Un cadáver y pocas respuestas
La historia de dos investigaciones paralelas sobre la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman
Por Taos Turner y Reed Johnson
BUENOS AIRES- En las primeras horas del 19 de enero pasado, Sandra Arroyo Salgado recibió una llamada telefónica en su habitación del Hotel Saint Dominique en París. Era el guardaespaldas de Alberto Nisman, el fiscal más conocido de Argentina y el padre de sus dos hijas. El guardaespaldas le dijo que Nisman había sido encontrado muerto en su departamento con un disparo en la cabeza.
Todavía sacudida por el horror, Arroyo Salgado comenzó a llamar frenéticamente a funcionarios argentinos. Como jueza federal, sabía muy bien de qué manera las investigaciones judiciales podían echarse a perder. Quería impedir que la autopsia tuviera lugar antes de que ella volviera a Buenos Aires.
La jueza tenía buenos motivos para sospechar. Nisman, que había sido su pareja por años, tenía previsto presentarse pocas horas más tarde ante el Congreso argentino para acusar a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de conspirar para encubrir la presunta participación de Irán en el atentado de 1994 contra el centro comunitario judío AMIA, en el que murieron 85 personas. Nisman había recibido numerosas amenazas de muerte.
Arroyo Salgado no confiaba que las autoridades descubrieran qué había sucedido realmente y puso en marcha su propia investigación. "Yo necesito saber la verdad para darles una respuesta a mis hijas", dijo en una entrevista reciente.
Equipos de investigación rivales contribuyeron a transformar el caso en una novela policial que ha atrapado la atención del país. No han podido llegar a un acuerdo ni siquiera en hechos tan básicos como el momento de la muerte. Tampoco han dado respuesta a la pregunta más importante: ¿Nisman se suicidó o fue asesinado?
Arroyo Salgado no logró posponer la autopsia. El investigador principal del gobierno dijo casi de inmediato que el informe del examen post mortem había sido "categórico" al determinar que Nisman se había quitado la vida con una pistola prestada, una Bersa calibre 22. Dos pruebas, sin embargo, demostraron que no había rastros de pólvora en la mano con la que supuestamente el fiscal habría disparado el arma.
El equipo de Arroyo Salgado no aceptó el escenario de un suicidio. En un informe de 93 páginas afirmó que Nisman fue asesinado por un disparo efectuado desde atrás mientras estaba apoyado con una rodilla en el piso de la bañera. El informe, al que tuvo acceso The Wall Street Journal, dice que las pruebas químicas mostraron que alguien pudo haber lavado sangre de un grifo cerca del cadáver, aunque una prueba similar, realizada posteriormente por el equipo judicial a cargo de la investigación, planteó dudas al respecto.
Arroyo Salgado dice que las autoridades no permitieron que su equipo tomara pruebas de sangre en otras partes de la escena del crimen o que analizara la pistola que lo mató. También afirma que las autoridades arruinaron el caso desde el principio al permitir que decenas de personas, incluyendo periodistas y el Secretario de Seguridad del gobierno nacional, contaminaran la escena caminando por todas partes sin equipo de protección. En un momento dado, agrega, hasta la angustiada madre de Nisman pidió que le dejaran lavar unos platos para ordenar un poco la casa.
Casi cuatro meses después de la muerte de Nisman a los 51 años, aún hay más preguntas que respuestas. Las encuestas muestran que la mayoría de los argentinos opina que fue asesinado, pero pocos creen que el caso será resuelto.
La reacción del público ha pasado de la conmoción y la indignación por la muerte de Nisman al rechazo cínico del sistema judicial. Los tribunales argentinos están politizados desde hace mucho tiempo, pero bajo la presidencia de Cristina Kirchner se han convertido en un polarizado campo de batalla. Los críticos de la mandataria la acusan de haber llenado juzgados y fiscalías con funcionarios leales al gobierno. La presidenta, que debe dejar su cargo en diciembre, ha dicho que el Poder Judicial necesita ser purgado de intereses creados.
El mes pasado, un fiscal archivó la investigación sobre las acusaciones de Nisman, según las cuales la presidenta había conspirado para encubrir el presunto rol de Irán en el atentado de 1994, el peor ataque antisemita desde la Segunda Guerra. El fiscal, Javier De Luca, es miembro de Justicia Legítima, una agrupación de abogados y jueces favorables al kirchnerismo.
