y mantenida en treinta años de democracia), que establece que el “Congreso nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de ingresos; solo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de ley de presupuestos... No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la nación sin que se indiquen al mismo tiempo las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto”.

Con menos que esto, el Congreso argentino podría dar un fenomenal salto de calidad institucional. En vez de intentar insistir con la ley de “financiamiento” universitario, todo los gastos y todos los ingresos del Estado se deberían discutir simultáneamente en la ley de presupuesto.

Si el Congreso quiere subir el gasto universitario, tiene el instrumento apropiado para decidir qué otro gasto quiere bajar y/o qué impuesto quiere subir. Lo más lógico y eficiente es el concepto de caja única: todos lo ingresos y todos los egresos tratados en un único presupuesto, sin asignaciones específicas.

El Congreso retomaría su rol presupuestario de quién recibe los beneficios del gasto y quiénes se hacen cargo de financiarlos. Es el único camino posible para un país que ha destruido las dos instituciones que tiene el Estado para moverse con alguna flexibilidad: el crédito público y la moneda. Este es el camino para reconstruir ambas instituciones.

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