Un proyecto de Sturzenegger se mete en la relación con EE. UU. y reaviva una pelea entre laboratorios

En medio de las conversaciones que el Gobierno tiene con la Casa Blanca por el acuerdo con el FMI y los aranceles que Donald Trump pretende aplicar para las importaciones, apareció un borrador que será seguramente parte del temario bilateral y que reaviva viejas tensiones en la industria farmacéutica.

Lo redactó Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, y permanece todavía en un cajón, a consideración de su par de Salud, Mario Lugones: es un proyecto de decreto que se propone derogar una resolución de 2012 que limita las patentes de los medicamentos, un tema sensible para los Estados Unidos que, además, divide desde hace años a los laboratorios nacionales de los internacionales.

Las multinacionales nunca estuvieron tan cerca en la última década de desentenderse de lo que consideran el peor escollo de la legislación argentina para su negocio: una extensa resolución conjunta que firmaron en su momento los ministerios a cargo de Juan Manzur (Salud) y Débora Giorgi (Industria) y el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, entonces conducido por Mario Aramburu, y que establece “Criterios de patentabilidad” para el sector. Aquella normativa condiciona en los hechos la Ley de Patentes, que les da a las farmacéuticas que presenten productos nuevos el derecho de una licencia de fabricación exclusiva durante 20 años.

La resolución en cuestión es restrictiva y, con la excepción de Venezuela, única en la región. En general, en la mayoría de los 76 países que tienen legislación de resguardo de propiedad intelectual para esta industria, las objeciones a las patentes se hacen después de que éstas son emitidas. En la Argentina, en cambio, la norma en cuestión permite que ni siquiera sean aprobadas. “Somos pioneros en eso”, admiten en los laboratorios nacionales.

La resolución de Manzur y Giorgi se propuso fijar pautas para evitar fraudes. Que, por ejemplo, se simulen nuevas invenciones y se logre, con el pretexto del resguardo de la propiedad, extender unos años una patente ya emitida, un supuesto ardid del que se quejan las empresas argentinas. Esta práctica es posible porque un medicamento puede ser patentado desde múltiples aspectos que van desde el principio activo hasta el método de producción, la fórmula, el modo de uso o la combinación con otros químicos. El universo de la medicina llama a este tipo de deslealtades con un término específico, Evergreening, algo así como el reverdecer eterno de una patente.

Aquella resolución que ahora se discute limitó entonces significativamente las licencias. Tanto que Caeme, la cámara que nuclea a los laboratorios internacionales, fue a la Justicia tiempo después. Desde 2012, cuando salió publicado el texto, se presentaron 3199 pedidos de patentes y se rechazó la mayoría: exactamente 1880, casi el 60%, de los cuales 64 intentaron revocar la decisión por la vía judicial.

“Que hayan sido tan pocas judicializadas indica que estaban bien rechazas”, argumentan en la industria nacional. La normativa de Manzur y Débora Giorgi provocó entonces un antes y un después incluso dentro del mismo gobierno de Cristina Kirchner: mientras en el lapso 2006-2011 se aprobó un promedio de 185 patentes por año, entre 2012 y 2015 la cifra cayó a 56, casi un 70%. En Caeme dicen que eso facilitó las copias y que impidió además la innovación no tanto de los laboratorios grandes como de las startups biológicas, empresas que han cobrado en los últimos años una vital relevancia en el mundo.

La discusión recrudece ahora por el borrador de Sturzenegger. Cilfa, la cámara que integran las empresas argentinas, había empezado ya a intuir el nuevo contexto durante el verano, pero se terminó de convencer cuando vio publicada una presentación de la Asociación Argentina de Agentes de Propiedad Industrial (AAAPI) en “Reportá la burocracia”, el sitio que el Ministerio de Desregulación puso en consideración de empresas y usuarios que se vean perjudicados por los enredos de la administración y la legislación estatal. Ahí, la AAAPI pide directamente la derogación de la referida resolución.

Cilfa le envió entonces una carta al propio Sturzenegger el 6 de marzo, defendiendo la norma de 2012. “Las pautas de patentabilidad han sido una herramienta eficaz para prevenir la ilegítima concesión de las denominadas patentes secundarias o evergreening, cuyos objetivos son prolongar artificialmente los monopolios legales de las patentes más allá de los 20 años previstos en nuestra legislación”, dice el texto, que agrega: “Se trata de una política exitosa que protege la verdadera innovación mientras promueve la competencia y previenen prácticas abusivas”.

En el Ministerio de Salud dijeron a LA NACION que el borrador de Sturzenegger estaba bajo análisis, pero no agregaron mucho más. En la propia cartera ya les habían anticipado en su momento a interlocutores del sector que no le veían demasiado futuro. Pero Sturzenegger tiene un rol relevante en el Gobierno y viene trabajando en el tema desde la campaña.

Hay, incluso, ejecutivos que han recibido un video casero del ministro en persona durante recorridas por farmacias en las que les advierte que, por ejemplo, el Omeprazol elaborado en el país tiene ocho veces el precio del original que se vende en el mismo local. “Les tendría que dar vergüenza lo que hacen”, les dice. Su decreto no nato cita diferencias con el resto del mundo: los medicamentos argentinos, compara, son hasta 617% más caros que en Chile, hasta 797% más que en Estados Unidos y hasta 1061% más que en España.

En Cilfa relativizan esos cálculos. Muestran en cambio un trabajo del economista Santiago Urbiztondo, de FIEL, que afirma que, si bien si se considera lo que venden todas las farmacias de cada país, la Argentina tiene los precios más caros de la región, si se toma en cambio una canasta común de consumo habitual en todo el continente, modo que juzga más adecuado para medirlo, el país está en un nivel de precios “intermedio”.

La iniciativa quedó ahora en el ámbito de Lugones, que tenía prevista una reunión este martes con la cámara de laboratorios internacionales que, finalmente, suspendió para la semana próxima. Es indudable que la cuestión se trasladará a las conversaciones que tienen la Argentina y Estados Unidos. Los ejecutivos de Caeme no solo ya pusieron en alerta a funcionarios de la embajada, sino que volverán a tener una reunión allí mañana, viernes. Consultados, prefieren no hacer comentarios, pero confirman que trabajarán en conjunto con AmCham, la cámara de comercio argentino-norteamericana en la Argentina.

El tema es históricamente de interés para la Casa Blanca. Este lunes, por ejemplo, la Oficina del Representante Comercial (USTR) publicó un reporte que anticipa que la Argentina ha vuelto a caer en la categoría que la hace estar en el Informe Especial 301, un documento anual que releva el estado de protección y aplicación de la propiedad intelectual para los socios comerciales de Estados Unidos y que se publicará a fines de abril.

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