Un artículo: la pelea detrás de un pedido del Gobierno que llevó la discusión por el FMI a un punto muerto

Las trabas a la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Congreso tienen en vilo a la Casa Rosada y al Palacio de Hacienda. Las tensiones surgen entre distintos actores, algunos de los cuales todavía no sentaron una posición definitiva, como los diputados de La Cámpora o los gobernadores, que se mantienen en silencio.

Juntos por el Cambio, por otro lado, dejó clara su postura: quiere votar el acuerdo de facilidades extendidas, pero no el plan económico (los términos del FMI para conceder los desembolsos de dólares y prorrogar los pagos del Estado argentino). Hoy continúan las reuniones en la Comisión de Presupuesto y de Hacienda. Gerardo Milman, diputado cercano a Patricia Bullrich, y Martín Tetaz, de la UCR, confirmaron que no asistirán. “Si él no va, no se si irán otros”, dijo Milman.

La mesa chica de la coalición opositora esgrimió que el acuerdo logrado con el Fondo es “malo para el país” y será una “bomba de tiempo” para quién asuma el Poder Ejecutivo en 2023. Las posiciones internas están divididas. Gerardo Morales, presidente de la UCR, plantea que sus dirigentes no avalarán el plan económico de Guzmán y quieren limitarse a aprobar el artículo primero del proyecto de ley, que es tan solo el acuerdo de pagos. También lo pidieron Patricia Bullrich y Elisa Carrió. Martín Lousteau, por su parte, opina que hay que dar un aval íntegro.

El problema es que hay una cláusula del acuerdo cerrado con los técnicos del Fondo que pide expresamente que el programa sea votado por el Congreso. Más allá de que el FMI reconoció que se trata de un requerimiento de la legislación argentina antes que del organismo, así figura en el texto sobre el que discuten los legisladores.

“El Acuerdo de Facilidades Extendidas (El Acuerdo) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se conforma por dos documentos: el “Memorándum de Políticas Económicas y Financieras” y el “Memorándum Técnico de Entendimiento”, que como Anexos forman parte integrante del proyecto de Ley que se somete a su consideración en un todo inescindible”, dice el documento.

Fuentes del Ministerio de Economía explicaron a LA NACION que es “imposible” que el acuerdo no se vote en el Congreso. Implicaría rever el documento, que tardó dos años y tres meses en concretarse, con el Fondo. La versión del oficialismo es que Juntos por el Cambio sabe de la inviabilidad de la modificación e insiste por “estrategia política”.

En las filas de la oposición dicen que el FMI no puede exigir un reordenamiento del sistema jurídico argentino. Se apoyan sobre un artículo de la Constitución Nacional que, según su interpretación, se estaría violando de esperar que el Congreso apruebe un plan económico.

“No tiene sentido lo que piden. Esperaban con ansias el programa plurianual que Alberto Fernández había anunciado que iba a mandar (que obviamente nunca lo hizo) y reclamaban que lo manden, pero ahora dicen que es inconstitucional votar un plan económico”, dijo un diputado del Frente de Todos a LA NACION.

Por su parte, Milman comentó que el Poder Ejecutivo debería aprobar el programa económico a través de un decreto, tras la votación favorable del acuerdo de facilidades extendidas por vía legislativa. Sin embargo, en el oficialismo insisten en que el board del Fondo no lo toleraría, y espera un aval del Congreso para hacer su propia aprobación.

“El acuerdo dice que tiene que pasar por el Congreso para que lo apruebe el Fondo, pero de acuerdo a lo que pide la ley argentina. El artículo 2 de la Ley de Sostenibilidad de la Deuda no dice nada respecto de los memorandos ni la política económica. Solo dice que cualquier acuerdo de refinanciación tiene que pasar por el Congreso. Lo que no vamos a votar de ninguna manera es la política económica del Gobierno. Es ridículo que esté puesta. El rol de la oposición no es estar de acuerdo”, dijo un diputado de la oposición que prefirió la reserva.

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