De Luca tomó su decisión —que él dijo que se basó estrictamente en la ley— pese a que otros dos fiscales y un juez pidieron que se abriera una investigación formal. Expertos jurídicos dicen que, salvo una apelación sin precedentes ante la Corte Suprema, su medida probablemente significa el fin del camino para las acusaciones de Nisman.
La pesquisa sobre su muerte, sin embargo, continúa. Una junta de expertos designada por la fiscal a cargo de la investigación evalúa teorías de asesinato o suicidio y trata de zanjar el asunto de una vez por todas.
Las raíces de esta historia se remontan a una mañana de julio de 1994, cuando alguien estacionó una furgoneta Renault frente a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y detonó la bomba, destruyendo el centro comunitario de seis pisos. La investigación se prolongó por una década. En 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner puso a cargo de la investigación a Nisman, descendiente de sobrevivientes y víctimas del Holocausto.
Nisman construyó un caso según el cual agentes de Hezbolá en complot con Irán fueron responsables del atentado. Argentina fue elegida, concluyó, porque era un objetivo "blando" con una gran comunidad judía.
En 2006, Nisman y otro fiscal presentaron cargos formales contra el ex presidente de Irán, Akbar Hashemi Rafsanjani, cuatro altos ministros y tres funcionarios de la embajada iraní en Argentina. Irán ha negado su responsabilidad, al igual que Hezbolá.
Nisman también se convenció —aunque no lo dijo en público durante muchos meses— de que Cristina Fernández de Kirchner comandó el supuesto encubrimiento del rol de Irán en el atentado como parte de un acuerdo comercial de granos y carne por petróleo, que nunca se materializó, con el régimen revolucionario islámico.
Para entonces se había iniciado una campaña para cambiar la estructura del poder judicial del país. Justicia Legítima considera que los tribunales son demasiado serviles a un establishment conservador opuesto a la agenda legislativa de la presidenta. Alrededor de 30% de los fiscales del país y entre 10% y 15% de sus jueces son miembros de la organización o simpatizan con ella, según la presidenta de la agrupación, la jueza María Laura Garrigós.
Fernández de Kirchner impulsó un proyecto de ley para reformar el Consejo de la Magistratura para facilitar la designación y destitución de jueces. La Corte Suprema anuló una de las leyes promovidas por el gobierno como una violación a la independencia del poder judicial. Aun así, Argentina se encuentra en el puesto número 127 entre 144 países en la clasificación del Foro Económico Mundial sobre independencia de la Justicia.
El 14 de enero pasado, Nisman hizo pública su acusación al presentar una denuncia penal contra Fernández de Kirchner, su ministro de Relaciones Exteriores y otros por obstrucción a la justicia.
El fiscal dijo que miles de escuchas telefónicas que involucraban a allegados de la presidenta y a un sospechoso del atentado la implicaban en la maniobra de encubrimiento. El motivo del gobierno, afirmó, fue alinearse con países que se resisten al poder de Estados Unidos, como Venezuela e Irán, y obtener acceso al petróleo iraní.
El gobierno negó enfáticamente las acusaciones. El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, dijo en una entrevista que creía que Irán era responsable del atentando, pero que no había habido un encubrimiento.
Cuatro días después de que Nisman diera a conocer su denuncia, en la noche previa a su presentación ante el Congreso, su cuerpo fue hallado en un charco de sangre en el baño de su departamento, con la pistola Bersa cerca de él.
Al principio, Fernández de Kirchner se hizo eco de la sugerencia de la principal investigadora de la muerte según la cual Nisman se había quitado la vida. Tres días más tarde cambió de parecer y escribió en su página de Facebook que pensaba que el fiscal Nisman había sido asesinado en un complot para desacreditar a su gobierno.
La fiscal a cargo de la investigación, Viviana Fein, dio marcha atrás a su sugerencia de un suicidio y dijo que estaba abierta a todas las hipótesis. Fein ha realizado pocas declaraciones en público últimamente, aparte de defenderse de las acusaciones de incompetencia y mendacidad de parte de Arroyo Salgado. Fein no quiso hacer comentarios para este artículo, al igual que De Luca y la presidenta Fernández de Kirchner.
La ley argentina le permitió a Arroyo Salgado, una mujer enérgica que vivió con Nisman durante 17 años hasta su separación en 2011, iniciar su propia investigación en nombre de sus hijas. Esta pesquisa no tiene peso legal, pero puede hacer sugerencias no vinculantes a la investigadora oficial. "Desde el momento mismo que me enteré que Alberto estaba muerto, nunca jamás [pensé] que él podría haberse suicidado. Era una persona que se cuidaba muchísimo en su salud (…) y además era una persona con un perfil narcisista".
"Estamos en esta situación porque desde el día mismo en que se encontró a Alberto muerto se hicieron las cosas mal, de forma irregular", afirmó Arroyo Salgado. "Los investigadores no trabajaron planteándose la peor de las hipótesis, que es el homicidio".
En el polarizado ambiente político de Argentina, las motivaciones de Arroyo Salgado han quedado también bajo la lupa. El legislador kirchnerista Carlos Kunkel dijo que ella hacía su propia investigación para poder recibir dinero del seguro para sus hijas, una acusación que la jueza califica de "lamentable".
El informe sostiene que la ausencia de pólvora en los dedos de Nisman, más las inusuales manchas de sangre halladas en su mano, su ropa y el baño, indican que fue asesinado y que su cuerpo fue movido antes de la llegada de los investigadores.
"No tengo dudas de que esto fue un homicidio, pero no porque sea caprichosa (...) porque los dos médicos legistas (…) me dijeron: ‘Doctora esto fue un homicidio’", dijo Arroyo Salgado.
La jueza también ha planteado interrogantes sobre la conducta de los investigadores oficiales (la ley argentina le permite acceder al expediente), que según señala aún no han terminado de examinar las computadoras y celulares de Nisman para determinar a quién contactó o qué ocupaba su mente en los momentos previos a su muerte. Tampoco han visto las grabaciones de las cámaras de video del edificio, que podrían mostrar quién lo visitó en sus últimas horas, agregó. "Lo que yo en un inicio consideré desatenciones o errores a esta altura (…) ya no creo que sean meras desatenciones", dijo Arroyo Salgado.
La fiscal Fein, investigadora oficial del caso, ha dicho que su único interés es determinar la verdad.
El gobierno de Fernández de Kirchner ha trabajado para socavar la imagen del Nisman, publicando anuncios en medios de Argentina y del extranjero en los que lo acusaba de tratar de desestabilizar el país.
En marzo aparecieron unas fotos en Internet —que se cree provinieron del teléfono celular de Nisman— mostrándolo de vacaciones en Cancún con una amiga y retozando en una fiesta con otras mujeres jóvenes ligeras de ropas y blandiendo juguetes sexuales. El jefe de gabinete de Kirchner calificó al fiscal muerto de "sinvergüenza" y dijo que había dilapidado dinero de los contribuyentes para disfrutar de un estilo de vida libertino.
"Se dicen muchísimas cosas para desprestigiarlo, como si cuestiones de su vida personal le restaran seriedad a su trabajo", dice la jueza. Arroyo Salgado dice que ella y sus hijas han estado viviendo con miedo, y que ha estado oyendo ruidos extraños en su casa, donde instaló 11 cámaras de video. "La chiquita no duerme más sola".
La jueza afirma que va a seguir su investigación todo el tiempo que sea necesario. Sus expertos forenses están preparando informes adicionales y una presentación en video que detalla cómo creen que Nisman pudo ser asesinado.
En el funeral de Nisman, su ex esposa leyó unas emotivas cartas escritas para él por sus hijas. El rabino que ofició la ceremonia dijo que ninguno de los presentes creía que el fiscal se haya suicidado, lo que la tradición judía considera como una ofensa contra el carácter sagrado de la vida.
En el cementerio judío de La Tablada, provincia de Buenos Aires, el cuerpo de Nisman yace ahora a unos pocos metros de las víctimas del atentado de 1994.
María Eugenia Duffard contribuyó a este artículo.
Por Taos Turner y Reed Johnson
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